La conmemoración del 50 aniversario de la muerte del Presidente Allende y el derrumbe de la institucionalidad democrática, a través de la preparación y concreción de un cruento golpe de Estado y la instalación del régimen dictatorial, está creando agudas controversias y debates que indican que permanecen diferencias de fondo, insalvables, respecto de tales sucesos históricos.
Hasta la fecha, dado la cruenta y sistemática violación de los derechos humanos, hechos confirmados por la comunidad internacional en reiteradas ocasiones, así como corroborados por el Informe Rettig y el Informe Valech, en lo referente a las ejecuciones sumarias de centenares de personas detenidas durante y después del 11 de Septiembre de 1973, como también a miles de detenidos desaparecidos; y las torturas y tormentos sufridos por decenas de miles de hombres y mujeres en condición de presos políticos, víctimas de atroces vejaciones en instalaciones militares o policiales; se creía, superficialmente, que en el sistema político se compartía la voluntad de afirmar y establecer que por ninguna razón o circunstancias se justificaba un golpe militar.
Eso era la apariencia, pero la derecha política desnuda su esencia antidemocrática en las declaraciones del diputado Alessandri, quien señala con entera claridad y desparpajo: "yo justifico el golpe militar". Es decir, lo que creíamos y/o escuchábamos no era cierto. Desde un sector que representa intereses económicos determinantes aprueban el putsch y sus trágicas y dolorosas consecuencias.
Esa aseveración es inaceptable, el propio término "golpe militar" lo señala, se trata de un acto de fuerza ejecutado por las instituciones que disponen del monopolio de la fuerza para destituir violentamente al Mandatario que fue electo en votación universal y apropiarse por sus jerarquías castrenses del gobierno, desatando durante y después del golpe de Estado una acción terrorista con los recursos e instrumentos del Estado y de las mismas instituciones para favorecer los intereses de quienes les apoyan y perpetuarse en el poder.
Qué gran dolor para las familias de las víctimas y qué profunda decepción política cuando un sector justifica las atrocidades cometidas y lo hace con el tono necesario para indicar que pueden volver a hacerlo. Será posible que el inmenso quiebre vivido en Chile y sus secuelas que duran hasta hoy no hayan servido de nada, y que la derecha siga exactamente igual, atrapada en una visión ultraconservadora y totalitaria.
Esa afirmación en su crudo contenido viene a quebrar el necesario consenso para la estabilidad del país de que nada puede justificar que se recurra al golpe de Estado para resolver las diferencias políticas e ideológicas. En esa frase se proclama que un grupo de poder se considera con las facultades y derechos necesarios para propiciar el quiebre del orden constitucional si llega a estimarlo necesario. La frase de Alessandri puede ser un exabrupto, pero resulta ser completa y totalmente inaceptable.
Tantas veces se ha dicho, para la estabilidad democrática es fundamental que los actores políticos concurran con el mismo compromiso hacia el sistema democrático y no pensando en ventajas mezquinas de popularidad u otras contingencias. La derecha no puede pretender que se acepte que hagan público un criterio totalmente instrumental del sistema político y que podrán permitirse si así lo estiman, justificar un putsch castrense.
Qué lástima que los publicitados y repudiables hechos de irregularidades y denuncias de corrupción que llaman la atención del país en estos días no hayan permitido condenar en toda su gravedad tan lamentable y peligrosa afirmación.
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