El orden público como estrategia política

Cerrados todos los canales institucionales y a pesar de una represión que ha terminado violando los derechos humanos, que a la ciudadanía no le haya quedado más que la calle para hacer escuchar sus reivindicaciones, es la ilustración del fracaso del sistema político chileno vigente.

Desde la revuelta ciudadana, la excesiva obsesión de La Moneda por restablecer el orden público demuestra que se confunden los efectos con las causas. El desorden público es una consecuencia de la movilización social, no su causa. Esta rocambolesca confusión entre causa y efecto del legítimo descontento ciudadano respondido solo con represión provocará, si no se cambia la óptica, un incontrolado desorden público garantizado.

Ningún orden público se sostiene indefinidamente (en un sistema democrático) si sólo 1% se lleva un tercio de las ganancias totales del país, como sucede en Chile. Esta desigualdad es la máxima violencia institucionalizada y la causa central del estallido social.

Por lo demás, el supuesto error político de confundir los efectos con las causas pareciera ya ser una estrategia política tan deliberada como perversa para centrar las prioridades no en la solución del problema central, sino en su efecto, el desorden público. Es decir, la causa de la rebelión ciudadana -la desigualdad socioeconómica- queda eclipsada por su efecto -el desorden público- centrando toda la agenda política en la gestión represiva del Estado para reestablecerlo.

Donde se ilustra muy bien esta estrategia es en el "problema mapuche" que, de ser inminentemente político, se transforma sólo en un asunto de seguridad pública, desviando toda la atención en recuperarla de tal forma que el tema mapuche queda totalmente discriminado y, por último, enterrado en gigantescas operaciones represivas mediáticas permanentes del Estado contra los pueblos originarios para restablecer el orden público.

Paradojalmente, esta estrategia consigue, obvio, lo que busca: Una respuesta violenta que transforma este conflicto histórico en un círculo vicioso con una espiral de violencias recíprocas que atentan contra el problema central, ya olvidado y enterrado por las violencias mutuas siempre in crescendo que garantizan la erosión del orden público.

Es perentorio que esta estrategia, que oculta la nula voluntad política para solucionar los conflictos estructurales, concluya. El Estado chileno no puede continuar respondiendo a las legítimas demandas de la ciudadanía sólo con una cada vez más sofisticada represión para restablecer sólo el orden público. Ni el estallido social ni menos el problema histórico de los pueblos originarios con el Estado chileno son asuntos de seguridad nacional, sino problemas estrictamente políticos que deben solucionarse en una mesa de diálogo con voluntad política real para solucionarlos.

La búsqueda de más justicia social se debe a que la cultura política histórica chilena es más europea que norteamericana. Es decir, los conceptos justicia e igualdad social están enraizados en la conciencia colectiva como parte importante de la cultura política heredada generacionalmente. No es casualidad que los protagonistas del estallido social que exigen desarrollo económico pero con justicia social, siguiendo el modelo europeo, sea la juventud. La firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución va en esta dirección y es, qué duda cabe, un enorme logro de la revuelta social inaugurando un proceso constituyente histórico con posibilidades reales para construir un país más justo y solidario.

La nueva Constitución debe contemplar el Estado social como eje central para que Chile se convierta en un país desarrollado pero de capitalismo inclusivo con "rostro humano" europeo; vale decir, con justicia social para consolidar la paz y la cohesión sociales. El enorme poder de facto económico-financiero, que cogobierna en la sombra en Chile, debe abandonar su bunker ideológico de capitalismo excluyente modelo norteamericano que, siendo el más rico del mundo tiene 60 millones de pobres y carece de cobertura universal en educación y salud.

La cultura política chilena no acepta este tipo de sociedad. Las grandes mayorías reivindican el capitalismo con rostro humano implementado en Europa ya hace más de siete décadas que, en Chile, se materializa en sueldos según el crecimiento económico y protección social universal y de calidad en vivienda, salud, educación y pensiones que sólo un Estado social, esto es, con capacidad financiera, puede garantizar.

En Chile no habrá orden público garantizado sin justicia social garantizada.

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