Debate en el Senado, ¿se puede desnaturalizar el proyecto de inclusión?

Dada la diversidad de partidos que conforman la Nueva Mayoría (NM), hemos podido contrastar muchas visiones en el desarrollo de las principales reformas comprometidas en la tramitación legislativa. Sin embargo, una de las principales coincidencias es la intención de evitar que “las ideas matrices se desnaturalicen” y, de este modo, procurar que las indicaciones se alinien con los fines y objetivos propuestos por cada reforma en particular.

Pero esta declaración de principios, en ocasiones ha servido para ocultar la existencia de objetivos distintos, expresados en los llamados “matices”, pero que muchas veces son claras diferencias que como Nueva Mayoría hemos tenido que resolver, la mayor parte de las veces con éxito.

En materia del proyecto que busca terminar con el lucro, la selección y el copago (para alcanzar la gratuidad y la libertad de elección), el debate ha sido uno de lo más polémicos. Esto no sorprende dado que se trata de un cambio radical y progresivo al modelo de mercado educacional de Chile.

Desmantelar este modelo sobreideologizado que se ha desarrollado durante décadas en nuestro país, implica no sólo terminar con la concepción neoliberal de la educación chilena, sino también construir un nuevo sentido común en nuestra sociedad, cuestión que resulta una tarea a lo menos compleja y que a ratos asusta a muchos (políticos y no políticos).

En este contexto, no es un simple detalle tratar de dilucidar los nudos críticos dentro de la NM, en la tramitación del proyecto en el Senado, para saber hasta dónde permitimos modificaciones y desde dónde comenzamos (por temor, intereses o ideología) a abandonar aquellos principios que efectivamente logran cambiar la educación como bien de consumo para hacerla un derecho humano fundamental.

Lucro. Las sanciones al lucro no pueden seguir descansando en multas con cargo a la subvención de los estudiantes, esta lógica es perversa ya que perjudica doblemente la educación de los mismos (pierden recursos de la subvención porque las retiraron como utilidades, y pierden nuevamente porque con ellos se pagó la multa). La infracción a la ley debe comprenderse socialmente como un delito, que puede abarcar, según el estatuto de derecho penal que se aplique, desde la cancelación de la personalidad jurídica (en el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica), el traspaso de la administración del establecimiento al Estado, o bien, penas personales de distinto grado. Visto así habrían garantías suficientes para aceptar un arriendo controlado entre relacionados sin fines de lucro.

Ahora bien ¿por qué no permitir arriendo entre relacionados con fines de lucro?, porque la motivación a hacer negocio por parte del dueño del inmueble y del colegio relacionado conlleva la posibilidad de ejercer una presión indebida para alterar contratos de arriendo (ilegal) o exigir a los próximos gobiernos de turno cambiar los contratos (legal) con el propósito de incrementar sus utilidades y sacar cada vez tajadas más grandes de las subvenciones mediante el “autopago” del arriendo.

Selección. Definitivamente hay que mejorar el proceso de inclusión en los casos de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad (transitorias y permanentes), ajustando el método  de admisión con el Programa de Integración Escolar (PIE), para que no sólo haya un adecuado financiamiento que apoye estos procesos, sino también para que no se genere segregación interna en las escuelas.

¿Por qué no permitir selección por proyecto educativo y por mérito?, lo primero es evidente, podríamos acabar con tantos métodos de selección como lo permitan la cantidad de proyectos educativos declarados por los sostenedores. Jamás será justificable que un niño que quiera aprender a tocar un instrumento musical, pero que no sepa nada al respecto, no tenga la oportunidad de aprender porque no pasó el test de habilidades que el proyecto educativo establece. Las escuelas tienen la tarea de enseñar, de educar, de dar posibilidades a todos y todas, y no para reforzar el capital cultural inicial de los estudiantes.  

Por su parte el discurso del mérito oculta que en un país tan desigual como el nuestro, éste sólo termina siendo una discriminación arbitraria; pero es más, la selección basada en el mérito nos llevaría a la configuración de una nueva forma de segregación socio-educativa, donde los “mejores” van a un tipo de escuela y los “peores” se tendrían que conformar con el resto.

De hecho esto ya nos ocurre en la educación pública donde algunos van a los establecimientos llamados “emblemáticos” y otros al “resto”. Lo antipedagógico de esta medida es que separando a los de mejor rendimiento del resto de los niños, se pierde la posibilidad de generar el “efecto par” que países como Finlandia han logrado desarrollar para nivelar hacia arriba a todos sus estudiantes sin dejar a nadie atrás.

Esto no solo ocurre en Finlandia, esto también lo hacen muchas de nuestras escuelas de integración, sino pregúntenle al colegio Amancai de La Florida y tantos otros que hacen una labor destacable.

Gratuidad. Algunos han tenido la osadía de proponer el reemplazo del copago por Unidades de Subvención Escolar y no por Unidades de Fomento, esto llevaría a no poder reemplazar nunca el copago y por tanto, no alcanzar nunca la gratuidad, lo que atenta contra los objetivos del proyecto.

Por otra parte, hay quienes han planteado mantener la SEP a los niños de los colegios que pasen a ser particulares pagados. Esto implicaría que el Estado financie escuelas que podrían tener fines de lucro y que puedan seleccionar, cuestión que evidentemente sería contraria a los objetivos del proyecto. Al mismo tiempo consideramos fundamental mantener la idea de que todo establecimiento que desee ingresar al nuevo sistema de financiamiento (SEP para III y IV quintiles) debe ser gratuito, ya sea porque se adscribió al régimen de gratuidad, como porque se creó en esa condición.

Estos incentivos buscan, precisamente, que aquellos establecimientos que poseen copagos bajos a medianos pasen relativamente pronto al régimen de gratuidad.

De este modo sería un contrasentido el mantener la posibilidad de seguir cobrando a las familias y percibir, al mismo tiempo, los recursos que se ponen a disposición para acelerar el arribo de la educación gratuita.

Actualmente el proyecto corre riesgo en el Senado. Si no hay humildad para aceptar  la necesidad de un trabajo en conjunto de las indicaciones que nos permita evitar distorsiones de fondo, entonces muchos en la Cámara no estaremos dispuestos a aprobar cambios gatopardistas que dejen todo tal como está hoy en día.

Como Nueva Mayoría no podemos caer en el error histórico de validar “matices” que vulneren los principios y objetivos de la reforma. No se trata del todo o nada, sino de ser responsables con lo que hemos comprometido para el futuro de nuestro país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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