Conmemoramos 32 años de la Ley Indígena, a pesar del tiempo perdido
Este 5 de octubre de 2025 se cumplen 32 años de la Ley Indígena -19.253-, que fue aprobada por el Congreso Nacional en dicha fecha de 1993. Habían transcurrido un poco menos de cuatro años desde el inicio de la transición democrática, luego de la derrota presidencial de la derecha -tras perder el plebiscito de 1988-. Fueron tres años de complejas relaciones entre el gobierno del entonces presidente Patricio Aylwin y la oposición en el nuevo Parlamento, pero finalmente se logró aprobar esta ley que en estas tres décadas se ha constituido en un verdadero hito histórico.
El inicio del proyecto consideró un amplio diálogo con autoridades ancestrales de los pueblos indígenas (PPII). Luego, el presidente constituyó en mayo de 1991, y en menos de dos meses y medio, la Comisión Especial de PPII (CEPI) y encomendó a José Bengoa, hoy Premio Nacional de Ciencias y Humanidades, liderar la tarea de consensuar el proyecto con el Parlamento, los partidos políticos y los representantes de los PPII. La tarea fue ardua, no exenta de momentos críticos, pero se avanzó hasta su aprobación.
La CEPI es históricamente la más importante de las comisiones presidenciales asesoras en materia de derechos indígenas hasta nuestros días. Luego serán la Comisión de Verdad y Nuevo Trato durante el gobierno del presidente Lagos y la Comisión Asesora Presidencial Asesora de La Araucanía, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Son las comisiones presidenciales que marcaron poderosamente el desarrollo de una amplia legislación de derechos indígenas en estos años.
Corresponde ahora considerar también una evaluación básica de esta ley. Su aplicación no ha sido fácil, especialmente ante la magnitud de una deuda histórica del Estado con los PPII. Con esta ley se intenta reparar una suma de injusticias desde los inicios del Estado, especialmente relacionadas con el despojo territorial y el desconocimiento de una cultura ancestral, anterior incluso al descubrimiento y conquista. Desde 1810 la naciente nación chilena nunca resolvió eficientemente cómo abordar su relación con los PPII.
España, luego de un poco más de tres siglos de guerra con el pueblo mapuche (1550-1883), siempre lo consideró como agrupaciones cultural y espiritualmente inferiores, y por tanto incapaces de comprender los significados de la tradición eurocéntrica y de la España católica. Esta incomprensión fue heredada por los criollos emancipados de la corona luego de la independencia de Chile y parte de esta herencia permanece aún, en pleno siglo XXI en ciertos segmentos sociales del país, especialmente conservadores.
Para la izquierda y el movimiento progresista en Chile tampoco ha sido fácil comprender la significación de los pueblos indígenas. Bajo sus gobiernos se han logrado avances normativos y permanecen pendiente el reconocimiento de derechos colectivos que paradojalmente sí están contemplados en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo, la que fue suscrita oficialmente por el Estado chileno en septiembre de 2007. Pero ha faltado voluntad política para implementar los derechos esenciales. Esa deuda que tiene un valor histórico, no está resuelta y en estos breves años entre 2022 y 2025 hemos perdido oportunidades valiosas para honrar los compromisos del Estado con los pueblos indígenas de Chile. Pero los gobiernos pasan.
En cambio, las justas demandas indígenas permanecen vigentes y no variarán con el tiempo perdido. La rica tradición cultural indígena que ha superado siglos de vasallaje no hace mella en la conciencia de las generaciones de indígenas hijos también de un Chile que no los reconoce.
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