Cómo reconocer una erosión democrática
Identificar una erosión democrática exige precisar los criterios que permiten reconocerla. Una disputa aguda entre gobierno y oposición o una reforma controvertida pueden ser políticamente graves sin constituir por sí mismas un deterioro del régimen. Lo decisivo son sus efectos sobre la posibilidad de alternancia y sobre la capacidad de las instituciones para limitar y corregir el ejercicio del poder.
Esas pautas deben aplicarse con independencia de la orientación ideológica del gobierno examinado. Si un criterio sirve para denunciar a un adversario y deja de utilizarse frente a un gobierno afín, pierde utilidad analítica. Evaluar un conflicto exige atender a sus consecuencias sobre las reglas que permiten disputar el poder y sobre los controles que limitan su ejercicio.
Nancy Bermeo mostró que buena parte del retroceso democrático contemporáneo ya no adopta la forma de una ruptura abierta. Con frecuencia se desarrolla bajo gobiernos elegidos que amplían gradualmente el margen de acción del Ejecutivo o alteran instituciones decisivas para la competencia. Susan Stokes ha estudiado, desde otra perspectiva, cómo gobernantes surgidos de elecciones competitivas debilitan mecanismos de rendición de cuentas y restringen el espacio de sus adversarios. Estos procesos pueden prolongarse dentro de un marco institucional que conserva muchas de sus formas.
Competencia y alternancia
Aceptar una eventual derrota electoral es una exigencia básica para quienes gobiernan. Supone reconocer los resultados y preservar reglas que permitan que otra mayoría pueda reemplazarlos. Reformar el sistema electoral forma parte de las facultades de una mayoría democrática, mientras los cambios no alteren injustificadamente las condiciones de competencia en favor del oficialismo.
Contar con oposición parlamentaria tampoco asegura un pluralismo efectivo. Incluso con partidos legalmente reconocidos y elecciones periódicas pueden crecer las restricciones a la fiscalización del gobierno y a la competencia en condiciones razonables. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se emplean sistemáticamente recursos estatales para reducir las posibilidades electorales de los adversarios.
También resulta preocupante que una posible derrota sea presentada de antemano como ilegítima sin antecedentes verificables que sustenten esa afirmación.
Contrapesos y coerción
Entre los límites fundamentales al Ejecutivo se encuentra la independencia judicial. Las autoridades políticas pueden discrepar de una sentencia, aunque su crítica pública no constituye una buena práctica institucional. Reducir la independencia de los jueces o neutralizar los efectos de sus decisiones afecta directamente ese contrapeso.
Algo semejante ocurre con los organismos fiscalizadores. La Contraloría u otras entidades de control pueden conservar intactas sus competencias mientras disminuye su capacidad para actuar con independencia. Evaluar su autonomía exige comprobar si pueden adoptar decisiones y hacerlas cumplir.
Fuera del Estado, los medios independientes y las organizaciones sociales también contribuyen a controlar a las autoridades. Un conflicto fuerte entre el gobierno y estos actores no altera necesariamente el régimen. Cuando se utilizan recursos o facultades estatales para castigarlos por sus posiciones, se restringen su autonomía y el espacio público disponible para cuestionar al gobierno.
En democracia, la fuerza estatal está sometida al derecho. Utilizarla selectivamente contra determinados adversarios o tolerar agresiones políticamente convenientes vulnera ese principio. Los estados de excepción pertenecen al orden constitucional democrático, aunque su uso reiterado exige examinar sus fundamentos y los controles a que están sometidos. Emplearlos para objetivos ajenos a la emergencia que los justificó representa una señal de mayor gravedad.
Respetar el debido proceso es otra obligación básica del Estado. Una política migratoria restrictiva puede desarrollarse dentro de un orden democrático mientras respete las normas generales aplicables a cada caso. Expulsar colectivamente sin examen individual o establecer discriminaciones jurídicas arbitrarias compromete garantías y derechos que las autoridades deben respetar.
Capacidad y trayectoria
Conviene distinguir entre una conducta erosiva y la capacidad para convertirla en un cambio institucional. Una medida dirigida a debilitar un contrapeso puede quedar contenida si el Ejecutivo carece de control sobre el Congreso o encuentra instituciones capaces de hacer valer sus atribuciones.
Según la estructura política e institucional, esas conductas tendrán alcances diferentes. Un presidente respaldado por una mayoría legislativa estable enfrenta restricciones distintas de otro obligado a negociar sus medidas y políticas. Tampoco una victoria amplia en segunda vuelta equivale automáticamente a un respaldo duradero para todo el programa de gobierno, pues ese resultado normalmente expresa apoyos electorales heterogéneos.
Para conocer la fortaleza de los contrapesos hay que examinar su funcionamiento. Un Congreso con amplias atribuciones puede ejercerlas con escasa eficacia, y las competencias formales de un tribunal dicen poco si este ha perdido autonomía. También el escrutinio público se debilita cuando la libertad de prensa subsiste jurídicamente, pero pierde eficacia en la práctica.
Por sí solo, un episodio aislado ofrece una base insuficiente para diagnosticar erosión. Una declaración hostil puede carecer de consecuencias institucionales. Incluso una reforma que amenace determinados controles puede terminar rechazada por el Congreso o corregida por los tribunales. Esas respuestas permiten apreciar si el sistema conserva capacidad para contener los intentos de debilitarlo.
Ante cualquier gobierno corresponde examinar si acepta la alternancia, respeta la autonomía y las decisiones de las instituciones de control y permite que la oposición actúe y fiscalice sin represalias estatales. Ese examen requiere observar también qué ocurre después de los episodios preocupantes.
Cuando las conductas se reiteran y los controles pierden capacidad para contenerlas, el diagnóstico de erosión adquiere fundamento. Su continuidad, junto con el debilitamiento de las instituciones que deberían limitarlas, compromete las condiciones que permiten disputar el poder y exigir responsabilidades a quienes lo ejercen.