Desde una democracia representativa a una participativa

En Colombia se celebran los 50 años de la Fundación Ford. El debate giró en torno a una temática que afecta a toda Latinoamérica, que es, como somos capaces de compatibilizar democracia y participación real, con crecimiento económico y explotación de los recursos naturales que permita asegurar una justa distribución del valor y que sea simultáneamente sustentable.

Las conclusiones que han surgido apuntan a que en la mayoría de los países que tienen sistemas políticos, que si bien son democráticos, poseen altos niveles de desconfianza en la democracia y se instaló una demanda permanente de mayor participación de los ciudadanos.

Los motivos que hacen más latente esta participación son los altos niveles de desigualdad en el continente y ellos perciben que las democracias representativas –como la chilena- son insuficientes para canalizar las demandas ciudadanas en la mayoría de los temas.

Por lo tanto, nuestro país debe avanzar hacia una democracia participativa. Esto implica cambios estructurales a nuestro sistema político, porque la Constitución actual amarra e impide hacer cambios debido a los orígenes de la carta fundamental en dictadura, que contiene elementos que son prácticamente imposibles de modificar por las altas exigencias de quorum que tiene.

Si bien se le practicaron modificaciones, estos cambios no fueron suficientes y la ciudadanía percibe que aún no se han producido las reformas sustanciales que se requieren. Como país de manera responsable, con grandes acuerdos nacionales y de cara a la ciudadanía debemos crear una nueva Constitución.

Esta tiene que contemplar un cambio al sistema binominal para que en el Congreso se expresen todas las visiones que hay en Chile; fijar límite a la reelección de cargos públicos para que las personas no se perpetúen en el poder; primarias obligatorias –la ley actual establece el carácter de voluntarias -para que exista competencia y se genere un recambio interno; establecer los plebiscitos vinculantes y referéndum revocatorio; instaurar las iniciativas populares de ley y llevar a cabo un real proceso de descentralización donde logremos, entre otros puntos, la elección directa de Intendentes y Cores.

En el caso de los plebiscitos vinculantes estos buscan zanjar temas estratégicos y muy relevantes para el país como son por ejemplo, la matriz energética que queremos usar, el royalty, el uso de los recursos naturales, si debe existir el aborto terapéutico, prisión para los delitos económicos, lucro en la educación, grados de descentralización, son algunos de los temas que hoy están en la agenda pública; sin embargo son muchos otros los tópicos que también van surgiendo en nuestra sociedad.

Otro de los temas son los referéndums revocatorios para que la ciudadanía tenga la capacidad de vetar leyes votadas por el Congreso y despachadas por el Presidente de la República, con la cual la mayoría no está de acuerdo.O simplemente, decir no queremos que este Presidente o este Parlamento nos sigan representando.

Además, es clave que los ciudadanos puedan participar de manera propositiva –y no solo consultiva- del proceso legislativo.

Por ello, considero que debe relevarse la idea de establecer la iniciativa popular de ley, que consiste en que los ciudadanos tengan el derecho y la posibilidad de incorporar al debate legislativo, mediante los mecanismos pertinentes, propuestas de leyes que ellos consideren relevantes.

Los ciudadanos deben contar con herramientas que le permitan no solo participar una vez cada cuatro años eligiendo a sus representantes, por lo que debemos profundizar nuestra democracia, de lo contrario corremos el riesgo de que la distancia entre los representados y sus representantes seguirá aumentando, produciendo una desconfianza en las instituciones y dañando la posibilidad de nuestro país de avanzar en la dirección deseada.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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