¿Habrá tantas vacas en Chile?

El asunto es sencillo. Si hay un colegio público de excelencia y gratuito en cada barrio, instalar un colegio privado simplemente no resulta buen negocio, por mucho subsidio que se ofrezca a la demanda. Eso lo sabe todo el mundo y especialmente los empresarios privados de educación.

Distinto es el caso de colegios particulares con una orientación determinada, por ejemplo, religiosa, filosófica, cultural, de colonia, social, etc. Ese tipo de establecimientos siempre han existido y seguirán existiendo, con o sin subsidio; nadie se opone a que los reciban si son buenos.

El problema de la educación, por lo tanto, nunca ha sido de libertad de enseñanza o apoyo público a proyectos de educación particulares. En ese punto todos coinciden.

El problema ha sido un esquema que ha pretendido reemplazar el sistema de educación pública por empresas privadas con fines de lucro, lo cual evidentemente solo es posible en la medida que desmantele el primero para abrir espacio al segundo.

Esa ha sido precisamente la esencia de la LOCE y todos sus mecanismos relacionados, la municipalización, el financiamiento mediante vouchers iguales, el financiamiento compartido, etc. Los nuevos entes raros que el gobierno propone se hagan cargo de los colegios es más de eso mismo.

Por este motivo, precisamente, es que hay una resistencia tan terca a lo que exige la abrumadora mayoría del país: la reconstrucción de un servicio nacional de educación pública, moderno, centralizado y descentralizado al mismo tiempo, que en breve tiempo instale un colegio público gratuito de excelencia en cada barrio de cada ciudad y pueblo de Chile. Como hicimos durante el siglo veinte.

Ante el avance arrollador de esta idea sencilla, impulsada por el más gigantesco movimiento estudiantil de la historia, se levantan voces anunciando el fin del mundo si se termina el lucro en educación, que es otra manera de expresar la idea recién expuesta.

¡Que va a quedar un millón de estudiantes sin colegio!

¡Que se va a atentar contra miles de pequeños empresarios de la educación, en su mayoría profesores!

Siempre los sectores conservadores afirman que el estado de cosas actual no se puede modificar. Cuando el Gobierno Popular propuso dar medio litro de leche a todos los niños chilenos, la derecha preguntó si había tantas vacas en Chile.

Ahora chillan con una sola voz ¡No se puede terminar con el lucro en la educación!

Nada más falso. Se puede reconstruir el sistema nacional de educación pública gratuito en breve tiempo, sin un aumento significativo del gasto público, sin que quede un solo niño sin colegio y respetando escrupulosamente los derechos de los empresarios que creyeron en el esquema anterior e invirtieron en educación; incluso, se les pueden abrir mejores oportunidades de negocios.

Adicionalmente, desde luego, con un enorme avance en las condiciones de trabajo del gremio más vilipendiado de Chile, al cual se ha pretendido cargar con todos los problemas de un esquema privatizador fracasado: el noble y sacrificado profesorado chileno, constituido en más de dos terceras partes por mujeres.

Una forma sencilla en que se puede realizar la transición consiste en que el Estado asuma directamente la gestión de todos los profesores que ya paga, tanto en el sector municipal como en el particular subvencionado.

Como se sabe, la subvención a estos últimos supone que se paga a los profesores un salario igual al de los municipales, lo cual ciertamente no ocurre. En otras palabras, pasar todos los profesores de los colegios municipales y particulares subvencionados a ser funcionarios del nuevo servicio nacional de educación pública representa para los últimos un beneficio extraordinario ¡Y para el Estado no significa costo adicional puesto que ya está haciendo este desembolso!

Eso se hace sencillamente por decreto, como se hizo en España hace algunos años. De este modo quedará constituido en lo fundamental el nuevo servicio de educación pública, es decir, con todo su personal docente ya distribuido en el territorio, incluso con su alumnado respectivo, que es lo esencial. Desde el punto de vista de estos últimos no hay cambios, puesto que siguen con sus mismos profesores, solo que estos dependen ahora del nuevo servicio de educación pública.

Adicionalmente, hay que proceder a establecer las estructuras de supervisión y dirección del nuevo servicio docente a todo nivel, asegurando la debida participación de los poderes locales y las comunidades escolares en su gestión.

En dicha estructura tiene cabida por cierto todos los actuales supervisores, directores de colegios, etc., que trabajan en el sector particular subvencionado, los que igualmente son pagados por el Estado y pueden pasar directamente a depender del nuevo servicio.

Lo principal en este asunto es que la nueva estructura docente del nuevo servicio sea definida por educadores y no por economistas que de educación no tienen idea y ya han hecho suficiente daño al sector.

Luego hay que resolver el tema de los servicios anexos a la educación, como los edificios, computadoras, aseo, alimentación escolar, bibliotecas, etc. Todo esto se puede resolver con la participación del sector privado. Es la única cosa buena del intento de privatización forzada e los últimos treinta años: se ha desarrollado una industria privada que puede proveer estos servicios.

Empezando por los edificios, que si bien han sido financiados por el Estado mediante generosos subsidios son hoy de propiedad privada de los llamados "sostenedores," terminacho poco elegante que felizmente quedará solo como un mal recuerdo.

Sin embargo, ellos tienen por contrato la obligación de destinar dichos edificios a fines educacionales por un plazo prolongado, treinta años o así.

El nuevo servicio puede proceder a arrendar dichos edificios a una tarifa que garantice una rentabilidad razonable a las inversiones propias de su propietario en los mismos, descontado desde luego el subsidio fiscal aportado. Eso dará a los actuales "sostenedores" un ingreso más que interesante, por muchos años, y luego quedan como propietarios del terreno y edificio y sin obligaciones. No parece mal arreglo para la mayoría.

Adicionalmente, muchos sostenedores son efectivamente profesores, que pueden quedar como directores de colegio u otros cargos en el nuevo servicio, contratados como funcionarios, lo que para muchos puede ser un buen arreglo, especialmente para los pequeños.

Además, habrá que contratar los demás servicios anexos, algunos de los cuales lo pueden proveer quizás los mismos sostenedores. De hecho, este mercado se puede ampliar a los actuales colegios municipales, con lo cual se abre al sector privado un amplio espacio de legítimo lucro en el sistema educacional ¡Pastelero a tus pasteles!

Sin perjuicio de todo lo anterior, el paso de los actuales colegios subvencionados al nuevo sistema público debería ser sobre una base estrictamente voluntaria. En otras palabras, aquellos que deseen continuar operando en las mismas condiciones actuales, deberían poder hacerlo.

Ciertamente, optarían por esta alternativa todos los colegios subvencionados sin fines de lucro, como los pertenecientes a iglesias y otros. Posiblemente, algunos colegios subvencionados con fines de lucro - los menos probablemente - considerarán que pueden continuar funcionando aun en las nuevas condiciones en las cuales deberán competir con un colegio público gratuito de excelencia en su mismo barrio.

En cualquier caso, parece adecuado promover que en la decisión de seguir o no como colegio particular subvencionado en las nuevas condiciones participe toda la comunidad escolar y no solo el "sostenedor."

De la manera expuesta, se puede garantizar una transición indolora al nuevo sistema de educación pública gratuita, el que se reconstruye sin destruir nada de lo existente, incluido lo que se ha construido en las últimas décadas, sino por el contrario sobre la base de aquello, como debe ser. Ciertamente es solo un camino entre los muchos posibles para otear este gran objetivo nacional.

Seguramente los expertos en la materia pueden sugerir caminos mucho mejores para lograr al mismo fin. Lo importante es precisar que si se quiere, se puede.

El país acaba de realizar un cambio mucho mayor: el nuevo sistema de justicia. Lo hizo muy bien, apoyado en un consenso de todos los sectores. Es precisamente lo que hay que hacer con la educación.

¡Es el momento de hacerlo!