El falso dilema entre inversión y medioambiente
Este lunes 6 de julio, la Comisión de Medio Ambiente del Senado iniciará la discusión de la denominada "megarreforma". Será una oportunidad para despejar una idea que se ha instalado con demasiada facilidad en el debate público: "que para que Chile crezca es necesario debilitar las exigencias ambientales". Ese es un falso dilema.
Nuestro país necesita reactivar su economía, atraer inversiones y acelerar proyectos estratégicos. Pero también necesita reglas claras, certeza jurídica y legitimidad social. Y todo esto no se obtiene reduciendo estándares ambientales ni restringiendo la participación de las comunidades, ni mucho menos asegurando proyectos fallidos de empresas.
El problema de Chile no radica en que tengamos demasiada protección ambiental. La principal dificultad es la falta de capacidad del Estado para tramitar oportunamente los proyectos, la escasez de recursos técnicos en los servicios públicos, la superposición de competencias y la ausencia de una adecuada coordinación institucional.
La evidencia es clara: la judicialización de los proyectos no se produce porque existan altos estándares ambientales, sino porque muchas veces las decisiones administrativas carecen de suficiente sustento técnico o las comunidades sienten que no fueron debidamente escuchadas. Debilitar los mecanismos de evaluación o reducir espacios de participación no acelerará las inversiones; por el contrario, podría aumentar la conflictividad y la incertidumbre.
Chile ya aprendió esta lección. Los conflictos socioambientales de las últimas décadas demostraron que los proyectos sostenibles son aquellos que logran compatibilizar desarrollo económico, protección del patrimonio natural y diálogo temprano con los territorios.
Por eso, la discusión que comienza en la comisión de Medio Ambiente del Senado no puede reducirse a una consigna sobre la "permisología". Modernizar el sistema de autorizaciones es una necesidad compartida, pero ello debe traducirse en un Estado más eficiente y con mejores capacidades, no en un retroceso en la institucionalidad ambiental construida durante los últimos años.
Como integrante de la comisión, he señalado dos líneas rojas intransables en esta reforma. La primera es que el proyecto propone que el Estado pague indemnizaciones a los proyectos cuya resolución de calificación ambiental (RCA) sea rechazada en tribunales ambientales. Si esto se aprueba, el Estado se convertirá en un asegurador de proyectos, trasladando ese costo a las arcas públicas, debilitando la responsabilidad de quienes invierten, y desnaturalizando la función de distintos poderes del Estado.
Lo segundo tiene que ver con la relocalización de concesiones acuícolas, que a mi parecer, está claramente diseñada a la medida de las empresas salmoneras. Esta reubicación no responde a un plan integral ni a una visión del desarrollo territorial, sino que, bajo una retórica de modernización, perpetúa beneficiosamente una lógica sectorial. No podemos permitir que esto se transforme en un guante hecho a la medida de un solo sector, sin considerar los impactos en otras comunidades.
En el Congreso tenemos la responsabilidad de revisar este proyecto con rigor técnico y sentido de futuro teniendo a la vista que Chile requiere crecimiento, pero también necesita cuidar sus ecosistemas, proteger a las comunidades y otorgar certeza a quienes invierten.
Las economías más competitivas del mundo entendieron hace tiempo que el desarrollo sostenible no es un obstáculo para la inversión, sino una condición para que esta sea legítima, perdurable y socialmente aceptada. El desafío de esta megarreforma es precisamente ese: construir un sistema más eficiente pero sin sacrificar los principios ambientales que el país, con tanto esfuerzo, ha conquistado. La inversión y el respeto al medio ambiente pueden llegar a ser compatibles siempre y cuando exista voluntad política de ambos sectores.