"El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, en la cual vemos el mundo que ha estado durante demasiados siglos contado por hombres (...) así que les pido, encarecidamente, particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio y que al final de nuestro gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado".
Estas palabras, pronunciadas por el recién asumido Presidente Gabriel Boric en el marco del Encuentro Interministerial para las Políticas de Género el 8M pasado, resumen de buena manera el nuevo escenario en el que nos encontramos: pasar de las declaraciones a la acción.
Hoy por hoy resuenan fuertes palabras como paridad, equidad, igualdad. ¿Cómo hacemos para que no sean sólo un discurso y se transformen en realidad?. La nueva conformación del mapa político es una buena muestra de pasos concretos y de cómo el feminismo ha permeado las distintas capas de la sociedad.
Para hablar de paridad y de igualdad en el Estado o en sus distintos espacios han sido necesarias varias décadas, movimientos y luchas que han permitido llegar a la situación actual: Constitución paritaria, gabinete ministerial paritario, que se hable de avanzar hacia la paridad en los equipos directivos de nuestras universidades y que cada vez más mujeres accedan a puestos de toma de decisión y liderazgo, espacios de poder hasta ahora ocupados mayoritariamente por hombres.
Sabemos que las mujeres representamos la mitad de la población mundial, sin embargo las mujeres hemos tenido que luchar por defender el derecho a voto, al acceso universitario, el acceso a cargos de elección popular e incluso, el transitar seguras por las calles y espacios públicos.
Las señales que se están presentando desde el nuevo Gobierno son potentes y muy significativas. No sólo por la paridad del gabinete y la incorporación de más mujeres en los cargos de toma de decisión, como las 14 ministras y 19 subsecretarias. Si miramos el cambio de mando, desde la diplomática rapanui y jefa de protocolo, Manahi Pakarati, hasta las dos carabineras, Lorena Cid y Bárbara Barrera, quienes acompañaron al Presidente Boric hasta La Moneda, luego de asumir el cargo en el salón de honor del Congreso Nacional.
Estamos presenciando un momento político y social en que las históricas y antiguas deudas con las mujeres comienzan, lentamente, a saldarse, pese a lo mucho que nos queda por avanzar. El cambio de mando también estuvo marcado por poderosos gestos.
Pero no sólo en política el escenario va cambiando. En el mundo de la educación superior, la Universidad de Chile -en sus 180 años de historia- ha tenido 30 rectores, todos hombres. Hoy son dos las mujeres que aspiran a ser la máxima autoridad de la universidad más importante del país. La actual vicerrectora académica, Rosa Devés; y la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Kemy Oyarzún, estarán en la papeleta de las elecciones junto a dos hombres.
¿Casualidad? Sin duda, no. Desde 2019 que las universidades estatales han avanzado en incorporar como máximas autoridades a mujeres, cambio que ha estado avalado por comunidades que apoyan e impulsan esos cambios.
Sabemos que los gestos y símbolos son importantes, pero no suficientes, será necesario que vayan acompañados de políticas públicas que los sustenten. Y, sin duda, de una mirada integral de las nuevas autoridades, principalmente de los hombres, para integrar y comprender a cabalidad los conceptos como paridad, igualdad y enfoque de género.
En estos días en que vivimos aires esperanzadores, es más necesario que nunca que cada una y cada uno de quienes formamos parte de esta sociedad, contribuyamos desde nuestras áreas, territorios y capacidades, para que estos simbolismos, se transformen en lo que tanto anhelamos: igualdad.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado