¿Falló el diseño político del Gobierno?
Llevamos casi 60 días del nuevo gobierno, pero parecen muchos más. Este comenzó con un respaldo del 58% ciudadano, hoy ese apoyo se desplomó al 38%. Esta baja en la adhesión ha sido en caída libre. ¿Por qué el Gobierno ha perdido tanto terreno? Sin duda, la instalación no ha sido del todo pulcra y el diseño político implementado por la "famosa" OPE no funcionó.
En estos dos meses de gestión no se ve un Ejecutivo proactivo, ni tampoco eficaz. Más bien, se percibe un gobierno sobrepasado por los errores propios. Es una ironía completa: el gobierno que venía a poner orden, se ve completamente desordenado. Y, hasta aquí, con toda franqueza, la oposición no ha hecho falta.
Por cierto, la élite política sabe bien que en los tiempos que corren los gobiernos democráticos deben tener capacidad de respuesta. A diferencia de otras épocas, hoy están sometidos a la exigencia de la inmediatez ante las demandas ciudadanas. Ya no existe espacio ni paciencia para esperar largos procesos de instalación. Más aún, para un gobierno que generó muchas expectativas de cambios rápidos y profundos.
Pues bien, entonces ¿qué ha sucedido? Se podría decir que la estantería gubernamental está crujiendo en cuatro áreas claves: en la gestión (y rol) del llamado Segundo Piso, en la vocería, en la conducción política del gabinete y el no ponderar el impacto de las medidas y el enfoque económico adoptado. Veamos.
En primer lugar, el equipo de asesores presidencial ha tomado un protagonismo inusitado. Quizás sin buscarlo, pero lo que sucede en el segundo piso del Palacio de La Moneda ha terminado por definir buena parte de la agenda gubernamental. En los hechos, el jefe de asesores del Presidente, Alejandro Irarrázaval, se ha convertido en un actor político de primera línea y parece un ministro del Interior de facto. Así lo demuestran las críticas del propio oficialismo, como el mismísimo presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, al señalar los errores cometidos por el segundo piso.
Segundo, la vocería ha tenido dificultades para comunicar los hitos de la gestión. Más allá de los errores de la ministra Sedini, lo que queda de manifiesto es la falta de claridad de lo que el gobierno ha querido implementar. Prueba de esta confusión en el relato comunicacional fue la idea del "Estado en quiebra" emanada de la Secom, la ausencia de una estrategia integral en seguridad o la explicación del oficio de Hacienda que instruía descontinuar y recortar un conjunto de programas sociales. El Ejecutivo olvidó rápido lo que hizo muy bien en campaña: comunicar para persuadir y convocar.
En tercer lugar, sobre la conducción política, el Gobierno parece no tener quilla. El modelo del Segundo Piso y los errores de la comunicación dan cuenta de un tercer problema mayor, que es la falta de una conducción política firme. El comité político no conduce y todo indica que pesa más lo que se resuelva en Teatinos 120.
Y en cuarto lugar, obviar el impacto de las medidas económicas sobre la gente. La decisión de traspasar el costo del alza del petróleo a las personas ahorró casi 1.000 millones de dólares al fisco, pero encareció el costo de la vida y ha generado incertidumbre sobre el futuro. Si esta medida ya fue difícil de recibir, ahora el Gobierno ha notificado que reducirá el gasto fiscal inclusive en programas que benefician directamente a las personas y sus familias. El ministro de Hacienda está aplicando la receta sin tapujos, pero omite el efecto en la calle.
Dicho todo lo anterior, vale la pena preguntarse ¿hacia dónde va La Moneda? Hasta el minuto, no está claro. Más allá de la expresión de voluntades de las derechas que apoyan al gobierno de José Antonio Kast, no es posible sostener que exista una articulación fluida con todo el oficialismo y menos un diálogo con la oposición para conducir el buque hacia un puerto seguro.
Sólo queda una idea meridianamente clara y es que el Gobierno ha apostado su futuro a la tramitación y aprobación del proyecto de reconstrucción, que contiene una reforma tributaria como eje central y un conjunto de "flecos" de diversa índole. Sin duda, se trata de una apuesta arriesgada que se parece bastante a lo que hizo el gobierno anterior con esperar el resultado del primer proceso constitucional. Ya sabemos lo que pasó.
En lo de fondo, la propuesta del proyecto de reconstrucción se basa en un modelo de libre mercado con fuerte disciplina macroeconómica y un Estado limitado. Su coherencia teórica se alinea bastante con lo que ya conocimos en la década de los '80. El problema de esta mirada economicista no es su rigor "técnico", sino la incapacidad para observar que se daña la confianza y la legitimidad democrática en una sociedad donde la ciudadanía exige no solo crecimiento económico, sino también mayor protección y equidad social como parte de una misma ecuación.
El problema del enfoque del ministro Quiroz es que no se hace cargo de toda la realidad: en nuestro país persisten altos niveles de desigualdad, demandas por derechos sociales y restricciones impuestas por la economía nacional y global que afectan a la sociedad en su conjunto. Y el riesgo de este sesgo ideológico es evidente: que amplios sectores perciban que el sistema político responde más a élites económicas que a la ciudadanía.
El diseño inicial del Gobierno falló. Tiene la oportunidad de rectificar el rumbo. Por ello, haría bien en recordar que las democracias occidentales consolidaron el rol del Estado como garante de gobernabilidad política, estabilidad económica y cohesión social. La intervención estatal es necesaria para corregir fallas del mercado y evitar crisis sistémicas. Esta perspectiva dio origen a un Estado activo, donde la política define marcos regulatorios, redistribuye ingresos, propicia oportunidades y estabiliza ciclos económicos para un mejor bienestar general. No es el Estado contra el mercado o viceversa, sino más bien la política que persigue el bien común.