Cuando los poderosos ganan
Estos días hemos sido testigos de cómo la justicia, una vez más, demostró que en Chile existe una tremenda desigualdad a la hora de dictar sentencia por un delito. El caso Penta es el símbolo de aquella diferencia, luego de que los principales imputados, los señores Carlos Lavín y Carlos Délano, muy cercanos a la figura presidencial, fueran condenados a 4 años de libertad vigilada, al pago de 1.700 millones y a tomar clases de ética empresarial. Sí, aunque cueste creerlo, clases de ética empresarial. Una burla, una bofetada al país entero. Hoy, sin ninguna vergüenza, nos convertimos con todas sus letras en un país que acepta públicamente la corrupción sin condenas ejemplares.
Sólo es cosa de recordar que hace pocas semanas en España fue condenado a penas de presidio efectivo un miembro de la propia realeza, lo que grafica la distancia que tiene Chile de aquellos países donde los delitos de fraude al fisco o cohecho tienen penas ejemplificadoras.
Los responsables de lo que ocurre en esta materia en Chile, tienen varias cuerdas.
Por un lado, el daño que la Fiscalía le está haciendo a nuestro sistema judicial aún no se dimensiona en su totalidad, pero afectará, tarde o temprano, a todos, politizando aún más a un poder independiente y aumentando la desconfianza ciudadana. Y como si aquello fuera poco, algunos otros, políticos o empresarios, sentirán el derecho de “poner presión” para recibir igual trato que el caso Penta, o intentarán evadir responsabilidad para no convertirse en el único condenado de verdad en algún caso de corrupción, cohecho o soborno.
En el caso SQM, el formalizado ex ministro de Economía Pablo Longueira emitió duras declaraciones contra el fiscal Pablo Gómez, acusándolo de actuar con poco profesionalismo y escasa objetividad, como si él también estuviera por sobre la ley. Se trataría, una vez más, de una persecución, tal como lo dijo en marzo de 2016 tras renunciar a la presidencia de la UDI.
¿Será una nueva presión hacia la Fiscalía? Es legítimo que el señor Longueira se quiera defender y limpiar su imagen, tenga razón o no sobre la actuación del fiscal Gómez, pero aquello lo debe hacer en tribunales, con todas las pruebas de uno y otro lado, para que de una vez se condene, si corresponde, como amerita.
Por otro lado, ¿la fiscalía actuará igual que en el caso Penta? ¿Se formalizará la acusación de cohecho contra Pablo Longueira y soborno contra Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, o sólo será un show mediático?
¿Se diferenciará el fiscal Gómez de Manuel Guerra, considerando que ya en su momento el abogado de Ciudadano Inteligente lo acusó de tener una conducta errática?
Todas las anteriores interrogantes que sin el caso Penta jamás nos hubiéramos hecho, nos hace concluir que llegó el momento de decir basta. Es hora de subir las penas de acuerdo a montos defraudados, de perseguir penalmente todo indicio de corrupción, venga de donde venga y, lo más importante, de establecer condenas de cárcel efectivas para este tipo de delito, las que hoy están reservadas sólo para la gente común que muchas veces no tiene las herramientas económicas para defenderse.
Una línea absolutamente contraria a lo que estamos analizando, es la postura de aquellos senadores y diputados que en las últimas horas votaron en Comisión Mixta en contra de la indicación presentada por el diputado PS Leonardo Soto - con el respaldo de nuestra bancada - que buscaba terminar con la impunidad en los delitos de cohecho y soborno, graficada, por ejemplo, en el caso del ex subsecretario del primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Pablo Wagner, quien habiendo recibido durante meses millonarios recursos por parte de una empresa ligada a la minería, no fue acusado de cohecho al no haberse podido acreditar la contraprestación.
¿No es cohecho acaso que una compañía minera le entregue dinero al subsecretario de la cartera durante el ejercicio de sus funciones? Si no, ¿qué es cohecho, entonces? Lamentable la postura de senadores como José Miguel Insulza y Felipe Harboe, quienes fueron parte de los votos en contra en esta trascendental materia, decidiendo rechazar la inhabilidad de ejercer cargos públicos a quienes perpetran estos ilícitos. Le deben una explicación al país.
En los temas de corrupción y el freno a los abusos no podemos tener dobles discursos. O estamos en contra o los avalamos. En lo personal, me ubico en el grupo de quienes pensamos que hay que combatirla, provenga de donde provenga.
Por ello, en el caso de la carta al ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, preferí ser cauto y no firmarla, pues si bien es doloroso para todos quienes veíamos en él un verdadero líder popular, no podemos permitirnos - pese a esos sentimientos - tener posiciones sobre la corrupción de acuerdo a la ideología del acusado.
Concluyo estas ideas con la siguiente reflexión.
Hoy el Congreso tiene la oportunidad de realizar reformas de verdad para que se castigue la corrupción como corresponde, pero las propuestas que se discuten aún son insuficientes y sólo contribuyen a que los poderosos continúen ganando.
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