¿El Estado gastó más en compra de tierras o en las forestales?
Suena magnánimo el titular “millonaria cifra gastó el gobierno en tierras en zonas de conflicto mapuche” y que “la mandataria gastó más de 253 mil millones de pesos, superando al Gobierno de Frei”. Se ha catalogado como un año histórico en adquisiciones: 56.069 hectáreas.
Efectivamente es importante y valorable, por ende, se hace necesario poner las cosas en el contexto real.
Sobre estos anuncios se desprenden críticas que dicen ¿para qué quieren tantas tierras?, ¿por qué el gobierno los ayuda tanto’, tanta plata para los mapuche.
No es tanta tierra si consideramos que la deuda histórica reconoce que el pueblo mapuche tenía al momento de la firma del tratado de Trapigue con el gobierno de Chile el año 1825, diez millones de hectáreas, quedando reducidas a 500 mil hectáreas.
No es una ayuda ni tampoco es un gasto, es una medida compensatoria al pueblo mapuche y que se encuentra dentro de los tratados intencionales firmados por Chile, como el Convenio 169, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto Internacional por los derechos Civiles y políticos. Y que al estar vigentes según el artículo 5° de la propia Constitución son parte del Estado de derecho y las instituciones deben aplicarlos.
A pesar de los grandes titulares, la compra de tierras es absolutamente menor, al considerar que todo el pueblo mapuche desde el Bío-Bío al sur, no tiene más de un millón de hectáreas, y solamente dos empresas forestales Arauco y Mininco, de los grupos Angelini y Matte, tienen más de 2.6 millones de hectáreas.
Sorprendentemente dos familias de origen europeo, tienen más tierras que 1,2 millones de mapuche en Chile. Y justamente son las mismas familias que han afectado a todos los chilenos con la colusión del confort.
Todo esto se debe a que el Estado, más bien dicho, quienes han administrado el Estado han premiado a esas dos familias, Angelini y Matte, por más de 40 años con subsidios forestales mediante el Decreto Ley N° 701 que les financia desde el 75% de los gastos en plantaciones forestales, se le ha llegado a llamar el subsidio a la colusión o la fábrica de pobreza ya que los territorios y comunas más pobres de Chile son justamente las que tienen más de un 20% de superficie plantada.
No parece justo, especialmente cuando se concluye que esto es financiado por los bolsillos de todos los chilenos y la gran mayoría no son ricos, los ricos son muy pocos, el 1% del país, no es casualidad entonces que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, paradójicamente, los súper millonarios, son subsidiados por los más postergados.
La verdad sea dicha, los gobiernos que han administrado el Estado han gastado mucho más dinero en financiar a las forestales, dos familias, que lo que ha invertido en comprar tierras desde la creación de la ley indígena a la fecha.
El mismo catastro de CONAF dice que desde el año 1974 al 2013, 40 años, el Estado ha gastado 875 millones de dólares en subsidiar a las forestales. De los cuales 600 millones de dólares han sido para la familia Angelini y Matte. A los que hay que agregar la aprobación de pago de subsidio de 327 millones aprobados el 2016 por el senado.
El estado en toda su política de compra de tierras al año 2016 ha gastado 600 millones de dólares, es decir, a pesar del “histórico” anuncio de los 253 mil millones para compra de tierras en los 4 años de la presidenta Bachelet, estos no alcanzan superar a lo que se ha gastado en financiar a dos familias durante todos los años de la vuelta a la democracia. Hay que recordar que el decreto que financia a las grandes forestales, fue renovado por Eduardo Frei, luego la Presidenta en su primer gobierno y posteriormente Piñera.
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