Avances penitenciarios con seriedad
La sobrepoblación que registra nuestro sistema penitenciario -que en algunos casos ha devenido en hacinamiento- requiere que la abordemos con premura, seriedad, sin populismo y con rigor técnico.
El plan maestro de infraestructura penitenciaria que ha anunciado el Presidente de la República considera el trabajo iniciado en otras administraciones, el que hemos enriquecido con una serie de proyectos, que dan cuenta de las urgencias de hoy, la necesidad de segmentación modular de acuerdo al perfil delictual de los privados de libertad -en especial las nuevas expresiones criminales-, los adelantos tecnológicos en materia de seguridad, el mejoramiento de opciones de reinserción social y la generación de mejores condiciones para quienes cumplen funciones de custodia y vigilancia.
Actualmente, la mayoría de las cárceles del país presenta sobrepoblación y varias de ellas se encuentran en situación de hacinamiento. En los sobre 80 establecimientos de Gendarmería, el uso de la capacidad de plazas alcanza a 140,5%, con una población total de más de 59.000 internos (privados de libertad las 24 horas). A ello hay que agregar que las proyecciones de crecimiento de población penal, si se mantiene la actual tendencia y aplicación de sanciones, con restricciones en materia de libertad condicional y medidas alternativas a la reclusión, al 2030 se superarán los 73 mil privados de libertad.
La generación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria se sustenta en tres ejes: Financiamiento, factibilidades técnicas y rentabilidad social. Con estas premisas hemos dispuesto nuestra capacidad ministerial para responder a los desafíos de seguridad mediante la consolidación de una cartera de inversiones a la altura de las complejidades del sistema penitenciario, proyectada, en principio, para los próximos 10 años, pero que debe irse actualizando de manera permanente.
Para llevar adelante el plan hemos determinado las condiciones en que se encuentran los penales del país, de modo de poner en funcionamientos recintos (construcciones finalizadas que requieren puesta en marcha); reparar establecimientos (recintos en desuso que se reparan para volver a ser utilizados); ampliar otros (establecimientos que cuentan con los terrenos para poder ampliarlos); densificar otros (recintos donde pueden incorporarse literas adicionales en celdas, ya sea porque son espaciosas o figuraban como individuales); y construir nuevos. Asimismo, propone un conjunto de iniciativas que se considera necesario llevar adelante, aunque no se encuentran financiadas, porque deben cumplir todo un proceso en el marco del presupuesto nacional del país. Sin perjuicio de ello, quedan planteadas y con estudios iniciales para decisión de próximas gestiones.
La primera decisión adoptada como Gobierno fue ratificar la continuación o conclusión de los proyectos que provenían de gestiones anteriores, lo que permitió rehabilitar 1.844 plazas y agregar otras 483 plazas en Pozo Almonte, Santiago, San Joaquín, Bulnes, Concepción y Río Bueno. A ello sumamos proyectos en Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, La Unión y Puerto Montt, que nos permitirán contar con 12.029 plazas nuevas.
Así, nuestra planificación al 2030 implica sumar 14.356 plazas, con una inversión de 1 billón 200 mil millones de pesos (considerando solo lo que implica inversión en diseño, ingenierías y construcción). A ello hay que agregar que estamos explorando y avanzando en la generación de nuevas iniciativas en Alto Hospicio, Antofagasta, Valparaíso, Colina, Rancagua, Ñuble, Talca, Los Ángeles, Temuco y Coyhaique, lo que implicaría incorporar otras 14.494 plazas en iniciativas que igual tienen un trabajo adelantado, sin perjuicio de que aún no cuentan con el financiamiento dispuesto.
Con todo, lo que debe quedar claramente establecido es que el Gobierno no habla de una proyección teórica, sino que está desarrollando los proyectos que ha anunciado. Es así que durante febrero comenzará el poblamiento gradual del Centro Penitenciario de Talca hasta alcanzar su cupo de 2.320 plazas. El 27 de mayo próximo se concreta la recepción de ofertas para la construcción y operación del Complejo Penitenciario de Copiapó (2.160 plazas). Asimismo, durante este primer semestre se llamará a licitación para la ampliación de Santiago I (1.600 plazas) y en el segundo semestre haremos lo mismo para el Centro Penitenciario de Calama (1.200 plazas).
Para concretar la infraestructura penitenciaria hemos recurrido a disposiciones legales para modificar los planos reguladores comunales y agilizar los procedimientos burocráticos. Asimismo, debido al gran volumen de inversión involucrado, hemos optado, en general, por el sistema de concesión de obras públicas. En este la empresa construye y opera algunos servicios en los que se ha demostrado su mayor eficiencia. En el caso de la reinserción social, específicamente la intervención especializada, esta queda a cargo de Gendarmería. Por supuesto, siempre la custodia y vigilancia está a cargo de la institución penitenciaria.
Finalmente, independientemente de nuestra decisión de llevar adelante el plan en marcha, no dejaremos de insistir en que junto con pensar en más cárceles también es fundamental fortalecer el sistema de penas sustitutivas, el acceso a beneficios intrapenitenciarios y la libertad condicional, como mecanismos que apoyan a la reinserción social y que disminuyen las tasas de reincidencia en comparación con las personas que egresan directamente de una pena de cárcel.
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