A merced del crimen organizado

José Durana

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De acuerdo con las cifras oficiales emanadas de distintas fuentes, este 2024 va camino a convertirse en el año más violento desde que se tiene registro, con el mayor número de homicidios cometidos en el país, en una oleada de crimen organizado que tiene a todo el país a merced de las bandas criminales.

Un triste y lamentable récord del que el Estado, y particularmente el actual gobierno, no se están haciendo cargo, cuya inacción e impericia nos mantiene en una profunda crisis de la que no se avizora una pronta salida.

Frente a este complejo escenario, más allá de pasar factura por las evidentes responsabilidades que le caben a La Moneda en este rojo panorama, el llamado es que de una buena vez asuman la conducción del problema, y lideren una estrategia clara respecto a cómo enfrentar esta realidad, porque se han perdido valiosos dos años y medio en contrarrestar este flagelo, y hoy la delincuencia está desatada y varios pasos adelante del Estado, que como ha sido habitual en esta administración llega tarde y de forma reactiva.

Es tal la gravedad del problema, que debe ser el propio Presidente Boric quien lidere una estrategia clara, enviando una señal de que existe una firme voluntad política por derrotar al crimen organizado, con medidas vanguardistas y desideologizadas, que apunten integralmente a la prevención como a la sanción efectiva, terminando con la relativización de la violencia, como lo hizo el oficialismo cuando fue oposición, sobre todo en la forma que avalaron el estallido insurreccional de 2019.

Hasta ahora no se observa esa necesaria voluntad político, ausencia que queda reafirmada en el lento avance de las dos agendas fast track que impulsado el gobierno en el Congreso, donde no parece haber sentido de urgencia del Ejecutivo por lograr que se promulguen las leyes que forman parte de esas agendas.

Pero además, no todo se trata de impulsar leyes, ya que existen muchas medidas administrativas que puede desarrollar el Gobierno para mejorar la persecución delictual, partiendo por una mejorar coordinación entre los organismos del Estado en el territorio nacional y disponer de más y mejores recursos para fortalecer a las policías en las calles y a Gendarmería en el sistema penitenciario.

Como senador, este tema es para mí doblemente sensible. Primero, porque formo actualmente parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, instancia encargada de abordar estos temas, y segundo, porque represento a Arica y Parinacota, la región con mayores índices de delitos de alta connotación pública en el país, que además viene siendo gravemente afectada por la crisis de inmigración ilegal, que es parte del mismo problema, y que tampoco ha tenido una respuesta eficaz por parte del Estado y el gobierno.

Será precisamente en mi región, donde se realizará este jueves y viernes una sesión especial de la Comisión de Seguridad, como una señal de la inquietud y relevancia que tiene este asunto en la zona norte de Chile. La tarea no es sencilla y demorará un buen tiempo mostrar resultados positivos en el combate al crimen organizado. Por lo mismo, resulta imperioso comenzar ahora mismo a desplegar un esfuerzo conjunto por frenar este flagelo, en una primera etapa, y luego hacer retroceder la delincuencia, y comenzar a devolverle a los ciudadanos la tranquilidad y la paz que les ha sido arrebatada, al igual que sus derechos fundamentales que les han sido vulnerados en un flagrante incumplimiento del Estado, que es el encargado de resguardarlos.