Debate laboral más allá de las 40 horas
El Banco de Chile cerrará 33 sucursales a nivel nacional por la automatización. Codelco despedirá o ha despedido a no menos de 2 mil 500 trabajadores sólo en la División Norte. El retail suma decenas de miles de despidos por similar proceso. La OCDE nos advierte que Chile enfrenta una alta exposición a los riesgos del alto desempleo por la transformación digital. Dos millones de trabajadores desarrollan labores rutinarias altamente automatizables.
La OCDE puso un guarismo, un 53% del empleo actual de Chile puede desaparecer (31% con riesgo significativo y un 22% con muchas posibilidades). En las regiones, las grandes tiendas, los mall, supermercados, minería y servicios, evidencian que la robotización, la “uberización” o la digitalización del trabajo es un proceso en marcha acelerada.
El Proyecto de Ley de Adaptabilidad, Trabajo y Familia enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados evidencia que no estamos focalizando la acción política donde está el problema. Al contrario, se precariza lo que se dice proteger. Igual sucedió con el proyecto de empleo juvenil (que tuvimos que modificar en el Congreso) y con el proyecto que regula la “uberización” del empleo.
Ahora, una iniciativa parlamentaria instaló el debate de las 40 horas. Descolocado, el Gobierno dio argumentos sobre el negativo impacto en el crecimiento y el empleo, pero conocido el amplio apoyo en las encuestas hacia la iniciativa, hizo una contraoferta: 41 horas pero con “flexibilidad” laboral.
El dato que no calza es cuál sería el espacio para que él o la trabajadora negocien con su empleador dicha flexibilidad. La experiencia enseña: sin la mediación, al menos, de los sindicatos o de normas legales generales, la parte laboral queda en desmedro.
Una normativa moderna de empleo debe partir reconociendo las asimetrías y descartar el falso supuesto de la igualdad entre trabajador y empleador. No existe igualdad para pactar “libremente” jornadas de trabajo más flexibles.
Menos aún hay reales posibilidades de conciliar la vida familiar, laboral y productividad, sin una regulación adecuada y un cambio en la cultura organizacional de las empresas.
El temor a la negociación individual “en igualdad de condiciones”, es que permitiría al empleador imponer una distribución y extensión arbitraria de la jornada de trabajo y de los tiempos de descanso. Ello, en contraposición de lo que se dice proteger: la vida familiar.
Con la propuesta del gobierno denominada “suspensión del Contrato de Trabajo”, el empleador puede dejar al trabajador, por un tiempo indeterminado, sin su fuente de ingresos convenida. Con posterioridad, el trabajador sería reintegrado a sus labores, pero eso es sólo una promesa. De hecho, se genera un mecanismo para encubrir despidos y evitar el pago de las indemnizaciones que corresponda.
Sumemos a ellos la precarización de la jornada laboral. Bajo el subterfugio de otorgar mayores grados de flexibilidad opcional para los trabajadores, se corre el riesgo de generar extensas jornadas de lunes a jueves, pudiendo dejar el viernes para trabajar en base a horas extraordinarias. Podría aparecer como un incentivo poderoso para personas que tienen bajos sueldos, bajo el falso supuesto de libertad e igualdad contractual de las partes. Vuelve la pregunta, ¿por qué ocultar la asimetría evidente entre trabajador y empresa?
Agrega complejidad a este debate el alto endeudamiento de las familias chilenas. Sabemos que este año 2019 ha llegado a cifras históricas. Muchos trabajadores, ante la legítima expectativa de aumentar sus ingresos, se verán empujados a aceptar comprar tiempo de descanso o desarrollarán otra actividad.
Aquí cobran relevancia las plataformas digitales, en las cuales se está ofertando horas para seguir trabajando y complementando ingresos a las personas que supuestamente, según el proyecto presentado por el gobierno, deberían estar descansando y gozando de la familia.
La jornada de 8 horas es una histórica reivindicación del movimiento laboral desde fines del siglo XIX. Está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el derecho al descanso y una limitación razonable de la jornada de trabajo. Esta demanda fue consagrada en la legislación laboral de los países, cuyos alcances tienen el carácter de mínimo e irrenunciable.
Preocupa la ausencia de una agenda pública y un debate fundado. Es el momento de convocar al Consejo Superior Laboral para que aborde el empleo en Chile. El sector privado ha expresado su disposición, pero ha sido poco proactivo y es muy tenue la voz del mundo sindical.
El diálogo tripartito es vital para abordar los desafíos del mercado laboral del siglo XXI. Es iluso pretender abordar los desafíos de digitalización, robotización, flexibilización, capacitación adecuada, calidad de vida, sin la voz de sindicatos y trabajadores.
A contrapelo, el Gobierno persiste en enviar al Congreso proyectos de ley improvisados, reactivos y centrados en “flexibilizar” las condiciones del empleo, sin ponderar la precarización de empleo y la calidad de vida de los chilenos.
Asumamos con profundidad y sentido de urgencia los nuevos fenómenos que están impactando al mundo laboral en Chile y el mundo. Legislemos para los trabajos que vienen, no para los que se están acabando. Ello requiere un debate más profundo y de largo alcance.
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