Desastres sin red: la deuda social y científica en la gestión del riesgo de desastres

Julián Cortés Oggero

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A 40 años del terremoto del '85, hemos avanzado notablemente en aspectos clave para la gestión del riesgo de desastres: sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación, normas sísmicas en la construcción, y una nueva institucionalidad liderada por Senapred. No obstante, una y otra vez, cuando ocurre un desastre, cientos de personas pierden sus viviendas, sus ingresos, sus redes de cuidado y, la mayor de las veces, no hay ninguna red institucional sólida que las sostenga. Ello no es más que la evidencia brutal de que en Chile, enfrentar un desastre sigue siendo un privilegio de quienes pueden disponer de recursos, redes y conocimientos.

Esta es la primera gran deuda: la protección social adaptativa como eslabón perdido de la gestión del riesgo de desastres. Tras los incendios forestales de Viña del Mar en 2024 vimos a cientos de personas durmiendo en carpas durante semanas, sin atención psicológica oportuna, sin garantía de continuidad educativa para sus hijos, ni apoyo formal para recuperar sus medios de vida. La gestión del desastre se activó con velocidad en lo operativo (evacuaciones, catastro, ayuda temprana), pero no en lo estructural: la vida cotidiana de las personas quedó suspendida, sin horizonte claro.

Los desastres, lo sabemos, no son naturales: son procesos sociales amplificados por eventos extremos. Lo que define su impacto es la vulnerabilidad de las personas, de las comunidades, sus medios y modos de vida. Por eso, una política pública moderna en este campo no puede reducirse a mapas de amenaza o simulacros. Requiere incorporar instrumentos efectivos de protección social adaptativa que operen antes, durante y después de un evento. Desde bonos de recuperación y subsidios flexibles, hasta garantías de atención en salud mental, continuidad en el cuidado de niños, adultos mayores y personas en situación de dependencia.

Pero hay también una segunda deuda: la deuda científica. En un país altamente sísmico, con amenazas climáticas crecientes, con zonas urbanas y rurales expuestas a incendios, remociones en masa, sequías e inundaciones, la investigación en riesgo de desastres socionaturales sigue siendo frágil, dispersa y desvinculada de la toma de decisiones. Pocos municipios cuentan con asesoría científica permanente. Muchos planes comunales se construyen con poco acceso a datos actualizados o sin incorporación de conocimiento local.

En Chile, la ciencia del riesgo de desastres ha estado dominada por enfoques más centrados en los peligros naturales. Pero hoy, se requiere con urgencia a las ciencias sociales del desastre, es decir, aquellas que comprendan los procesos de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad acumulados. Se necesitan ciencias que dialoguen con los saberes ancestrales y territoriales, que construyan evidencias útiles para la acción local, y que sean capaces de tensionar las decisiones urbanas, ambientales y presupuestarias desde una óptica de justicia territorial.

No basta con saber cuándo lloverá, cuánto es la magnitud de un terremoto o si este genera condiciones para un tsunami. Es indispensable saber también: quiénes viven en esas zonas de riesgo, qué capacidad de organización tienen, qué redes de cuidado existen, cómo circula la información, dónde están los puntos ciegos del Estado. Ese conocimiento existe, y está en universidades, centros de investigación, ONGs y organizaciones comunitarias. Lo que falta es voluntad política para integrarlo.

Una estrategia nacional de resiliencia no puede disociar la ciencia de la acción. Requiere aumentar el financiamiento en investigación aplicada, generar alianzas entre academia y gobiernos locales, y fortalecer capacidades técnicas permanentes en los municipios. Requiere, además, abrir espacios de participación incidente para que las comunidades no solo sean receptoras de información, sino productoras de conocimiento sobre el riesgo.

Asimismo, no podemos omitir el debate en torno a la formación de nuestros expertos en riesgos de desastres. Las carreras, tanto técnicas como universitarias deben incorporar contenidos obligatorios sobre gestión del riesgo de desastres, protección social en emergencias y enfoque territorial. Sin esa transformación curricular, seguiremos formando profesionales que actúan con buena voluntad pero sin herramientas para anticipar y reducir el impacto de los desastres socionaturales.

Hoy, Chile necesita avanzar hacia un nuevo paradigma: una gestión del riesgo de desastres con rostro humano. Eso implica poner en el centro la protección de la vida cotidiana, reconocer los derechos sociales como barreras de contención ante el desastre, y hacer de la ciencia una aliada del territorio y de las comunidades. La memoria sísmica que invocamos cada cierto tiempo no puede quedarse en el recuerdo. Debe traducirse en acción transformadora. Porque el verdadero desastre no es solo el terremoto, la inundación o el incendio. El verdadero desastre es que, después de eso, sigamos sin red.