Acuerdos (y algunas discusiones pendientes) para la descentralización del país

Con gran entusiasmo, al menos para quienes abogan por la descentralización de Chile, se ha recibido la síntesis del estado de avance de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, al 19 de agosto.(1)

Como es sabido, esta Comisión está elaborando una propuesta, con hoja de ruta incluida, para descentralizar el país. Para ella, reúne a un connotado grupo de especialistas, líderes, académicos y políticos en la temática.

Uno de los primeros consensos logrados es la separación de las funciones de gobierno interior y ejecutivo del Gobierno Regional (GORE), que hasta hoy recae en el Intendente.

Las primeras serían asignadas a un Delegado del Gobierno Nacional a nivel provincial, escogido por el ejecutivo, mientras que las segundas serían entregadas a una autoridad (llámese Intendente o Presidente Regional), electo de manera democrática por la ciudadanía.

De concretarse se cumpliría con un gran anhelo: el responsable del desarrollo de la región sería electo por la misma región, sin dependencia de Santiago, mientras que el responsable del orden público y la supervigilancia de que la administración se realice acorde a las normas nacionales, sería designado por la Presidencia de la República. Un gran paso en favor de la descentralización política del país, que se complementa con la pasada elección directa de los Consejeros Regionales.

La generación de una Ley de Rentas Regionales es otro consenso de relevancia. Muchas veces escuchamos cómo las municipalidades y GORES se quejan, con justa razón, de sus disminuidas arcas. Desde luego las necesidades son siempre superiores a los recursos disponibles, pero no estamos precisamente en un país que carezca de éstos.

De acuerdo a las últimas ejecuciones presupuestarias, el gasto descentralizado (la proporción del gasto público nacional que es decidido por municipalidades y GORES), ronda el 15%.

Es decir, la gran mayoría del presupuesto nacional se decide desde Santiago.Esto ubica a Chile como el país fiscalmente más centralizado de Sudamérica, región por naturaleza centralista. Comparándonos con la OCDE, sólo nos supera Grecia, Portugal y Luxemburgo.Las superficies de estos son similares a las regiones de Magallanes, Aysén y a la provincia de Valparaíso, respectivamente. Ello nos puede dar una idea de por qué la descentralización fiscal no debe ser un tema prioritario en sus agendas.

De este 15%, la gran mayoría de los recursos provienen del mundo municipal, que sí cuenta con una normativa de rentas locales (aunque requiere de una revisión urgente).

En cambio, los gobiernos regionales dependen casi exclusivamente de transferencias del gobierno central (especialmente a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR), cuyos montos son decididos año a año en el Barrio Cívico de la capital.

El objetivo acordado por la Comisión es elevar el gasto descentralizado hasta el 35% de acá a 2020. En este contexto, qué duda cabe de la necesidad de avanzar en ello. Si bien es un titular en extremo llamativo, será interesante seguir la discusión del área chica, que es donde se definirá el partido.

Por lo visto, parte del aumento de recursos regionales será por un aumento del FNDR, mientras que otra parte importante sería por un aumento en la recaudación tributaria que impactaría a la industria extractiva y de alto impacto medioambiental. La disyuntiva acá es ¿queremos optar por una redistribución de los tributos ya existentes o se pretende generan impuestos nuevos?

Sin duda estamos hablando de una nueva reforma tributaria, pero de escoger el segundo camino su viabilidad se avizora, al menos, pedregosa. Pareciera no ser el momento (en pleno y álgido debate de la reforma tributaria ya en discusión) ni el modo,en aras de la gradualidad del proceso de descentralización y de la responsabilidad fiscal del país, se sugeriría primero testear el rendimiento de la redistribución territorial de tributos, lo que generaría de por sí grandes ingresos regionales, antes de avanzar en reformas más osadas.

A ello se agrega el tema de fondo: el modelo de ‘desarrollo país’ que queremos, lo que como hemos visto en torno a la reforma tributaria, es objeto de largo debate y escuálidos acuerdos que seguramente irán en desmedro de la celeridad de una reforma en beneficio fiscal de las regiones.

Independiente qué camino se siga se debe sumar un tema que la Comisión discute aún sin consenso, el fondo de convergencia regional. Éste resulta indispensable si las regiones recibirán ingresos de acuerdo a sus capacidades productivas que, como sabemos, difieren enormemente.

De no existir un fondo de convergencia eficaz, al cabo de poco tiempo tendríamos en Chile regiones con ingresos comparables con las naciones más ricas del orbe, mientras que otras similares a países en extremo empobrecidos.

Existen otros varios temas de gran relevancia que en este resumen de avance no son tocados, entre ellos la urgente revisión de la división político administrativa; la relación vinculante multinivel (local-regional-nacional); el impulso a la planificación territorial, de la que sólo nos acordamos después de catástrofes lamentables y, entre otros, los incentivos a la descentralización fiscal al interior de comunas y regiones, para que no se siga replicando el centralismo del país a nivel subnacional.

Es de esperar que estos y otros asuntos de relevancia sean acordados en el documento final, que se publicaría en octubre. Es de esperar que éste, a diferencia de algunos proyectos de ley y propuestas formales del pasado, no quede sólo en el papel.

(1)http://descentralizacion.cl/?wpfb_dl=47.

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