Frente al agravamiento de la crisis nacional

La férrea defensa de las AFP, y de los controladores del mercado de capitales, por parte del Gobierno al recurrir al Tribunal Constitucional para impedir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, es un nuevo peldaño en la agudización de la crisis social y política que vive Chile.

La decisión de Piñera ha terminado por quitar todo rol y trascendencia a los partidos que formaron su base de apoyo, en especial, RN, como también los escasos ministros de opinión diferente, impotentes de hacerse escuchar por el gobernante para advertirle la tormenta que estaba desencadenando sobre su propio rol de líder o máxima autoridad de la coalición en el poder. Ante ello, una parte decisiva de su representación parlamentaria de derecha votó expresamente en contra, quedando Piñera y su exiguo apoyo de oligarcas y financistas más aislados que nunca.

A su vez, la crisis política y social pone de manifiesto las insalvables limitaciones institucionales del Congreso Nacional, impuestas en la Constitución del 80, debido a que sus dos cámaras, aprueban por un gigantesco quórum superior a 2/3 de sus integrantes, y aun así la reforma constitucional es sometida a una tercera cámara, el Tribunal Constitucional, cuyo composición son 10 personas que en resolución anterior sobre la misma materia empataron a cinco y resolvió el voto dirimente de la ex jefa de gabinete del gobernante.

Se trata de la supremacía sin contrapeso del Presidente de la República en el ordenamiento institucional chileno que el ex mandatario Patricio Aylwin denominó "cesarismo presidencial". No existe otro lugar en el planeta en que el Parlamento sea humillado y menoscabado con este grado de pertinacia. En consecuencia, el país quedó a merced de la voluntad arbitraria y soberbia del gobernante.

Piñera abusa de ese inmenso poder. Ante ello, la gente sale a protestar porque siente la soberbia y la humillación que esto significa. La crisis se agrava porque el gobernante se enriquece cada día más, la codicia es su motor, siempre dispuesto a reprimir brutalmente la protesta social que adquiere radicalidad ante la ineptitud e insensibilidad del gobierno.

Hay quienes se entusiasman y subjetivizan, creyendo que la crisis lo derribará. En ese optimismo se confunde peligrosamente el gobierno con el Estado. De hecho, el cambio de gabinete al inicio del estallido social fue un verdadero cambio de gobierno, porque cambiaron las áreas fundamentales de la administración, pero no se desplomó el Estado. Desde el estallido social a la fecha se ha confirmado que en Chile el Estado resiste mucho más de lo que habitualmente se cree. Hay que tenerlo presente para saber dónde se ubica la contradicción fundamental y definir el objetivo principal.

La Convención Constitucional es la tarea de las tareas del conjunto de los demócratas chilenos, sean de izquierda, centroizquierda o de centro, con el objetivo de asegurar el término de la Constitución del 80, la estructura institucional que es la base de la desigualdad y los abusos de poder.

Con esa perspectiva son centrales dos metas interdependientes: Impulsar la masiva participación en los comicios del 15 y 16 de mayo, para lograr la redacción de la nueva Constitución, nacida en democracia, en la Convención Constitucional. En el segundo semestre el gran objetivo será alcanzar una gran victoria democrática en las elecciones presidenciales y conseguir el cambio que Chile requiere en la conducción del Estado.

Hay que estar alertas, el Gobierno agrava la crisis y puede recurrir a nuevas provocaciones, porque aún rige la Constitución del 80 como odioso legado de Pinochet, resulta imperioso derogarla, logrando la elección, puesta en marcha y redacción de la nueva Constitución en la Convención Constitucional. Esa es la misión crucial, el destino democrático de Chile está unido a la tarea de lograr una nueva Constitución, surgida de las multitudinarias movilizaciones sociales de octubre-noviembre de 2019.

El desafío es sacar la herencia opresiva que brota del Estado subsidiario hecho para garantizar que la concentración de la riqueza se produzca día tras día y que si la protesta ciudadana se descontrola enfrentarla brutalmente. Es el Estado hecho por las fuerzas ultraconservadoras que ahoga el ejercicio de las libertades e impide avanzar hacia la justicia social.

Piñera está atrincherado en normas constitucionales autoritarias, insostenibles del punto de vista democrático, pero no le importa porque teme el futuro por su responsabilidad en las violaciones a los Derechos Humanos, esa ansiedad lo impulsa a amasar más fortuna, a la obsesión de incrementar su riqueza personal, mientras el país mira como destruye la convivencia nacional y la estabilidad democrática.

En medio de su aislamiento, rodeado por las voces de intereses mezquinos, el gobernante cualquier día, movido por los halagos de incondicionales y la incitación de crueles oligarcas, puede ceder a la tentación de intentar un golpe de fuerza, por eso, hay que asegurar la Convención Constitucional primero y las elecciones presidenciales después, esas son tareas esenciales para abrir paso a un nuevo modelo de desarrollo que permita articular el progreso del país con la justicia social.

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