El revanchismo de Piñera
El "oasis", como definición de Chile fue una de sus sonoras tesis autocomplacientes, dicha con su habitual grandilocuencia, una más de muchas afirmaciones de Piñera divorciadas de la realidad del país, palabras para el olvido.
Lo que no se borrará de la memoria colectiva fue la criminal represión a la multitudinaria movilización social del 18 de octubre y días posteriores, así como los errores garrafales en la respuesta a la pandemia del Covid-19, en particular, el mezquino apoyo a las familias que impuso el ex ministro Briones que llevó a la aprobación de 3 retiros sucesivos de los ahorros desde las AFP, lo que fue un alivio, pero no hizo más que financiar el costo de la crisis con los ahorros de la clase trabajadora, de los profesionales e intelectuales y de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Así también, de los costos sociales de Piñera no se podrá borrar la militarización de la macro zona sur, ante la gravísima tensión que se vive en la región y la nula acogida a las demandas del pueblo mapuche, por el contrario, la respuesta de Piñera fue marcada por el asesinato de Camilo Catrillanca. Con un constante mensaje represivo, el gobierno reavivó y encendió el racismo y las fuerzas de la confrontación.
El resultado fue la impopularidad que debe soportar a lo largo de la segunda mitad de su mandato y la presentación en los Tribunales de Justicia de diversas demandas por su responsabilidad en la violación masiva de los Derechos Humanos de centenares de manifestantes heridos gravemente por la brutalidad de la acción policial.
Nunca se olvidarán las mutilaciones sufridas por los jóvenes que perdieron sus ojos a causa de los perdigones disparados por millones desde las escopetas empleadas por las Fuerzas Especiales de Carabineros o los daños irreparables sufridos por Fabiola Campillai y otras víctimas a causa del impacto directo de las bombas lacrimógenas usadas para herir severamente a los manifestantes y no para reponer el orden público.
El rechazo de la ciudadanía a Piñera se expresó en que la desgastada alianza de gobierno que lo apoya, "Chile vamos", tuvo un rotundo fracaso en las elecciones de los miembros de la Convención Constitucional perdiendo el poder de veto que pretendían tener alcanzando más de un tercio de ellos.
Así, la voluntad popular rechazó la amenaza de bloqueo del proceso constituyente por el sector ultraconservador, ante ello, el piñerismo tomó la ruta de obstruir e intentar deslegitimar la Convención Constitucional, revivió la aviesa acusación de "tiranía de la mayoría", la misma y vieja frase del fascismo pseudo aristocrático contra Salvador Allende, es el revanchismo que anima a la derecha ante la voluntad popular que redujo su representación a una mínima gravitación y le quitó el poder de veto que les dio Pinochet en la Constitución del 80.
Asimismo, en la elección de los nuevos gobernadores de todas las regiones del país, obtuvieron sólo una de sus candidaturas. Con ello se consagró su condición de clara minoría en Chile. En este ámbito la respuesta de Piñera refleja el enconado revanchismo que lo mueve en los últimos actos de su fracasado gobierno. Con tal designio nombró a los antiguos intendentes en el cargo de "delegados presidenciales", que respaldados desde la administración central proceden a bloquear y menoscabar la instalación y gestión de los gobernadores recién electos.
Según ha denunciado Rodrigo Mundaca, el nuevo gobernador de Valparaíso, los delegados presidenciales actúan como "virreyes". Es la revancha de Piñera ante el ejercicio de la voluntad ciudadana que rechazó a sus candidaturas.
Así, en afán centralista y revanchismo, pretende bypasear a las autoridades electas y apuntalar burócratas incondicionales, repudiados en las regiones por su ineptitud y autoritarismo. Se ratifica que aún quedan meses de abusos de quien se creyó un portento, cuyo programa de gobierno no hizo más que falsas promesas.
El gobernante quiere mantener el control de la administración central del Estado para imponer sus intereses. Hace poco instalo a uno de sus incondicionales como opción presidencial con el propósito que si gana la derecha lo haga con un acólito protector de sus espaldas.
La última prueba del abuso de poder es la aprobación, por funcionarios subalternos de Piñera, del proyecto de la mina Dominga en la Comisión Ambiental de Coquimbo, un terno a la medida de cercanos amigos del gobernante cuyo gran objetivo es succionar nuevos recursos de las riquezas del país no importándoles desbaratar el ecosistema allí existente.
En la minera Dominga, Piñera juega una de sus últimas y siniestras jugadas, enfrentar a los trabajadores sin empleo con aquellos que sí lo tienen, movido por el afán que una montaña de dinero llegue a las arcas de sus aliados más estrechos.
Debiese implementarse la propuesta de Paula Narváez, de comprometer una ley que ponga término a los delegados presidenciales, que aparece como una muestra de coherencia democrática para respetar el reciente ejercicio de la soberanía popular y como una voluntad política efectiva ante la apremiante necesidad de asumir la descentralización del Estado en Chile.
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