El lobby mata la democracia

La "crisis de confianza" que fuera definida como "el problema" que vive el país, por la propia Presidenta de la República, sigue en el centro de la preocupación de chilenos y chilenas, ahora por las investigaciones del Ministerio Público a las licitaciones de recolección de basuras en un grupo de municipios de la Región Metropolitana, las indagaciones a la empresa de Giorgio Martelli, así como por las declaraciones del recién renunciado, ex Director del SII.

En otras palabras, no hay día que pase en que no se dé a conocer o que no surja una nueva "revelación", en la que otra vez se ven nombradas o comprometidas autoridades, de diferente rango o nivel, en conductas que violan la probidad y se configuren actos de corrupción.

Esta situación es la que detiene la lucha contra la desigualdad. No es como piensan algunos, que las reformas se han detenido por una voluntad oculta, un repudiable espíritu conservador, que "maquiavélicamente" se las arregló para obtener tan nefasto resultado. Si ese espíritu del mal existe, no cabe duda que se cobija y alimenta de los actos de corrupción.

Este escenario nacional es el que daña y perturba la contingencia política, transformándose en un factor sumamente ingrato y difícil de remediar, pues la confianza perdida y el descrédito no desaparecen por un mero y simple acto de voluntad.

Hay un camino que recorrer para reinstalar la confianza ciudadana en el sistema político. Ese propósito no se logra cuando se exhibe como gran excusa el argumento de que "todos" usaron o cayeron en las malas prácticas; sinceramente, esa triste y desafortunada manera de aceptar eventuales responsabilidades no es el  camino ni rehace las confianzas que se necesitan recuperar.

En materias relativas a la fe pública, tampoco se trata simplemente de anunciar y aprobar nuevas leyes o de exacerbar la retórica en contra de quienes ejecutaron las prácticas corruptas. Lo importante es que no se produzca un "arreglín" que signifique impunidad.

Asimismo, el sentimiento ciudadano exige mucho más que la crítica. Hay que separar aguas definitivamente de los protagonistas de esas conductas. Por eso, pedí en el Pleno constitutivo del nuevo Comité Central del PS, que se hiciera salir de la sala a un diputado imputado por fraude al fisco en Valparaíso. Aceptar que siguiera como si nada en la primera fila de los asistentes, sería someterse a la idea de la defensa corporativa que ciertos parlamentarios han buscado imponer.

Hay que asumir que ha habido debilidad en el trato a las malas prácticas. Una superficialidad que no permitió apreciar a tiempo la herida profunda que se estaba incubando en el alma ciudadana.

Hoy sucumbe un método reprobable, retorcido y funesto de hacer política, ese no es otro que un financiamiento desmedido e irregular, obtenido burlando la ley y los compromisos públicos de transparencia y probidad asumidos por las diversas fuerzas o actores políticos.

Este fenómeno no comenzó en la última campaña, la del 2013, se trata de una cultura perversa y nefasta que se inició con la práctica sistemática del lobby. Parecía una cuestión acotada y marginal, pero introdujo la cultura de "cerrar los ojos" que ahora  socava tan profundamente la propia legitimidad del sistema político. Esa sola expresión refleja la caída de los estándares éticos a un nivel catastrófico.

Mirando atrás hay que reconocer que, en su momento, no se atacó con la firmeza y tenacidad que se requería la entronización del lobby y el ejercicio del mismo en el seno de las fuerzas que constituían la Concertación; sus prácticas sembraron las semillas y luego estructuraron las  redes que concretaron la cohabitación entre política y negocios. Hoy se paga el costo histórico de no haber tenido la perspicacia de dimensionar cuánto daño se estaba ocasionando el sistema de Partidos a sí mismo y a las bases éticas de la gobernabilidad democrática del país.

La incubadora del afán por dinero fácil y el enriquecimiento indebido fue el lobby, que se convirtió en la verdadera cabeza de playa desde la que desembarcaron y se extendieron las ramificaciones del centauro formado por ciertos núcleos financieros y los llamados "operadores", el binomio que hoy afecta tan profundamente los cimientos de la estabilidad democrática del país.

Personas cuya legitimidad democrática estaba fuera de duda y que iniciaron este sinuoso camino que hoy socava al sistema político, cuyo efecto, entre otros aspectos, es el debilitamiento del proceso de reformas. Día a día el gobierno sufre una nueva complicación, como los dichos de este viernes, del ex Director Michael Jorrat, en las que denuncia presiones del ex ministro del Interior para no investigar a SQM por los pagos irregulares a empresas como la de Giorgio Martelli.

Se confirma la soberbia insensata de quienes pensaron ocultar el mecanismo de financiamiento irregular. La idea que era posible presionar, para "tapar" lo obrado en forma totalmente indebida e irresponsable, se ha ratificado como una prueba de la absoluta irresponsabilidad de quienes así lo creían.

El daño causado por estos personeros que reclamaban una irrestricta lealtad hacia un diseño tan dramáticamente erróneo y tan enormemente distanciado de hacer bien al propio gobierno, del que formaban parte y al que decían defender, viene a ratificar cuán errados se encontraban en su conducta y cuánta razón tuvo la crítica política que, oportunamente, hice presente en forma recta y leal hacia el gobierno que apoyamos.

A la postre, al aparecer el lobby, se hizo aparecer como normal lo que se iba a constituir en un agresivo cáncer, que ha causado estragos a la legitimidad del sistema democrático en nuestro país. En el balance final, no tengo la menor duda, el lobby mata la democracia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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