Es tiempo de un acuerdo nacional para una Estrategia de Seguridad Nacional

Coescrita con Pablo Ortiz, investigador asociado CDC

"Si Chile es un buen negocio para el crimen organizado transnacional, entonces, debemos transformarnos en un muy mal negocio para los criminales"

La balacera en Quilicura que dejó como saldo cuatro menores de edad fallecidos, sumada a la balacera en Lampa donde perdieron la vida cinco personas extranjeras, y otras muertes relacionadas al crimen organizado, han vuelto a colocar la crisis de seguridad pública como prioridad en una agenda que el gobierno no ha logrado controlar y que ha superado las capacidades del Estado chileno.

Dicho lo anterior, se debe tener en consideración algunas ideas preliminares:

  1. La crisis de seguridad pública ha sido, y seguirá siendo, un tema que cada cierto tiempo se posicionará como prioridad en la agenda pública debido a la ocurrencia de algún evento que genere conmoción social
  2. Ante el impacto generado, la presión política y mediática, hemos respondido de manera reactiva a la crisis. En la actualidad, no contamos con la capacidad de actuar de forma anticipada o preventiva ante la expansión del crimen organizado y la evolución de sus estrategias. La crisis no solo ha sobrepasado al gobierno, sino también a toda la institucionalidad del Estado
  3. La crisis que hoy enfrentamos, sumada a otras amenazas a la seguridad que, por la urgencia no observamos -o a las que no prestamos la debida atención (ciberamenazas, terrorismo, entre otras)- exigen un cambio de enfoque por parte del Estado, uno que principalmente contemple la acción articulada de todas sus capacidades (trabajo interagencial). En la actualidad, observamos acciones independientes de cada agencia o servicio público, movilizando recursos de acuerdo con criterios que pocas veces son consensuados o compartidos con otros servicios que también son incumbentes
  4. Chris Rothery, en el contexto del debate sobre la necesidad de una estrategia de seguridad nacional para Nueva Zelanda, apunta a que durante la Guerra Fría la seguridad se consideraba un asunto exclusivo de las Fuerzas Armadas, las policías y los servicios de inteligencia. No obstante, en esta era caracterizada por la complejidad e incertidumbre generadas por diversas amenazas de distinta naturaleza y dinámica, el Estado ha debido replantearse la forma de garantizar la seguridad y el bienestar de la población
  5. Frente a la amenaza que representa para nuestro país el crimen organizado, contamos con una amplia gama de políticas sectoriales que, de forma independiente, buscan abordar la parte del problema que les compete, sin que necesariamente exista una estrecha colaboración, o derechamente, cohesión entre ellas. Entre estas políticas encontramos la estrategia para el combate contra el crimen organizado, los planes estratégicos de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile, y la política de migración y extranjería, por mencionar algunas. No obstante, no existe un marco de referencia (estrategia o gran política pública) que establezca las orientaciones que articulen las políticas y planes de todas las instituciones del Estado requeridas para abordar por ejemplo la amenaza del crimen organizado
  6. En general, todos los países desarrollados cuentan con una estrategia o gran política pública que define las amenazas a la seguridad nacional, tanto externas como internas. Esta estrategia establece objetivos, metas y responsabilidades para los distintos órganos del Estado, asegurando una acción cohesionada
  7. En este contexto, en relación con la crisis de seguridad pública que enfrentamos en lo que respecta al crimen organizado transnacional, debemos abordar, en el marco de una estrategia o gran política pública de seguridad nacional, la cuestión de cómo convertir a Chile en un país poco atractivo para el crimen organizado

En ese sentido, debemos definir cómo la institucionalidad del Estado abordará el problema del control fronterizo sin que la porosidad de las fronteras sea una excusa o un consuelo en el sentido de que "hicimos lo que se podía". A lo anterior se debe agregar el tema de la detección de actividades ilícitas, el patrimonio de las bandas criminales, el problema del control aduanero, la situación de la migración irregular y los casos con orden de expulsión que no se han materializado, así como el problema de un sistema de inteligencia adecuado para anticipar los movimientos de las bandas criminales.

Sobre cada uno de los nodos antes señalados se debe tener en consideración lo siguiente:

  • Según información de la PDI, las bandas criminales utilizan rutas alternativas para evadir los controles fronterizos establecidos en la frontera terrestre norte del país. En este contexto, resulta imperativo redefinir la estrategia de control fronterizo, articulando las capacidades de policías, FF.AA. y el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros organismos
  • Asimismo, somos conscientes de que el crimen organizado opera como verdaderas organizaciones transnacionales con redes que se extienden por toda América Latina. En este escenario, resulta imperativo contemplar el aprovechamiento de nuestra capacidad diplomática para generar instancias de cooperación con otros países involucrados, abordando de manera conjunta un problema que nos afecta a todos
  • Según lo señalado por la ministra Tohá, existen alrededor de 26.000 personas extranjeras con órdenes de expulsión pendientes de ejecución. Sin información sobre su paradero, resulta imperativo implementar medidas concretas para localizarlas y materializar las expulsiones
  • El atractivo de nuestro país para el crimen organizado se ve incrementado por la importancia de nuestros puertos en la movilización de contrabando desde y hacia Chile. En este contexto, resulta imperativo implementar medidas para un control estricto de la carga que entra y sale de nuestros puertos
  • Para atacar al crimen organizado donde más le duele, debemos aprovechar la institucionalidad existente y fortalecerla a través de los proyectos de ley en discusión. De esta manera, podremos atacar directamente el patrimonio y las actividades ilícitas que permiten a las bandas criminales obtener sus ganancias
  • Las cárceles ya no cumplen únicamente la función de confinamiento y sanción para quienes han infringido la ley. Como bien señala Pablo Zeballos, en la actualidad se han convertido en el vientre donde se gesta el crimen organizado. De hecho, todas las organizaciones criminales han tenido su origen en las prisiones. En este contexto, resulta imperativo reformular nuestra política carcelaria y modernizar Gendarmería, dotándola de las herramientas necesarias para ejercer un control efectivo sobre los recintos penitenciarios y evitar que estos se conviertan en centros de operaciones para las bandas criminales
  • En el ámbito de la inteligencia, luego de seis años de extensas discusiones, se hace imperativo avanzar a pasos acelerados hacia la implementación de un sistema de inteligencia moderno, ágil e integrado. Este sistema debe estar a la altura de los desafíos actuales y futuros que amenazan nuestra seguridad. Por ejemplo, Argentina, en siete meses, logró establecer las bases de una nueva arquitectura de inteligencia, según lo establecido en el Decreto 614/2024, comunicado esta semana.

Como indicamos previamente, creemos que llegó la hora de acordar un marco general para encauzar con racionalidad las acciones del Estado expresado en una "estrategia de seguridad nacional" que en concreto ordene, jerarquice y apure las acciones de todos los órganos y agencias estatales relacionadas con el ámbito de la seguridad.

Para abordar lo anterior, es necesario modificar el enfoque de la discusión. Tal como lo ha planteado, entre otros, el politólogo Juan Pablo Luna, quien sostiene que para enfrentar al crimen organizado debemos comprenderlo como un fenómeno global. Este académico ha explicado que la pandemia, el aumento del consumo de drogas a nivel mundial y la diversificación de los negocios ilegales son elementos clave para comprender una situación que está impactando a América Latina y a otras regiones del mundo. Por lo tanto, plantea que las soluciones aún están por construirse.

En el ámbito del impacto político de la seguridad, el Informe del Índice de Riesgo Político 2024, elaborado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, indica que los principales riesgos políticos serán de naturaleza transnacional, nacional o social. El ranking de este año ratifica que, en nuestra región, la principal amenaza y preocupación son la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no es ajeno a este panorama, evidenciando una nueva realidad delictiva asociada a organizaciones criminales de alta complejidad. Las cifras del Informe son alarmantes: 8 de cada 10 países con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en Latinoamérica y el Caribe.

Tal como lo ha advertido este Índice de Riesgo Político, América Latina enfrenta una "triple crisis": La de gobernabilidad, la de expectativas y la de certezas. La crisis de gobernabilidad se caracteriza por la baja confianza en las instituciones públicas y un creciente descontento con la calidad de los servicios que estas brindan. La crisis de expectativas, por su parte, radica en la incapacidad de los gobiernos para adaptarse a los cambios sociales. Mientras la ciudadanía opera bajo la lógica del siglo XXI, impulsada por la digitalización, el Estado y sus instituciones siguen anclados en la lógica del siglo XX. Finalmente, la crisis de certezas se ve agravada por el aumento del riesgo político, producto de la alta incertidumbre económica y política derivada de factores tanto externos como internos.

En síntesis, la problemática de la inseguridad y la extensión del crimen organizado transnacional reviste tal envergadura que nos exige, como sociedad, abordarla desde una perspectiva de Estado. En este desafío no cabe cabida para mezquindades o cálculos políticos de ningún tipo. Requerimos la máxima unidad política para dotarnos de una estrategia de seguridad que otorgue al Estado todas las capacidades necesarias para enfrentar con un nuevo enfoque a un enemigo invisible pero poderoso.

¡Es hora de un acuerdo nacional!

Referencias bibliográficas

- Rothery, Chris (2019). Time for a National Security Strategy. National Security Journal, Volume 1, Issue 1, October 2019.
- Zeballos, Pablo (2024). Un virus entre sombras. La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Editorial Catalina.
- Sahd, Jorge, Zovatto, Daniel, Rojas, Diego Rojas. Informe de Riesgo Político en América latina 2024. Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica (PUC). 2024.< /p

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