Desarmar la violencia, fortalecer la seguridad

Rafael Ferrada

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La violencia armada en Chile es hoy uno de los mayores desafíos para la seguridad. En los últimos años, se ha visto una mayor presencia con el uso de armas de fuego, afectando con mayor fuerza a las comunidades más vulnerables. Frente a esto, estamos llamados a actuar con decisión, responsabilidad y visión estratégica, fortaleciendo las herramientas institucionales para enfrentar este fenómeno con inteligencia, prevención y firmeza.

Hay diversos casos que han sucedido, que permiten comprender la sensación de inseguridad que se percibe en el ambiente. Casos como las balaceras en el Paseo Bandera, tiros en contra de un profesor de karate en Calera de Tango o el allanamiento en Maipú que dejó detenidas a cinco personas por tráfico de drogas y posesión de armas, obedecen a distintas causas, pero tienen un denominador común: el uso de armas.

Al analizar los cambios que ha experimentado la criminalidad en el país durante los últimos años, resulta fundamental observar la evolución de ciertos grupos delictivos. Esto permite diseñar soluciones más efectivas, basadas no solo en la frecuencia de los delitos, sino también en su impacto y la gravedad de sus consecuencias.

La mayor disponibilidad de información actualmente permite superar una visión limitada, centrada únicamente en los delitos de mayor connotación social. Así, se pueden incorporar nuevos enfoques que reflejen de manera más precisa el panorama delictual, contribuyendo a una gestión más eficaz en términos de prevención, control y sanción.

En este contexto, el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito entrega datos relevantes sobre la situación delictiva en 2024. Por ejemplo, los delitos relacionados con armas -como disparos injustificados, porte o posesión de armas de fuego y porte de armas cortopunzantes- han aumentado considerablemente entre 2019 y 2024. Según los casos policiales, el alza ha sido de 110% (de 13.149 a 29.064). En cuanto a las denuncias penales, el incremento alcanza 394% (de 3.696 a 19.166). No obstante, las detenciones en flagrancia no muestran una variación significativa, y el número de personas aprehendidas ha disminuido en 10%.

Estas cifras reflejan un problema estructural, especialmente visible en regiones como la Metropolitana, donde los casos policiales aumentaron en 78%, mientras que los aprehendidos bajaron en 4% durante el mismo período. Esta tendencia es respaldada por la reciente publicación del informe "Radiografía de la seguridad en Chile 2014-2024", elaborado por el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello.

¿Qué podemos hacer? En 2022 se aprobó la última reforma significativa a la Ley de Control de Armas. Dicha modificación endureció las penas por porte ilegal, extendió las prohibiciones a armas de fogueo o de juguete modificadas, implementó sistemas de trazabilidad, reforzó los planes de fiscalización y actualizó los criterios para autorizar la tenencia de armas. Sin embargo, a tres años de su implementación, los datos muestran que la reforma no ha logrado contener el aumento de la violencia armada en las calles. Ante este escenario, es imperativo avanzar en la prevención de delitos cometidos con armas de fuego, fortalecer los controles sobre su tenencia y mejorar las capacidades investigativas de la fiscalía y las policías.

Pese a esto, desde algunos sectores de la derecha se han propuesto medidas que apuntan a ampliar el acceso a armas, especialmente bajo el argumento de la autodefensa. Aunque estas ideas buscan responder al temor ciudadano frente a la delincuencia, resultan contraproducentes si lo que queremos es avanzar hacia el desarme del crimen organizado. La experiencia comparada demuestra que más armas en circulación no mejoran la seguridad, sino que agravan los riesgos. Existe una relación directa entre el uso de armas y diversos delitos, como homicidios, robos con intimidación o violencia, y la protección de actividades vinculadas al narcotráfico.

Además, la violencia armada se está consolidando como una forma de resolución de conflictos en comunas y barrios, de acuerdo a los datos de las últimas ENUSC. Los resultados para el año 2023 muestran que las balaceras o disparos encabezan la lista de incivilidades percibidas con frecuencia en los barrios (8%), seguidas por la presencia de pandillas violentas, peleas callejeras con armas y amenazas o peleas entre vecinos. Estas situaciones son significativamente más frecuentes en los niveles socioeconómicos bajos que en los medios y altos.

Por otro lado, es relevante recordar lo señalado por la Contraloría en 2024, cuando se detectaron falencias en el sistema de control de armas de la DGMN: emisión de certificados médicos a personas con antecedentes penales, compras de municiones que exceden el límite anual permitido, entre otras. Lo más preocupante es la insuficiente capacidad de fiscalización y la baja efectividad en la gestión, ya que sólo se logra fiscalizar poco más del 1% de las armas inscritas.

Ahora, estos temas son parte de las metas del gabinete pro seguridad del gobierno, que se fijó el objetivo de alcanzar al menos 10% de fiscalización durante 2024. Para ello, se dispuso que el Ejército se desplegará en apoyo a Carabineros y la PDI para fiscalizar clubes de tiro, empresas de comercialización de armas y particulares. Sin embargo, en la Región Metropolitana, por la mayor concentración de armas, este objetivo presenta mayores desafíos.

Actualmente, la cifra oficial de armas inscritas por particulares supera las 850 mil unidades, según la base de datos de la DGMN actualizada a 2024. Sin embargo, es importante destacar que más de 72 mil han sido declaradas como desaparecidas: 65% por extravío y 32% por robo. Las sanciones, limitadas a multas en dinero, no han sido un incentivo suficiente para el cumplimiento de las obligaciones legales.

Por otra parte, existen mecanismos como la entrega voluntaria de armas o su incautación por parte de las policías. Si bien durante el actual gobierno se han desarrollado campañas como Denuncia Seguro contra armas ilegales, estas deben ser más sistemáticas y persistentes.

Finalmente, en la ceremonia de destrucción de 2025 se eliminaron 24.402 armas y accesorios, una leve baja respecto del año anterior (25.015). Esto demuestra que se puede hacer un esfuerzo mayor, a través de programas de recompra de armas con incentivos, como se ha hecho exitosamente en otros países, o avanzar hacia mayores prohibiciones de tenencia de armas.

La violencia armada no se enfrenta solo con más leyes, sino con capacidad institucional, voluntad política sostenida y cercanía con los territorios. Necesitamos que el Estado llegue antes que las armas, con presencia efectiva, inteligencia policial, prevención comunitaria y control real. Enfrentar este fenómeno no es solo una tarea de seguridad: es una responsabilidad con la democracia, con la justicia y con la vida cotidiana de millones de chilenas y chilenos que merecen vivir en paz. Es hora de acelerar el paso, con decisión y con unidad.