El precio de las filtraciones: Una amenaza al Estado de derecho

Alejandra Placencia Cabello

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Las filtraciones de información desde la Fiscalía se han vuelto un problema estructural, como reconoció el propio fiscal nacional, Ángel Valencia. Más que una falla administrativa, representan un ataque a la democracia y al derecho a la intimidad de todos los chilenos y chilenas.

Difundir conversaciones privadas sin relevancia para una investigación expone a las personas a juicios paralelos, amplificados por el sensacionalismo mediático, vulnerando derechos fundamentales y quebrantando la presunción de inocencia. Su gravedad es tal que nuestra legislación las tipifica como delitos.

La justicia debe ser transparente, pero también proteger sus investigaciones. No puede operar bajo una lógica de espectáculo ni alimentar filtraciones que distorsionan procesos judiciales. Cuando la Fiscalía permite la divulgación de información reservada, se rompe el equilibrio entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad con consecuencias éticas inaceptables.

El caso de la víctima que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve es un ejemplo de los riesgos de esta práctica: su identidad fue expuesta sin justificación, poniendo en peligro su integridad física y emocional.

Pese a los emplazamientos del Congreso y el rechazo ciudadano, el fiscal Valencia no ha frenado estas filtraciones ni sancionado a los responsables. La remoción del fiscal Cooper de la arista que surgió tras la filtración de los chats desde el celular de la diputada Karol Cariola es insuficiente.

Por eso, junto a diputados y diputadas del oficialismo, presentaremos una solicitud ante la Corte Suprema para exigir su destitución, esperando que se resuelva con celeridad. También exigimos que el fiscal Valencia corrija su gestión, hasta ahora marcada por la inacción. La confianza en la justicia está en juego y no hay margen para la indiferencia.