No se puede pedir más esfuerzo a las familias y menos Estado a los municipios
En Chile, el debate económico suele quedarse en los grandes titulares: crecimiento, inversión, impuestos, déficit. Pero en las comunas populares las políticas no se viven en abstracto, sino que se hacen notar cuando la micro demora más, cuando el combustible sube, el traslado cuesta más caro, la pyme vende menos o el adulto mayor necesita más apoyo, porque apenas sobrevive. Definitivamente se nota cuando el municipio debe responder a esas necesidades con menos herramientas para generar políticas públicas que mitiguen estos efectos sobre la calidad de vida de las personas. Por eso preocupa el sentido del paquete económico que hoy se está impulsando. Porque mientras se plantea un alivio tributario, al mismo tiempo se propone una reducción del tamaño del Estado como camino al crecimiento.
La discusión sobre contribuciones es un ejemplo claro. Nadie puede oponerse, por principio, a debatir mecanismos de alivio para personas mayores. Pero una cosa es avanzar en justicia tributaria y otra distinta es debilitar el financiamiento municipal sin compensación suficiente. Respecto del beneficio de las personas mayores, es importante dejar claro que estaríamos beneficiando a cerca de 207.000 personas mayores, de los aproximadamente 3 millones de ellos, quienes además perciben ingresos superiores a $2.000.000 mensuales, es decir, a las personas mayores más ricas de Chile, y a costa de la reducción del gasto social focalizado de las personas más pobres, por lo que la propuesta es regresiva.
Los antecedentes técnicos son claros. El Fondo Común Municipal (FCM) no es una caja marginal: es el principal mecanismo de redistribución solidaria entre comunas, creado para que los municipios con menos ingresos propios puedan funcionar. Del total del FCM que reciben los municipios, el impuesto territorial representa 57,51% de esos fondos. Dicho de otra manera, cuando se debilita la recaudación por contribuciones, no solo pierde una municipalidad; pierde también el sistema solidario que sostiene a las cientos de comunas más pobres.
En el caso de La Cisterna esto no es una abstracción. Para 2026, la comuna tiene una estimación de M$7.546.007 por FCM y M$1.332.681 por anticipo de impuesto territorial. A eso se suma una realidad demográfica evidente: La Cisterna envejece. Según los antecedentes comunales del Censo 2024 que hemos revisado, hay una mayor presencia de personas mayores y una trayectoria sostenida de envejecimiento, lo que vuelve todavía más relevante el efecto que una exención de contribuciones puede tener sobre la base financiera local.
Si se toma como techo referencial el universo de exposición más alto sobre la recaudación territorial, la merma local directa para La Cisterna puede estimarse en torno a $140 millones anuales. Y si además se considera la advertencia pública de que la eliminación de contribuciones implicaría una pérdida de US$200 millones para el sistema municipal, frente a una reposición de solo US$130 millones, entonces quedaría un déficit de US$70 millones en el FCM. Aplicado al coeficiente anual de La Cisterna, ese faltante representa del orden de $178 millones anuales para nuestra comuna.
Dicho en simple: el techo de exposición total para La Cisterna puede bordear los $318 millones al año. No estamos hablando de una cifra simbólica, sino de recursos que pueden marcar la diferencia entre sostener o postergar inversión barrial, seguridad, mantención urbana, apoyo social, espacios públicos y programas que hoy son imprescindibles para miles de vecinos y vecinas.
Más aún, el debate tributario actual tampoco ocurre en un vacío distributivo. Hacienda informó este año que 79,1% del costo fiscal, de bajar un punto del impuesto de primera categoría, beneficia al 1% de contribuyentes de más altos ingresos. Entonces, mientras arriba se concentran beneficios, abajo se arriesga menos Estado, menos municipio y más dificultad para sostener la vida cotidiana.
Desde La Cisterna nuestra posición es clara: cualquier reforma que modifique contribuciones o reduzca la recaudación territorial debe incluir una compensación total, permanente y verificable al sistema municipal. No basta una promesa general ni una reposición parcial. Con el FCM no se juega, porque cuando se debilita ese fondo, se debilita la capacidad del Estado local para proteger a quienes más lo necesitan.
Chile no necesita menos municipios; necesita gobiernos locales fuertes, con recursos estables, capaces de responder en seguridad, infraestructura, apoyo social y desarrollo local para sus comunidades de acuerdo con sus necesidades. En vez de conversar sobre compensaciones al FCM, debiéramos estar planteando una nueva Ley de Rentas que entregue recursos a los municipios de acuerdo con su realidad socioeconómica, para dejar de administrar pobreza y detener la reproducción de la desigualdad estructural.