Aunque el texto no se conoce, el presunto fallo del Tribunal Constitucional inhabilitando a la senadora Isabel Allende ha generado una conmoción que escapa a los propios alcances de la eventual resolución en discusión. La solidaridad con la senadora socialista está fuera de toda discusión.
Sin embargo, en medio de las expresiones que se han presentado, hay una serie de opiniones que incursionan en otro ámbito, más allá de la línea política del Partido Socialista, esto es alterar el entendimiento político con el Frente Amplio, el Partido Comunista y los partidos de gobierno, cuya importancia hoy es decisiva por cuanto esa es la base que sostiene el gobierno del Presidente Gabriel Boric y su resquebrajamiento conlleva severas consecuencias negativas en la gobernabilidad del país.
Una fractura en la base de sustentación del gobierno es llevar las aguas turbulentas de la actual situación política en otra dirección. Hacia una gravísima lesión a la capacidad de conducción política que dirige el Estado.
En efecto, hoy es fundamental la unidad de acción de la izquierda con responsabilidades de gobierno, la razón es evidente: la opción de ultraderecha que hoy se levanta en el país, que arrastra a la derecha tradicional a una radicalización de sus posiciones, obliga al acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas democráticas y populares de la nación chilena. Lo demás es jugar con fuego, es decir, actuar en la política ficción de nuevos e imaginarios conglomerados y no tener la capacidad de contención de las fuerzas reaccionarias.
Lamentablemente, esta conclusión tan o más grande que la Cordillera de los Andes no ha sido asumida por una acción política eficiente del centro institucional que une hoy al progresismo: el gobierno no ha logrado uno de sus propósitos esenciales, que es evitar los autogoles.
No obstante, esa ingrata realidad -la ineficacia política del Ejecutivo en diversas circunstancias- no puede significar la dispersión política o el quiebre de la unidad de acción de la izquierda y la centroizquierda. Sería un error garrafal.
Vuelvo a repetir, la confrontación insensata de los demócratas chilenos en año de elecciones conlleva la eventualidad que se instale un gobierno reaccionario que atente en contra del régimen democrático, ese es un riesgo real. En junio de 1973, la dictadura en Uruguay fue instalada por un presidente civil, José Maria Bordaberry; lo mismo hizo, en abril de 1992, con un autogolpe de Estado Alberto Fujimori en Perú.
El neofascismo actúa desde gobiernos civiles que maniatan y reducen a cero la esencia de libertades y derechos humanos y sociales que garantiza la institucionalidad democrática.
De modo que el desafío político no ha cambiado, se trata de la lucha por la justicia social en democracia. Por eso, la unidad más amplia, sin sectarismo pero tampoco exclusiones, continúa siendo la clave de la situación nacional y la llave del futuro democrático de Chile.
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