El capitalismo salvaje está en el gobierno

Los anuncios económicos del gobernante y el ministro de Hacienda, el pasado 19 de marzo, recibieron grandes elogios en el oficialismo y fueron tratados con terciopelo desde la oposición, algunas figuras centristas se prodigaron valorándolo e incluso los más radicalizados se preocuparon de encontrarle virtudes.

Se impuso un condicionamiento psicológico, una especie de “autorregulación”, un reflejo del libre mercantilismo que domina culturalmente, como si nadie deseara decir algo indebido o que sin querer, se pudiera escapar una palabra fea o inoportuna. Por tanto, quedó la idea que estas medidas son acertadas o que no queda otra, pero lo grave es que aumentan la desigualdad.

Lo central es que el oxígeno que sale del Estado, o sea, los recursos financieros que pertenecen a todos y todas, van a las megas corporaciones y empresas articuladas en grandes holding y sólo si esas se benefician de su diseño, realización y contenido, su efecto podrá servir a las personas.

La gente de carne y hueso no es el actor principal de esta ingeniería macro económica, los que van a “galucha” no son sus destinatarios esenciales, los que sí lo son pertenecen al grupo reducido que tiene palco y/o entrada preferencial, son los que por doctrina de la élite gobernante van a ser los que recibirán un respaldo especial.

Miradas las cosas de modo descarnado, es una variante del enfoque del “chorreo” en medio de la pandemia, gana el gigante y algo cae a los demás, porque las políticas públicas de apoyo a los trabajadores se hacen con los recursos de los propios fondos del seguro para el desempleo que han ahorrado quienes lo pudieron hacer.

Pero a los cesantes, a los artesanos, a los pequeños comerciantes que no pueden abrir, a las personas que tienen empleo por cuenta propia y quedan sin clientes o pedidos, a los que se las rebuscan y viven al tres y al cuatro, o sea, la diversidad increíble de aquellos que dependen de la economía informal, un amplísimo sector de la población que depende del “día a día”, queda fuera de la supuesta bonanza del paquete económico.

A los grupos económicos sí los apoya la mano del Fisco con la postergación de sus compromisos tributarios. Es cierto que no hay una exención del pago, pero reciben un crédito con una tasa de interés cero.

En el caso de las Pymes se alivia su situación de pagos con vistas a evitar una quiebra inmediata, pero la continuidad del empleo queda totalmente incierta y dependerá de factores fortuitos, como si una calle está en una u otra comuna y de la decisión del empleador que con la baja de la actividad económica se reduce a casi cero.

Ahora bien, donde se confirma en forma definitiva que vivimos bajo el capitalismo salvaje es en la decisión de la Dirección del Trabajo que libera a las empresas del pago de las remuneraciones a los trabajadores que por la declaración del Estado de Emergencia, el toque de queda y la emergencia sanitaria ya no pueden ir a sus lugares de trabajo. La autoridad decidió qué hay NO pago de la remuneración, es decir, en esos decenas de miles de hogares de un día para otro no hay ingresos.

Así, el Estado declaró el desamparo y la desprotección de los trabajadores. Si se requería una señal de crueldad en el ejercicio de la autoridad no se pudo encontrar una mejor. Así se regresó a la peor época, a inicios de la formación del capitalismo cuando no había ningún tipo de recurso que impidiera cualquier abuso en contra de los asalariados.

En este caso, no puede haber debilidad de las fuerzas de oposición y del movimiento sindical, Piñera pretende un retroceso de siglos en lo que se refiere a los derechos laborales.

En una crisis cómo está podía ocurrir y así fue, el gobernante pretende mantener los mega conglomerados y con ellos reinstalar una actividad económica ultra concentrada en poderosos oligopolios, cuyo sesgo distintivo será la precariedad laboral que imponga bajísimos salarios aseguran ilimitadas utilidades y que con esa lógica se reponga el funcionamiento del sistema cuando pase la crisis.

En ese esquema de súper explotación, un camino que vaya cimentando un acuerdo social de largo plazo está excluido. El gobernante no tiene otra propuesta que no sea el sometimiento a sus decisiones, vale decir, imponer la regresión social en Chile.

La Dirección del Trabajo intenta simular este acto de piratería asociando el término de “fuerza mayor” aplicado en una situación de normalidad social, en que se puede producir un caso como paro de la locomoción u otros similares a la resolución de completa imposibilidad de ejercer el derecho al trabajo por la decisión de la misma autoridad que decretó el Estado de Emergencia, el toque de queda y la cuarentena para hacer enteramente imposible la posibilidad de trabajar.

El corolario de la decisión de la autoridad es que el trabajador que no puede laborar, no tendrá ingresos y, en consecuencia, no podrá subsistir dignamente. El auxilio posible es el seguro de desempleo. ¿Qué espera Piñera y el gobierno de decisiones cómo está?

Salvar a los ricos no puede ser el centro y columna vertebral de las políticas públicas. La renuncia a la responsabilidad de resguardar el bien común no puede ser tan descarada y el cuidado de los propios negocios no puede ser tan vergonzoso.

Este es un atentado flagrante en contra de la paz social en el país. No existe, aunque se busque o se simule un caso como este en la historia de nuestro país.

Aquí queda claro, la cuenta del Coronavirus la pagan los trabajadores con su familia. Con hambre y privaciones inimaginables.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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