El precio del silencio: Corrupción, poder y la urgencia de reformas
Lord Acton, un historiador y político británico, decía que "el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Por eso, no es prudente que quienes poseen el poder económico compren el poder político y judicial. Si esto llegara a ocurrir, podría suceder que un abogado que representa los intereses de importantes políticos y empresarios del país sobornara a funcionarios públicos para obtener beneficios para sus clientes. Y todo esto, a cambio de yates, mujeres y ''piedras colombianas''.
La formalización del abogado Luis Hermosilla ha dejado al descubierto dos grandes problemas que deberían llamarnos la atención, y empecemos por el más evidente: Estamos frente a una red de corrupción que se extiende desde diversas esferas de poder, permeando las instituciones públicas. El señor Hermosilla parece ser solo un engranaje de esta red, que la justicia debe revelar utilizando todas las herramientas a su disposición. Pero vayamos por partes para entender mejor este caso.
¿Cómo llegamos a Hermosilla? Gracias a una investigación de Ciper se reveló un audio de una reunión en la que Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, y los hermanos Daniel y Ariel Sauer discutían sobornos y la manipulación de datos fiscales para montar un esquema de corrupción. Rápidamente se descubrió que la empresa de los hermanos Sauer, Factop, operaba emitiendo facturas falsas y simulando operaciones comerciales para lavar dinero. Hermosilla utilizaba los servicios de esta empresa para recibir grandes sumas de dinero, que luego empleaba en costear lujosos gastos personales, sin que el origen del dinero fuera fácilmente rastreable.
Dentro de esta serie de delitos, el cohecho es el acto de ofrecer o solicitar dinero a una autoridad o funcionario público para que modifique u omita alguna labor propia de su cargo. En este caso, Hermosilla y Villalobos pagaron a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República para obtener información confidencial y alterar registros relacionados con sus clientes.
Como mencioné, todo esto lo sabemos gracias a la filtración de un audio y la publicación de una investigación en un medio de comunicación, lo que permitió levantar alertas e iniciar una investigación por parte de la Fiscalía, que está desmantelando una gran red de corrupción. Si no fuera por esta investigación periodística, este grupo delictual seguiría lavando dinero, sobornando a funcionarios públicos y robando al Estado. A mi parecer, esto demuestra la necesidad de fortalecer la institucionalidad fiscal para identificar comportamientos sospechosos y adelantarse a posibles delitos tributarios.
Actualmente, la investigación de estos hechos e irregularidades tributarios recae en gran parte sobre el Servicio de Impuestos Internos en su labor fiscalizadora, pudiendo indagar en los movimientos bancarios de una persona o empresa para identificar posibles irregularidades. Pero para que esto suceda, se requiere de un procedimiento judicial que presente pruebas razonables de la comisión de un delito, pruebas que muchas veces son difíciles de obtener dada la protección que establece el secreto bancario sobre la información y los movimientos financieros. Este proceso, extremadamente rígido, dificulta la labor fiscalizadora de la institucionalidad tributaria y nos lleva a que la investigación de estos casos termine dependiendo de la prensa y el revuelo mediático que generen.
A nivel legislativo, el fortalecimiento de instituciones como el SII y la TGR, así como la flexibilización de los criterios para levantar el secreto bancario, son herramientas que nos permitirían no solo haber detectado antes el entramado de corrupción en torno a Hermosilla, sino también seguir de manera mucho más eficiente el dinero robado en casos como el del camión de valores Brinks, o identificar los mecanismos de lavado de dinero del crimen organizado. Para avanzar en mayor seguridad, como sociedad debemos estar dispuestos a ceder parte de nuestras libertades.
Al inicio de esta columna mencioné dos grandes problemas, así que vayamos al segundo: El sepulcral y disciplinado silencio que guarda un sector político importante ante los casos de lavado de activos, corrupción y cohecho cuando los implicados son cercanos a sus redes. Alguien podría inferir que se busca reducir los daños a costa de ocultar las redes que sustentan este tipo de delitos dentro del poder político y judicial. Y sobre este mismo silencio, me parece particularmente grave que se mantenga incluso ante las derivaciones más sórdidas de este caso, que revelan la baja estatura moral de toda esta red de corrupción, destinada a financiar fiestas con prostitutas y cocaína. Silencio peligrosamente similar al que se mantuvo durante semanas ante el caso de pedofilia de Macaya.
La derecha tiene dos caminos a esta altura: O asume el costo de denunciar los delitos de sus correligionarios, o bien renuncia a la aspiración de conducir y gobernar Chile.
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