Aborto: se reanuda el debate

La presentación del proyecto de ley que establece la licitud de procedimientos de interrupción del embarazo en casos determinados, de los Senadores José Antonio Gómez, Isabel Allende y Fulvio Rossi, viene a permitir reanudar el debate legislativo que hace un año en el Senado se frustró.

Esta iniciativa posibilita al Parlamento saldar la deuda que desde hace décadas mantiene con las mujeres chilenas, a quienes se relega a una ciudadanía de segunda clase.

Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho se prive a la mitad de la población (las mujeres) de un derecho fundamental como es el de decidir autónomamente y en base a sus propias convicciones frente a un embarazo que pone en riesgo su vida o su salud, que es resultado de una violación, o si se trata de una criatura inviable.

En situaciones tan dramáticas como éstas a las mujeres se les impide decidir.Simplemente el Estado obliga a llevar a término el embarazo, bajo la amenaza del castigo penal. Sin considerar el sufrimiento de las mujeres se impone un embarazo forzado, lo que a juicio de organismos internacionales no es otra cosa que una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, cometido por agentes estatales, que causa graves daños a las mujeres.

Por décadas las autoridades han eludido un debate fundamental, manteniendo vigentes normas heredadas de la Dictadura Militar que conculcan los derechos de las mujeres. Aun antes de que fuera reconocido el derecho a voto, las mujeres chilenas tenían derecho al aborto terapéutico, hasta que en 1989 las autoridades militares que gobernaban el país, en alianza con la jerarquía eclesiástica, lo derogaron.

De allí la importancia de la propuesta que han presentado los senadores Gómez, Rossi e Isabel Allende, para permitir que las mujeres puedan decidir si interrumpen o llevan a término un embarazo si arriesga su vida o salud física o mental, si es producto de una violación o técnica de reproducción asistida no consentida, o si la criatura es inviable.

Al cumplirse un año (el 4 de abril próximo) desde que en el Senado no se alcanzara la mayoría parlamentaria suficiente para debatir sobre despenalización del aborto en determinadas situaciones y fueran archivadas las mociones al respecto, es urgente reanudar el debate.

La ciudadanía demanda reformas legales que protejan los derechos de las mujeres. Más del 70% de las chilenas apoya una ley sobre aborto terapéutico, el 70% en caso de malformaciones graves y el 60% en caso de violación (Octava Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011 de Corporación Humanas). Además, desde 1999 diversos organismos internacionales le han reprochado al Estado de Chile la vigencia de leyes que impiden garantizar los derechos de las mujeres, recomendándole su pronta modificación.

En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias resulta clave que quienes aspiran a dirigir el país expresen su compromiso con los derechos de las mujeres. El Parlamento debe responder a las demandas ciudadanas y las autoridades asegurar que se cumplan las obligaciones internacionales.

Es urgente avanzar en la discusión y aprobación de leyes que reconozcan a las mujeres como sujetas de derechos, pero para ello, legisladores y legisladoras deben representar los intereses de la ciudadanía y no priorizar –como lo han hecho anteriormente- sus creencias personales de carácter moral o religioso.