Boric & clase política: "Después de mí, el diluvio"

Se le atribuye esta frase a Luis XV, como muestra de su indiferencia ante decisiones que, mal concebidas, pavimentaron el camino a la revolución en Francia. Es lo que imperó en el gobierno y gran parte de la clase política con la reforma previsional, a trece meses del fin, ofreciendo buenos tiempos para los jubilados. Lo importante en esta bochornosa reforma es la foto del momento y barrer la hojarasca bajo la alfombra, ya que los costos no los pagará el presidente ni los parlamentarios, pero si sus hijos y nietos. Con una tasa de fecundidad que apenas alcanza a 1,1 hijos nacidos por mujer, Chile envejece a una velocidad inusitada, reduciendo su población laboral, ensanchando la cantidad de jubilados apoyados por grupos familiares que se achican a pasos acelerados, y que por lo mismo dejarán al Estado como el gran sostén de la vejez en Chile. ¿Quién pagará esta cuenta de más salud, más hospitales y más asilos para esta avalancha de personas mayores? Pues es claro que ese tsunami lo cargarán sobre sus hombros nuestros escolares y quienes están por nacer, los grandes ausentes y desconocidos en discusiones como la que tuvo lugar esta semana en nuestro Congreso.

Pero vamos por parte, pues el manoteo al sistema jubilatorio chileno tiene más de tres décadas, en un guion de varios actos (y gobiernos):

Durante 35 años, la clase política chilena impulsó cientos de cambios al sistema de pensiones de millones de trabajadores en Chile. De partida, se favoreció a las administradoras mediante medidas que deslegitimaron el sistema y consolidaron prácticas cuestionables, como la INTEGRACIÓN VERTICAL entre administradoras y aseguradoras, permitiendo que estas últimas sean dueñas de las AFP's, quitándole competencia al sistema y beneficiando directamente a las aseguradoras en desmedro de los millones de ahorrantes que vieron como sus jubilaciones se diluían.

Bajo el gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) se introdujo el concepto de "rentabilidad negativa", trasladando el riesgo de las inversiones a los trabajadores, luego bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) se crearon los multifondos, que segmentaron el sistema en beneficio de quienes tienen mayor acceso a información privilegiada o conocimientos financieros avanzado, lo que llevó a una clara discriminación y por ende resentimiento entre los trabajadores.

La eliminación de garantías mínimas de rentabilidad y mecanismos de compensación por pérdidas bajo la administración del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y los retiros del 10%, de casi 50.000 millones de dólares, durante el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), dejaron a millones de cotizantes sin ahorros previsionales, comprometiendo gravemente la sostenibilidad del sistema a largo plazo y generando un alza de los préstamos en la economía.

Además, lo que no se hizo, pero debía haberse hecho, como aumentar gradualmente la cotización hasta niveles razonables ya que el 10% no era suficiente, sumado a lo anterior el deterioro de la economía de la última década, demuestra una desidia que debilitó la capacidad del sistema para garantizar pensiones dignas. Por lo anterior, está más que claro, que somos todos responsables de esta historia.

Usar los ahorros de quienes aún no se jubilan para financiar las pensiones actuales, administradas por una burocracia ineficiente, no solo es injusto, sino también insostenible. Se trata de una ley que pavimenta una mala reforma, expropiatoria de los controladores de los fondos, que sacrifica la propiedad de los ahorros de los trabajadores, perpetúa las desigualdades y agrava el riesgo de insostenibilidad fiscal del país. Esta reforma anuncia un choque de generaciones, ya que el peso de esta irresponsabilidad caerá sobre los jóvenes y niños chilenos, quienes en menor número deberán financiar las pensiones de una generación de jubilados cada vez más numerosa, que fue liderada por la ceguera e irresponsabilidad de una clase política a la que poco le importó el futuro.

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