Hablemos en serio

Esta semana los ciudadanos fueron testigos de cómo el ministro del Interior recurrió a Google para justificar su afirmación de que organizaciones terroristas internacionales tienen vínculos con Chile.

No es serio que la segunda autoridad del país utilizara ese burdo recurso para sacar adelante en el Senado  un artículo específico para entregar mayores facultades al Ministerio Público y las policías porque seamos claros aquí no se cambió la Ley Antiterrorista.

Como miembro de la comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado asumí mi responsabilidad de votar en contra, pero también de advertir a mi bancada del PS y del resto de los partidos de la oposición que no podíamos dotar de mayores facultades al Ministerio Público que hoy está seriamente cuestionado, especialmente en lo que se refiere a las escuchas telefónicas.

Por otro lado está Carabineros que no sólo ha debido responder por casos de corrupción al interior de la institución, sino que además se vio envuelto en investigaciones altamente reprochables por cómo se enfrentaron. Aquí estamos hablando que se implantaron pruebas falsas para incriminar a terceros y así lo vimos en la Operación Huracán y en el caso de Catrillanca.

Mi decisión de rechazar la solicitud del gobierno no es ideológica, sino que se sustenta en el hecho de que hoy no hay nada que fundamente la idea de que entregándole a las policías mayores atribuciones como agentes encubiertos, informantes o interceptación de comunicación se podrán evitar acciones terroristas.

Condeno enérgicamente los hechos registrados recientemente como el atentado a una comisaria de Carabineros, pero como sociedad es nuestro deber buscar y mejorar la institucionalidad que avance hacia un sistema de inteligencia real y efectivo.

Aquí no sólo podemos tratar los síntomas, sino que debemos enfrentar junto a sociólogos y académicos las razones de por que existen o puedan eventualmente operar grupos organizados que buscan generar terror en la población.

Lo que no puede ocurrir en Chile es que una norma que nació  en dictadura, termine restringiendo la libertad de expresión de las personas, pues hay ejemplos en el mundo donde usuarios corrientes de las redes sociales, periodistas, activistas e incluso twitteros han sido procesados por motivos de seguridad nacional.

Aunque la amenaza del terrorismo es real y es deber de la autoridad proteger la seguridad nacional, eso no puede llevar que su aplicación termine humillando a ciertos grupos, porque parece ser que las nuevas facultades que pidió el gobierno tienen como único fin perseguir a los comuneros mapuches de la Araucanía.

Entonces vuelvo al inicio, le pido seriedad al gobierno porque si realmente les preocupa el terrorismo, lo que necesita el país es una nueva institucionalidad de inteligencia que sea profesional, integra y donde exista una real coordinación entre los organismos de inteligencia y las policías, lo demás es una falacia para salir del paso.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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