Acuerdo Nacional por la Seguridad ¿nuevo vino en viejas botellas?

El día de hoy el gobierno dio a conocer las 150 medidas recomendadas por el grupo de expertos y actores institucionales que conformó el Presidente Piñera para señalar la agenda en uno de los temas principales de su gestión, la seguridad ciudadana.

Sin duda el trabajo ha sido extenso y serio. El informe presenta una sistematización de los principales aprendizajes de los últimos años así como una reiteración de las iniciativas que los expertos coinciden deberían realizarse.

Es un importante aporte a la definición de una hoja de ruta en la temática. Sin embargo, se incluyen una serie de medidas, estudios e iniciativas que son redundantes con lo realizado, están ya en funcionamiento o directamente aportarían poco al objetivo principal que debería ser aumentar la efectividad y eficiencia del trabajo institucional así como disminuir la ansiedad ciudadana sobre el crimen.

Para aquellos que trabajamos los temas de seguridad, las novedades son pocas. No obstante es preciso reconocer que el gobierno de Piñera avanza en temas claves como expresar que se realizaran cambios en las leyes orgánicas de ambas policías, se aumentaran los niveles de transparencia, se dotará de capacidades de acción a los alcaldes, se consolidaran mejores sistemas de auditoria permanente, y se mejorará el registro y fiscalización de armas. 

El principal elemento que se extraña en todo el documento es una mención mucho más explicita al control civil sobre las tareas policiales. Si bien de las 65 medidas destinadas a las policías muchas tienen que ver con la urgente disminución de espacios de discrecionalidad y autonomía que llevaron a la consolidación de hechos criminales vinculados con estafas, fraudes y robos, la mayoría aún recae en el autogobierno policial. 

Es aún limitado solicitar informes, presentaciones, documentos y revisiones por parte de las policías hacia el ministerio del Interior o el Congreso. Eso se viene haciendo y no evitó el desarrollo de la “Operación Huracán” o la consolidación de una verdadera organización criminal que lleva ya más de 28 mil millones de pesos en su cuenta. 

Se requiere dejar mucho más claro como se potenciarán los equipos civiles con experiencia en la temática hoy prácticamente ausentes en el Ministerio encargado de las policías.

Tampoco es suficiente abrir espacios para contratar profesionales que entran a formar parte de las instituciones policiales para fortalecer áreas de gestión y administración.

Hay que ser claros, la gestión y administración policial debe recaer en personal civil que con conocimiento, seriedad y sin ser parte de la jerarquía institucional, puede aportar en la toma de decisiones sobre compras, licitaciones y necesidades.

Las medidas propuestas están aún en titulares y se espera que una de las múltiples comisiones que el documento propone, sea la encargada de darle contenido, cronograma y modos de verificación.

Lo que se entrega es una hoja de ruta, pero como sabemos el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, por lo que se requieren señales claras de cómo y cuándo se evidenciarán los cambios propuestos.

Llama la atención algunas otras ausencias. Por un lado, la regulación efectiva de la seguridad privada y la necesidad de generar un espacio civil dedicado a la materia.

Hay un proyecto de Ley esperando hace casi una década su tramitación y para todos es evidente que la forma como se administra hoy el asunto permite amplios espacios de discrecionalidad, cuando no opacidad.

Por otro lado, la evaluación del funcionamiento de los fondos comunales no ha sido positiva, por el contrario ha evidenciado bajo impacto, alta politización y profundos desafíos.

En vez de reconocer que los programas de prevención del delito han cumplido una etapa y requieren un rediseño mayor donde los alcaldes puedan jugar un rol principal, el documento propone continuar con lo mismo pero sumando más financiamiento.

Finalmente, los miembros de la comisión pierden la oportunidad de al menos delinear la necesidad de revisar la organización policial de Carabineros.

La diferencia entre oficiales y suboficiales, entre líderes y tropa, no parece ser la forma más moderna de enfrentar los problemas del futuro.

No estamos proponiendo el fin de las jerarquías institucionales sino más bien permitir que los miles de carabineros que realizan labores de patrullaje y vinculación con la ciudadanía puedan ser algún día miembros de los altos mandos.

La diferencia hoy entre oficiales y suboficiales no refleja el país que queremos construir sino una división arbitraria y formalista sino más bien en cercanías, oportunidades e incluso redes familiares.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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