¿Gobernar desde la urgencia?
Por estos días, el gobierno de José Antonio Kast ha instalado con fuerza una idea: Chile estaría en una situación de emergencia que justificaría decisiones rápidas, duras y -según se insiste- inevitables. Esta puesta en escena no es casual. Hablar de un "gobierno de emergencia" no solo ordena prioridades; también construye un marco que reduce el espacio para el debate y busca legitimar ajustes profundos sin mayor deliberación democrática. Así ocurrió, por ejemplo, con el retiro de más de 30 tomas de razón de decretos supremos en materias medioambientales, al día siguiente de asumir.
Por un lado, se plantea que "Chile se cae a pedazos"; por otro, se debilita la institucionalidad ambiental. Pero no es el único ámbito. Mientras la agenda pública se llena de declaraciones y gestos simbólicos, decisiones estructurales avanzan en silencio. La más relevante es el recorte fiscal del 3% a todos los ministerios, instruido por Hacienda bajo el liderazgo de Jorge Quiroz. En la práctica, esto significa menos Estado justo donde más se necesita.
Los datos de la Casen son claros: los primeros quintiles de menores ingresos depende en gran medida de subsidios y transferencias estatales para sostener condiciones mínimas de vida. No se trata de apoyos accesorios, sino de pilares de subsistencia, especialmente en hogares con mayor presencia de niños, niñas y personas mayores.
El impacto es concreto. En salud, un recorte superior a los $500 mil millones no es un "ajuste", sino una redefinición de prioridades en un sistema ya tensionado. En educación, afecta directamente infraestructura, dotación y acceso. En vivienda, la consecuencia es evidente: menos recursos, menos soluciones, más espera.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo se recorta a esta escala sin afectar derechos básicos? No hay respuesta clara, porque en rigor no es posible hacerlo sin trasladar el costo a quienes dependen del Estado para vivir.
Nuestro país enfrenta problemas persistentes: transmisión de la pobreza, endeudamiento, expansión del narcotráfico y desigualdad. Precisamente por eso, resulta preocupante que las medidas no apunten a resolver estas brechas, sino que debiliten las herramientas públicas para enfrentarlas.
Aquí radica el fondo del problema. No se trata solo de un ajuste fiscal, sino de una redefinición del rol del Estado. Cuando el Estado se retrae, el mercado avanza. Y ese desplazamiento no es neutro: redefine quién accede a derechos y en qué condiciones.
El énfasis en seguridad, orden y urgencia cumple así una función política: desplazar la discusión. Bajo ese marco, se ejecuta un rediseño silencioso del gasto que impacta directamente a las mayorías. No es solo economía; es una definición ideológica sobre quién garantiza derechos.
Y surge una tensión difícil de ignorar: si estamos ante una emergencia que exige sacrificios, ¿por qué no comienzan por las propias autoridades? Resulta incoherente exigir austeridad mientras se incumplen compromisos como la reducción del sueldo presidencial o se habilitan mejores condiciones para asesores y altos cargos. De hecho, el gobierno elevó el techo para el pago de asesores de confianza: de $5,5 millones en la administración anterior a $9,9 millones.
Porque, en definitiva, lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino la coherencia entre discurso y acción. Y hoy esa coherencia no está. La urgencia deja entonces de ser una necesidad para convertirse en una excusa: ajustar, una vez más, por el lado de las mayorías.
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