Acabose

Manuel Riesco

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La situación política generada tras la aprobación casi unánime de la reforma mal llamada "de pensiones", en realidad un gravísimo atentado contra el pueblo trabajador, eleva a primer plano la necesidad imperiosa de levantar y apoyar ahora una candidatura presidencial, que proponga al pueblo trabajador, que ha irrumpido en el espacio político desde el 18–O, la propuesta de acabar los grandes abusos originados el 11 de septiembre de 1973. Con la determinación del Presidente Salvador Allende.

Lamentablemente, ninguno de los gobiernos democráticos posteriores ha intentado siquiera proponerlo. Por mucho que pueden exhibir otros logros. Por el contrario, han consolidado y agravado los mayores abusos, al buscar el acuerdo con los grandes abusadores en vez de enfrentarlos con autoridad para terminarlos.

Hasta el acabose, como demuestra el acuerdo alcanzado en la reforma referida. Esto agrava en más de una vez y media uno de los mayores abusos. Y el principal mecanismo de superexplotación del pueblo trabajador, ideado por José Piñera e impuesto a la civilidad por Pinochet.

Consiste en escamotear las contribuciones salariales destinadas a las pensiones de sus mayores, y desviarlas forzosamente a financiar negocios de grandes empresarios. Principalmente, los cuatro grupos pinochetistas que controlan el sistema AFP desde sus compañías de seguros y se han hecho multimillonarios en dólares a costa del pueblo trabajador jubilado.

Porque digamos las cosas cómo son. Esta infame reforma eleva de 13 a 20 por ciento el descuento a los salarios imponibles, que en su mayor parte (84%) es desviado al ahorro forzoso. Cada punto descontado a los salarios imponibles equivale a mil millones de dólares anuales, por lo cual la reforma descuenta a los salarios del pueblo trabajador siete mil millones de dólares por año, encima de los trece mil que ya les viene escamoteando. A cambio de míseras mejoras en pensiones cuyo costo equivale a menos del dos por ciento de los salarios y son íntegramente de costo fiscal. De pasada posterga, en los hechos, en cinco años la edad de jubilación de las mujeres.

La primera medida del programa de gobierno de la candidatura presidencial referida, debe ser acabar de raíz con este abuso. Recuperando las contribuciones previsionales para el único objeto que deben tener y del cual jamás debieron ser desviadas: pagar sobre la marcha pensiones dignas al pueblo trabajador jubilado. Su nivel actual es y siempre ha sido más que suficiente para ello, puesto que permite duplicar su monto sin subsidio fiscal alguno.

Estos grandes abusos han causado la crisis política nacional en que el país se debate desde el 18-O y con esto se agrava al extremo. Una candidatura presidencial con la propuesta clara y categórica de acabarlos, es un camino democrático para superarla.

También para evitar el peligro bien real, de que la hez de la sociedad alcance el poder prometiendo aserrarlo de raíz. Se trata así de una candidatura de carácter nacional, puesto que la falta de una autoridad legítima torna la vida insoportable para la ciudadanía toda.

Ojalá dicha candidatura pudiera surgir de alguno de los partidos populares históricos. Estos supieron conducir brillantemente las dos grandes irrupciones masivas en política del pueblo del siglo pasado. Y con su apoyo lograron realizar las reformas en su momento necesarias. En aras de su lealtad estuvieron dispuestos entonces a inmolar sus vidas, como hizo el Presidente Allende y miles de otras personas, cuyo honor y gloria Chile venerará para siempre.

Lamentablemente, la participación de estos partidos en los gobiernos democráticos posteriores, melló su carácter revolucionario que les permitió alcanzar entonces la conducción del pueblo volcado en el espacio político. Ello les impidió hacerlo en su nueva irrupción desplegada el 18–O. Las nóveles fuerzas políticas que alcanzaron el poder en su estela, por su parte, abdicaron asimismo de su carácter revolucionario y, si bien impulsaron el Apruebo y votaron En Contra en los plebiscitos constitucionales, desde el primer momento en el gobierno imitaron el comportamiento de sus predecesores.

Nadie niega la crisis política nacional que hoy atraviesa Chile. Todas las autoridades democráticas han perdido su legitimidad en mayor o menor medida. Afecta a todos los partidos que han gobernado en este período. Las candidaturas independientes suman hoy votaciones iguales o mayores que las principales coaliciones de partidos. Ello afecta ciertamente al centro, algunos de cuyos respetables partidos se han desintegrado. Pero también a la derecha, donde un candidato que no conoce nadie, pero que se presenta por fuera del sistema, aparece empatado con la candidatura del conjunto de sus partidos tradicionales. Afecta y afectará principalmente a la coalición de gobierno, sencillamente porque el generalizado sentimiento de rechazo popular se manifiesta principalmente contra la principal autoridad.

La crisis política nacional ha deteriorado la vida social en todos sus aspectos. También la interacción de la sociedad con la naturaleza. La vida cotidiana se torna insoportable para el pueblo trabajador y también para los de arriba. Nada puede progresar en orden y en paz sin una autoridad política legítima.

La crisis política nacional debe resolverse ahora. Esa es la gran tarea y el principal desafío que enfrenta hoy Chile. Todo lo demás se subordina a la imperiosa necesidad de restablecer la legitimidad de la autoridad política.

Como enseña la ciencia política (Maquiavelo, EL Príncipe, Cap IX) y ha comprobado la riquísima historia revolucionaria y democrática del pueblo de Chile a lo largo de un siglo, el único camino para relegitimar la autoridad política y evitar la hecatombe es realizar las reformas necesarias largamente postergadas (Alessandri Palma, 1924). Acabar con los grandes abusos, enfrentando y sometiendo con decisión a los poderosos intereses que los pretenden perpetuar.

Para encauzar la energía popular desplegada es indispensable una conducción política avanzada y democrática, que se comprometa a realizar las reformas necesarias. Lo que se conoce como una fuerza revolucionaria. Lamentablemente, en la irrupción popular presente, ninguna fuerza política existente está en condiciones de hacerlo. Generar de inmediato esa fuerza política, social y de masas es un camino, realista y acorde con la riquísima tradición democrática chilena.

Debe ser una fuerza política revolucionaria y democrática que, creada desde fuera del sistema político actual, condición para ganar la confianza del pueblo, logre hegemonía sobre la amplia coalición que votó sucesivamente Apruebo y En Contra en los plebiscitos constitucionales recientes, y lidere al conjunto del sistema político democrático para abrir paso a las reformas necesarias. Por medios legales, democráticos y pacíficos, como es honrosa tradición en Chile.

Esa fuerza política no necesita ser un nuevo partido. Bien puede ser en cambio una candidatura presidencial que logre ganar la confianza del pueblo movilizado. Así lo han entendido dirigentes y fuerzas políticas que vienen proponiendo levantar una candidatura con estas características. El calendario electoral que se abre en los meses venideros ofrece la vía por la cual esta solución puede cursar.