El proyecto de Presupuesto para el 2017 terminó por darle el tiro de gracia al Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un siniestro instrumento neoliberal implementado por la dictadura en 1981 para financiar con recursos públicos a las entonces nacientes universidades privadas.
Ya el año pasado, durante la discusión del erario público para este 2016, logramos como Bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana reducir en un 50% los recursos asignados a este ítem y reasignar la diferencia a gratuidad.
La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de sepultar el AFI constituye un triunfo histórico del movimiento estudiantil, espacio al que pertenecí desde la Universidad de Chile y que desde 1995 luchamospara terminar con este injusto instrumento.
25 años después de la creación del AFI queda nítidamente establecido que fue un símbolo brutal de las concepciones neoliberales llevadas al ámbito de la educación, donde las instituciones recibieron un monto de dinero por la matrícula de alguno de los 27 mil 500 mejores puntajes de las pruebas de selección.
Por ejemplo, el Grupo de empresas Laureate, controladora de la Universidad Andrés Bello, obtuvo en los 6 últimos años un poco más de 3 mil 500 millones de pesos. Y esa cifra aún es más infame, porque dicho conglomerado retiró utilidades obtenidas con fondos estatales.
Siempre argumentamos que el mecanismo era discriminatorio, porque la gran mayoría de los “elegidos” provenía de establecimientos privados, quienes en general, además, pagaron por un preuniversitario.Con el término del AFI se acaba el subsidio estatal a las universidades privadas de la cota mil de Santiago. Suponemos que esos aportes serán suplidos por los mecenas de las grandes empresas.
El AFI, al subsidiar la demanda de manera indirecta, fortaleció la inequidad de trato entre las mismas instituciones de educación superior. Se robusteció el lucro de las universidades privadas instaladas en la zona oriente de la Región Metropolitana, en desmedro de las estatales de regiones, cuna de profesionales de alto valor, quienes han contribuido sustantivamente al desarrollo local mediante la investigación y vínculo con la ciudadanía.
El fin del AFI debe ser tomado como un ejemplo de voluntades para re democratizar la educación superior mediante el fin de leyes discriminatorias que solo promovieron el lucro con subsidio estatal.
Esperamos que los 12 mil millones del AFI sean destinados a Aporte Fiscal Directo con énfasis en las universidades del Estado o al Convenio marco de universidades estatales.
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