El gobierno no tiene dignidad

El viernes 3 de octubre ocurrió un hecho doloroso más, esta vez durante una protesta en las cercanías de plaza Dignidad, Carabineros arremete y uno de los efectivos se lanza con fuerza desmedida contra un adolescente de 16 años, que cae arrojado al río Mapocho desde una altura de 7 metros, sufriendo gravísimas lesiones que bien pudieron acabar su vida.

En cosa de minutos el mando institucional se apresuró a negar la participación de Carabineros, eludiendo su responsabilidad en los hechos, pero poco después un video de Telesur mostraba que esa versión era falsa. Por ese actuar desleal un gobierno con dignidad lo hubiera llamado a retiro La víctima había sido arrojado por la fuerza del empujón policial. En una detallada crónica del diario La 3’ se ha señalado que el general Rozas fue puesto al tanto rápidamente de la situación y que estando en La Moneda se retiró raudo sin informar al gobierno.

De modo que la mañana del domingo y luego en el Congreso Nacional siguió la negativa de Carabineros, incluso un general llegó a decir que el herido había “perdido el equilibrio”. El video inicial fue seguido de otras evidencias, que se transformaron en una sucesión indesmentible y apabullante de imágenes que pasaron a ser una evidencia acusadora incontestable.

La retórica negacionista más burda vino del propio Presidente de la República que ante este homicidio frustrado lo definió como “los eventos” en el puente Pío Nono. Asimismo, dijo que apoya a Carabineros porque “nos defiende”, mezquina razón para excusar su parálisis ante los abusos y atropellos a los Derechos Humanos.

Por lo demás, la esencia de la misión de Carabineros es “dar eficacia al Derecho”, es decir, impedir el atropello de las personas y evitar convertirse en un grupo de choque para la defensa de los poderosos como el actual gobernante, que ha terminado la semana intentando, una vez más, trasladar la responsabilidad al Parlamento ante su propia ineptitud.

Por el contrario, al actuar en defensa de la justicia y los derechos de las personas, la fiscal Ximena Chong, ha recibido amenazas desde la ultraderecha, incluido el ruin matonaje de un senador, ex alcalde de Pinochet, un extremista como tantos otros que reemplazan la verdad por el fanatismo, que no soportan que deje de imperar la impunidad y recurren a sombrías insinuaciones en contra de la institucionalidad democrática.

Además, hace pocos días, la Fiscalía Oriente informa la formalización de 3 Carabineros de Peñalolén por torturar a 6 detenidos después del 18 de octubre, entre ellos 4 jóvenes menores de edad.

Asimismo, a la mañana siguiente de que desconocidos le hicieran llegar una carta con amenazas, fue sorprendido un oficial de carabineros merodeando en torno al hogar de la fiscal Ximena Chong. Al parecer había en marcha “una demostración de fuerza” para amedrentarle e inhibir el ejercicio de sus investigaciones.

De modo que hace ya mucho tiempo que el general Rozas quedó desautorizado por el conjunto de estos hechos y sigue con la misma actitud, proteger y encubrir acciones criminales que surgen del comportamiento brutalmente violento de sus subalternos. Se trata de una perversa actitud corporativa: tapar la agresión y culpar a las víctimas del abuso de poder y el sadismo que se hizo un hábito en los procedimientos policiales.

Antes, en noviembre del 2018, la sicosis de guerra hacia el pueblo mapuche del Comando “jungla”, generada por la retórica irresponsable del propio Piñera, terminó en el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, pero luego del estallido social han sido mutilaciones, golpizas y lesiones irreparables en Gustavo Gatica y centenares de jóvenes, como la agresión criminal sufrida por Fabiola Campillai y los sufrimientos del joven Oscar Pérez que fue triturado por dos zorrillos en plena plaza de la Dignidad.

Hoy la población no está protegida, en cualquier momento puede ser agredida por quienes son encargados de cuidarla. Ello radica en que la total autonomía que disponen sus altos mandos permite que se reproduzca la cultura institucional que se formó en dictadura. En los funcionarios se instalan hábitos y una creencia que son impunes, como aquellos que torturaron y degollaron a tres profesionales, militantes del PC, en 1985.

Esa cultura violenta y sádica se expresó en los perdigones disparados a los ojos de los manifestantes, en la bomba lacrimógena lanzada al rostro de Fabiola Campillai cuando iba a su trabajo, también en la exclamación de: “cayó un hueon” al ser arrojado el joven al río Mapocho, luego la ausencia de respeto a la dignidad de las personas se manifiesta en la fila de efectivos que miran inconmovibles al manifestante malherido en el lecho del Río Mapocho y se retiran sin prestarle ayuda.

Esos funcionarios no ven personas, ven “enemigos”. Es lo que muestra el video dado a conocer en Concepción, un joven que es detenido en una manifestación estudiantil, sufre la ira del oficial a cargo del operativo que ordena “se carga” para inculparlo falsamente del porte de bombas molotov, incluso se asegura de esta acción delictual, instruyendo a un efectivo que está próximo a que: “échale bencina”. Esa es la mentalidad que debe cambiar.

El Presidente Frei pidió la renuncia al general Stange, en 1994, porque debía ser procesado por encubrimiento en el caso degollados. Este se negó a hacerlo usando a favor de su impunidad la inamovilidad de los jefes castrenses que existió hasta marzo del 2006, así quedó instalado el nefasto precedente que, en Carabineros, la alta jerarquía hace lo que quiere.

El esquema actual es el de un Director General de la Institución convertido en un verdadero príncipe medieval en una cúspide inalcanzable, cuyos subalternos deben obedecer órdenes que incluso violentan su propio juramento, debiendo someterse a decisiones destinadas a ocultar evidencias, encubrir ilícitos y tapar la ineptitud y la ineficiencia.

Por eso, este viernes, tuvo que dar su opinión el Fiscal Nacional, Jorge Abott, quien señaló: “la situación no puede seguir sin que tenga cambios importantes”. No cabe duda,  la Institución policial requiere una reforma auténtica y no una operación cosmética, de simple lavado de imagen, como resulta ser el apuro de Piñera.

Ahora bien, no todos los Directores Generales cayeron en una actitud dolosa y reprochable, según diversos testimonios, existe un buen recuerdo del general Alejandro Bernales, trágicamente fallecido en Panamá, como un líder institucional que se preocupó de actuar con honradez y de cuidar la dignidad de los Carabineros.

Al parecer, no se erradicó la marca nefasta de abusos y sinverguenzuras que dejó César Mendoza, el “general rastrero”, un traidor a su juramento que se sumó al golpe de Estado y a la persecución de los chilenos que debía proteger. El pueblo le llamaba “mendocita” por su idiotez, vulgaridad y animal incondicionalidad a Pinochet, respaldando los crímenes de lesa humanidad motivado por su odio visceral a las fuerzas populares de izquierda.

Por eso, fue el verdadero responsable de los crímenes del caso Degollados y tantos más a lo largo de Chile, a través del coronel Fontaine, jefe de la Dicomcar, encargado del “trabajo sucio” que mandaba el corrupto y peligroso terrorista de Estado: “mendocita”.

Sin embargo, hay Carabineros que hacen proezas en favor de los más débiles, que dedican cansadoras jornadas a su labor de servicio a la comunidad; por eso, no puede ser que elementos corruptos los ofendan ante el país o que extremistas de ultraderecha los inciten en delirios extremistas en contra de los movimientos sociales y su derecho a manifestarse. La tarea del restablecimiento de la dignidad de la función policial es el gran desafío y avanzar hacia una nueva Constitución, nacida en democracia, debe colaborar decisivamente a lograrlo.

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