31 años de la ley Indígena, vigencia y desafíos

Domingo Namuncura

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Los pueblos indígenas en Chile, y en gran parte de América latina, transitan entre los tiempos de invisibilización, colonización y olvido, a veces en forma permanente, en otras con mejores resultados y normalmente con distancia o cercanía relativa con los poderes del Estado y ante la sensibilidad ciudadana. Así, este 5 de octubre se cumplen 31 años de la ley Indígena 19.253. Es la ley que más tiempo lleva vigente.

Recordemos unos datos. La idea de esta ley se conversó en el movimiento democrático indígena a mediados de los años '80, cuando los efectos del decreto 2.568 firmado por el dictador Pinochet en 1979, que causó enormes estragos en la propiedad de las tierras ancestrales mediante procesos expropiatorios, ventas ilegales o simplemente anexión fiscal compulsiva. Todo, por cierto, con una investidura legal y represiva bajo una dictadura. Surgió entonces la idea de un pacto político, el Pacto de Nueva Imperial, firmado por los partidos de oposición a Pinochet en 1989. Luego, siendo el primer Presidente de la restauración democrática don Patricio Aylwin, fue posible enviar al Congreso el proyecto de ley indígena que fue debatido por casi dos años, hasta que finalmente fue aprobado un 5 de octubre de 1993.

Como toda fórmula legal y luego de 31 años de existencia, hay resultados positivos, limitaciones y necesidades de fortalecimiento. En este nuevo aniversario digamos primero que ésta es la única y principal ley indígena que en 214 años de historia ha logrado sobrevivir tres décadas. Hubo una primera ley, en 1972, promulgada por el Presidente Allende (ley 17.729) que no alcanzó a sobrevivir un año pues, en la práctica, fue derogada de inmediato por Pinochet. De tal modo que la ley 19.253 cuyos 31 años conmemoramos este 5 de octubre es una de las principales conquistas de los pueblos indígenas y particularmente del pueblo mapuche.

Sería largo de enumerar en este breve artículo sus logros, pero señalemos algo esencial: Se trata de una ley que abrió nuevos caminos políticos, sociales y culturales para un encuentro de verdad entre la sociedad chilena, el Estado y sus instituciones con los indígenas. Pero esto no ha sido suficientemente acogido y cumplido.

De hecho, hasta hoy -octubre del 2024- ha sido complejo que los gobiernos democráticos comprendan que el desarrollo de una política pública indígena no es la suma de mejores inversiones fiscales para el desarrollo de diversos programas sociales. Y los gobiernos compiten por invertir más dinero que el anterior (porque la ley estableció un presupuesto de Estado), pero no ponen el acento en lo que es el espíritu esencial del texto, que es abordar y resolver las demandas históricas de reconocimiento constitucional y de sus derechos colectivos. Dos ejemplos nos dan una clara señal: Chile es una de las dos naciones en toda América latina que nunca ha reconocido constitucionalmente a los indígenas como pueblos y sujetos históricos y políticos. Y de igual forma, Chile es el único Estado en el continente que no confiere derechos de representación política a los pueblos indígenas. Tuvimos un gran logro en el 2020 con la ley de escaños reservados en la Convención Constitucional de aquella época. Fue muy resistido, pero finalmente se aprobó en el Congreso. Con la derrota del Apruebo en septiembre de 2022, esa idea ha sido guardada en un cajón por las instituciones del Estado, el gobierno y por los partidos políticos. Pero son ideas que mantienen vigencia y no renunciaremos a ellas.

Al conmemorarse 31 años de esta ley alentamos la posibilidad de que las fuerzas políticas progresistas, el Parlamento y el Gobierno se esfuercen de verdad por comprender la importancia de una democracia intercultural, uno de cuyos pilares es el reconocimiento efectivo de derechos indígenas que la sociedad chilena continúa negando o haciendo a un lado.