Educación pública para un nuevo Pacto Social

Juan Santana Castillo

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Se acerca la postergada PSU y este año los alumnos deberán rendir el examen en medio de un estallido social inédito, cuyos protagonistas fueron – desde el inicio – los propios estudiantes. Ellos han exigido por años educación pública, gratuita y de calidad y ésta deberá ser uno de los pilares fundamentales si queremos crear y legitimar un nuevo pacto social para Chile. 

Fueron los jóvenes que saltaron el metro en octubre, junto a las generaciones que los precedieron (“pingüinos” del 2006), quienes despertaron a Chile protestando contra la mercantilización de la vida y contra la precarización de un sistema educativo que reproduce desigualdades y que encuentra uno de sus síntomas, justamente, en la PSU.   

Se trata de un instrumento de selección en que la condición socioeconómica del estudiante termina por determinar, en gran medida, su posibilidad de acceso a la educación. Año tras año las enormes brechas entre resultados de colegios particulares y municipales vuelven a comprobar que la PSU reproduce el carácter segregacionista de nuestro sistema de educación. 

Frente a esto, la demanda ha sido clara: el fortalecimiento de la educación pública. Una exigencia ciudadana que fue reforzada en la reciente Consulta Municipal en la que “Acceso y calidad de la educación pública” resultó ser una de las prioridades entre los votantes, junto con pensiones y salud. 

Sin embargo, las acciones de este gobierno han ido justo en la dirección opuesta. El 2019 estuvo caracterizado por grandes titulares en materia de educación, pero vacíos de contenidos. En lo esencial, se mantuvo la lógica de lucro, segregación y endeudamiento en todos sus niveles. 

Primero fue el proyecto de “Admisión Justa” que mostró la peor cara de la administración Piñera, pues buscó segregar aún más a los estudiantes, promoviendo la competencia por sobre la colaboración y a la educación como un premio, en lugar de un derecho. Mientras desde el mundo académico, político y social nos oponíamos con fuerza a la iniciativa, el Presidente aseguraba que le daría más “libertades a la industria de la educación”. 

Luego, vino la aplicación de la ley “Aula Segura”. En ese contexto se llegaron a plantear medidas que rayaban en lo irrisorio, por ejemplo, la de revisar mochilas como política pública. Esta Ley, que pretendía ser emblemática para el gobierno, se convirtió en una herramienta que criminaliza a los estudiantes, sin resolver el problema de fondo.  

No es de extrañar entonces que, frente a la violencia indiscriminada de carabineros en contra de jóvenes durante los días más álgidos del estallido, la ministra Cubillos haya preferido el silencio. Esto pese a las denuncias de abusos realizadas por organismos internacionales de Derechos Humanos. 

Otro proyecto “emblemático” que quedó entrampado fue el conocido como CAE 2.0 que, contrario a toda demanda social, fomentaba el endeudamiento de los estudiantes, retrocedía respecto a lo legislado en materia de gratuidad y permitía que fondos estatales terminaran en instituciones que lucran. 

Las políticas de este gobierno en educación contravienen el sentido común de quienes remecieron a Chile. Por eso, frente al excesivo endeudamiento y a la precarización de la calidad de vida de estas familias, una medida mínima, inmediata y digna debiera ser la condonación de toda deuda adquirida para estudiar. 

Ahora el norte es claro. Sólo a través del fortalecimiento de la educación pública, podremos mejorar y profundizar la democracia, por una senda que dote de contenidos reales la consigna “DIGNIDAD” y no se quede en titulares vacíos. 

Con ese horizonte, podremos prometer a los jóvenes que rendirán la PSU, que el coraje que los llevó a protestar en octubre, nos permitirá al fin sembrar dignidad para las nuevas generaciones.