El desafío socialista

Este 19 de abril, el Partido Socialista de Chile arriba a los 87 años de existencia, como tantos años, inspirado en la figura de Salvador Allende, su principal líder histórico, lo hace en circunstancias complejas de insatisfacción popular y demandas ciudadanas, en constante defensa de los derechos del pueblo trabajador y en contra de la desigualdad que fractura en dos a nuestro país. En estos días luchando además contra los nefastos efectos que tiene la pandemia del Coronavirus en el mundo popular, que vive penurias y sufre el abuso de los poderosos de siempre.

Asumiendo las lecciones dejadas por la lucha contra la dictadura y el legado de sus héroes y mártires, los socialistas nos movilizamos por el respeto a los Derechos Humanos, la justicia y la verdad, ante el constante “negacionismo” de la derecha que burlando la memoria histórica, desconoce los crímenes, secuestros y tormentos, y ahora pretende convertir a crueles violadores de los Derechos Humanos en “ancianos indefensos”.

El compromiso de los socialistas reivindica, asimismo, los Derechos de los pueblos indígenas aplastados durante siglos y apoya la demanda de tierras de las comunidades mapuche.

Así también, exige justicia ante el asesinato del comunero Camilo Catrillanca, víctima del uso criminal de la violencia por efectivos del Estado que desde organismos represivos como el “comando jungla”, perpetúan un orden social injusto y obsoleto.

En este aniversario del Partido Socialista adquiere especial relevancia la movilización feminista por la igualdad de género que se ha convertido en una demanda fundamental, que nunca había logrado la trascendencia multitudinaria hoy alcanzada, la que debe marcar el avance de la civilización hacia una nueva época de plena justicia y término de la dominación patriarcal sobre la mujer.

Por eso, desde su histórica y permanente brega democrática, el socialismo chileno reivindica el legítimo anhelo de una amplísima mayoría social de lograr la superación del capitalismo neoliberal por una sociedad justa, pluralista, libertaria e igualitaria, con una economía solidaria y sustentable en que los frutos del trabajo social sean puestos a disposición del bienestar de cada ser humano y de la comunidad en su conjunto.

Tales principios fundacionales inspiran su actividad práctica en la realidad nacional y le guían en el esfuerzo de lograr una nueva Constitución para Chile que posea una nítida legitimidad al nacer en democracia, que permita fortalecer la institucionalidad democrática y promover la participación ciudadana con vistas a la inclusión social y la erradicación de fenómenos tan negativos como la corrupción, el desencanto y el aumento de la distancia entre las personas y el sistema político.

Hay que lograr una profunda transformación institucional que gestione una democracia participativa que, incorporando la ciudadanía a las decisiones, brinde auténtica seguridad a la población dignificando sus condiciones de vida fundamentales, objetivo muy diferente a la conducta represiva imperante, que desde el poder ejerce una presión camuflada que ignora las demandas sociales, coarta las libertades y niega los derechos de los trabajadores.

En una situación crítica como la pandemia que nos afecta el humanismo socialista se propone garantizar la dignidad y la vida del conjunto de la sociedad y no hacer uso del Estado para salvar los grandes intereses económicos que siempre hacen pasar sus particulares requerimientos como si fuesen las necesidades del país.

Según los datos entregados por el propio gobierno ya son trescientas mil personas que han recibido la fatídica carta de despido que pone fin a su empleo.

A ellos se agregan cerca de ochocientos mil notificaciones de suspensión de los contratos de acuerdo a la reciente ley de “protección” del empleo, sin contar además los centenares de miles de trabajadores informales condenados a vivir confinados en cuarentena sin ningún tipo de ingresos.

Si hay protestas Piñera declarará otra guerra a los manifestantes. Mientras la gente sufre algunos mandan a comprar exquisiteces en avioneta. Esa es la aberrante desigualdad que la derecha gobernante nunca ha querido reconocer en Chile.

Eso refleja porque se vive un sentimiento ciudadano crítico con la política y con los frutos de la reimplantación de la democracia. Hay un gran malestar con una desigualdad social generadora de abusos y privilegios de carácter estructural, que se fue implantando dentro de una democracia “semisoberana” por  los enclaves autoritarios que benefician a una mini minoría contra la amplia mayoría.

En las causas que han debilitado la acción política hay mezquinos intereses que fomentan una lucha desleal por cargos de representación como también narcisismos incontrolables que provocan un nocivo espectáculo. Lo mismo provoca la corrupción y el enriquecimiento ilícito usando influencias políticas, dañando como nunca la legitimidad del sistema político.

En este contexto, el debilitamiento de los partidos políticos es un dato de la realidad, como consecuencia de un sistema institucional que permite toda suerte de negociados en contra de millones de trabajadores, cuyos ingresos se ven limitados por la debilidad de la negociación colectiva frente a los mismos que se coluden para obligarlos a un crónico y angustiante endeudamiento.

El proceso de transición democrática no ha logrado reponer una capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y del movimiento sindical para tener ingresos dignos y conseguir una redistribución justa de la riqueza que es apremiante ante la desigualdad imperante.

Cuando se toca la necesidad de efectivas y urgentes reformas laborales, de inmediato salen a la palestra voces empresariales que usan las tribunas comunicacionales afines para atemorizar con el grave impacto que tendrían dichas reformas, mueven sus voceros en el Parlamento, postergan las decisiones, van al Tribunal Constitucional, asustan a la población, en fin, maniobran hasta que impiden las reformas. De ese modo, se llegó al estallido social del 18 de octubre pasado.

Así, cada año, el balance de los grupos financieros muestran como han crecido sus utilidades, mientras los salarios de los trabajadores acaso mantienen su capacidad adquisitiva, y la desigualdad aumentó ahogando la democracia.

La pandemia del Coronavirus detuvo la movilización social de lo cual el gobierno se aprovecha para descargar la crisis en los hombros de los trabajadores. Por eso, es tan importante la movilización del Sindicato Interempresas de Líder (SIL) denunciando esta situación.

Como en este proceso se advierte que no se logra cambiar este injusto orden de cosas, miles de personas caen en el desencanto y no creen ni apoyan a las organizaciones políticas. La convulsión social que detonó el 18 de octubre pasado y la continuidad de las manifestaciones hasta la declaración de Estado de emergencia por el Covid 19 expresó que se requiere un cambio de fondo en lo económico y social para que no sólo algunos sigan enriqueciéndose.

El discurso belicista, clasista y descalificador de Piñera y la cúpula gobernante refleja, en forma exacta, el malestar empresarial que expresa la actitud de quien se atiborró de riquezas y privilegios y no quiere que lo toquen y solo desea ganar más de lo que ya ha ganado. Es el discurso de la impunidad social.

Ese es el problema de fondo, el núcleo articulador del poder oligárquico financiero rechaza todo cambio, solo desea ganar tiempo para que la tormenta decline y las multitudinarias manifestaciones sociales no pasen de ser un mal sueño, cuyo despertar sea el alivio de seguir disfrutando y usando del poder sin ningún contrapeso. Así crecen los abusos como ocurre con la pandemia del Coronavirus, el gobierno no actúa y el Parlamento se ve intrascendente.

Esta lamentable situación es la que abre espacio para el ejercicio ultra personalista y autoritario del poder por parte del actual gobernante cuyos planes en la emergencia generada por la pandemia del Coronavirus no son más que lucirse en lo personal y traspasar recursos públicos en verdaderas cascadas carentes de toda regulación a los grandes intereses económicos del país.

Entonces, la tarea del Partido Socialista es de una trascendencia vital para el futuro de la democracia chilena.

El primer gran paso es redignificar la política, rehacer los miles de vínculos necesarios para reconectarse con los movimientos sociales y las organizaciones que les representan y ejercer una acción política fuertemente basada en las necesidades ciudadanas, pero que no caiga en la demagogia estridente que aumenta el descrédito y la desconfianza.

Hago un llamado, la gran tarea es rehacer el tejido político que permita un entendimiento de la oposición, asumiendo el daño que a la política democrática le producen luchas incomprensibles de quienes se anulan entre sí porque no logran superar diferencias que no son fundamentales. De no tener un trato de mínimo respeto entre sí la oposición arriesga un costo político futuro incalculable.

Desde su fundación en 1933, el Partido Socialista ha debido encarar muy difíciles desafíos, ahora se presenta una situación inédita que le exige recurrir a sus mejores energías y reservas para que, inspirado en sus luchas históricas, pueda hacerse cargo de los enormes desafíos de este período.

Como ayer lo hicieron sus héroes y mártires.

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