Hacia la Asamblea Constituyente

La sociedad mira hacia adelante, y la presidenta Bachelet ha sabido interpretar con serenidad los anhelos de cambio en virtud de los cuales fue elegida para gobernar.

Bachelet ha partido de un diagnóstico que la lleva a considerar en serio en sus primeros tres meses de mandato, lo que debiera hacer todo el gobierno y toda la coalición Nueva Mayoría, la demanda por cambios en diversos componentes de una vida social marcada absolutamente por las desigualdades y discriminaciones de diversa índole, así como la mayor autonomía que ha adquirido la sociedad civil y también la desafección general de los ciudadanos con la esfera pública, expresada en la amplia abstención en la última elección presidencial y parlamentaria.

Según la encuesta Ipsos-Universidad de Santiago sobre valores sociales, una gran mayoría de chilenos (70%) opina que hay que “reformar de manera importante” la sociedad. Los que además quieren “cambiarla totalmente” son más (18%) que la suma de los que creen que hay que “hacerle cambios menores” o “dejarla como estᔠ(12%).

Se observa una opinión abrumadoramente mayoritaria en favor de la gestión pública de los servicios básicos y de la salud, las pensiones y la educación y en favor de que los recursos naturales (el cobre, el litio, el agua, la energía) sean exclusivamente de propiedad estatal.Sólo un 25% se opone al matrimonio igualitario y al Acuerdo de Vida en Pareja y sólo un 14% es contrario a cualquier forma de aborto.

Es de esperar que ese enfoque se extienda a dar curso en el segundo semestre a la fórmula de proponer al actual parlamento una reforma al actual sistema de plebiscitos para permitir un pronunciamiento de los ciudadanos sobre la opción de elegir en 2015 una Asamblea Constituyente.

Ésta debiera generarse sobre bases proporcionales para redactar durante un año una nueva constitución, que sea refrendada en un nuevo plebiscito a fines de 2016.

La idea de que el actual parlamento redacte y apruebe una nueva Constitución contaría con una gran desconfianza ciudadana, pues se vería en ese enfoque la voluntad de preservar los privilegios de representantes hoy muy influidos por el poder económico que financia sus campañas y por la voluntad de preservación de su sistema de alimentación de redes clientelísticas, que en algunas regiones constituyen hoy verdaderos feudos en base al copamiento del Estado.

Si la presidenta propusiese una Asamblea Constituyente con el mandato de dotarnos de un nuevo sistema moderno de reglas básicas lo más consensuado posible (sobre las reglas del juego en democracia siempre hay que buscar el más amplio acuerdo), realizada en un contexto legal y sereno, consagraría en cambio una histórica voluntad de refundar la democracia sobre bases sanas y constituiría un notable legado para las nuevas generaciones.