Cuando los árboles no dejan ver el bosque: El desafío contra el populismo penal
Nadie nunca puede ser indiferente ante el asesinato de un policía, civil o uniformado, en el marco del ejercicio de sus funciones contra la delincuencia en nuestro país. Y las muertes de dos carabineros en las últimas semanas a manos de antisociales, en operativos en Concepción y Quilpué, mantiene -con justa razón- choqueada a nuestra sociedad y sus instituciones democráticas.
El reforzamiento legal en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico debe ser mucho más ambicioso y acelerado en Chile. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, especialmente desde el gobierno del exPresidente Sebastián Piñera y actualmente pagamos sus consecuencias. Y éstas no son solo secuelas delictivas, sino que también políticas, debido a la inacción de la derecha para apoyar las iniciativas gubernamentales en la materia, como el bajarse de la Mesa de Seguridad con el solo objetivo de golpear a la administración actual en un ánimo obstruccionista.
No podemos olvidar el histórico aumento de 4,4% en la Ley de Presupuestos destinado a Carabineros, sumado a la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado del gobierno y los últimos proyectos aprobados contra la delincuencia organizada. A lo que se suma el compromiso de legislar 16 proyectos en las próximas semanas, priorizando siete iniciativas para estos días, que aumentan penas para delitos como secuestro, el porte de armas en lugares concurridos, sanciona el sicariato e incrementan el resguardo para las policías.
Sin embargo, aunque estos proyectos ataquen este flagelo social, no se hacen cargo del problema de fondo, el cual tiene una dimensión de fractura social y daño a cientos de comunidades especialmente en los sectores más vulnerables del país. Y ello, por cierto, no lo conseguiremos demoliendo "casas-narco", con shows televisivos -vía matinales- ni levantando discursos populistas de soluciones fáciles y rápidas, porque éstas no existen, las salidas siempre serán reformas integrales en política de seguridad pública. Como lo son las iniciativas a las que el gobierno ha puesto urgencia en el Congreso, como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la modernización del sistema de inteligencia policial, el nuevo código penal o el proyecto que regula las reglas para el uso de la fuerza de Carabineros.
Necesitamos un debate legislativo a la altura, priorizando el diálogo democrático, sin populismo penal ni gallitos políticos que buscan ganancias partidarias y momentáneas por sobre el bien común. La ciudadanía está aburrida de portazos, como el rechazo al aumento de la dotación de Carabineros en 900 cupos, tal como incluía la Reforma Tributaria que no quiso legislar la derecha, o que el recientemente aprobado proyecto contra el crimen organizado haya sido llevado al Tribunal Constitucional por parte de la derecha, debido a que incluía un ítem que permite el uso de cannabis medicinal.
La promoción de políticas públicas serias, no guiadas por la contingencia matinal o atajos mágicos, son el camino para contrarrestar el alza delincuencial y de crimen organizado. El foco en la prevención del delito, en la investigación y la coordinación interinstitucional atraen menos luces, pero es ahí donde hay que poner los recursos. En paralelo, la modernización de las policías requiere trabajar en aspectos de capacitación para actuales funcionarios, educación y protocolos en materia de derechos humanos, incentivar el ingreso a las policías, aumento de dotación, acelerar la construcción de nueva infraestructura y mejorar la actual, entregar herramientas adecuadas para salir a las calles con el equipamiento y tecnología necesarios, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control internos y externos que eviten desfalcos monetarios o abusos de poder que impactan en la legitimidad de estas instituciones.
Éste no es un asunto binario de amor y odio contra Carabineros, como se ha tratado de instalar. La responsabilidad con el país requiere de altura de miras, soluciones materiales en el corto plazo y transformaciones estructurales en el mediano y largo plazo en materia de fortalecimiento de la organización vecinal, acceso a oportunidades y servicios urbanos, presencia del Estado y reducción de desigualdades.
Hay que atacar las raíces de la delincuencia y prevenir, porque ninguna ley nos devolverá a una sargento o a un vecino asesinado por delincuentes, aunque la derecha intente hacernos creer aquello para sacar réditos políticos. Dotar de herramientas y de protección a Carabineros y -por lo mismo- resguardar sus derechos, no es excluyente a proteger los derechos humanos de la ciudadanía, como señaló tristemente la alcaldesa Matthei. Nuestro país merece y necesita más seguridad, basta de bajezas, pongámonos serios; por Chile y su destino.
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