Hacia los derechos ciudadanos

Los derechos individuales son el fundamento de la democracia liberal. Éstos comprenden los llamados derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, conciencia, honor, igualdad jurídica, asociación, votar, ser elegido, información y opinión. Todos los atributos que hacen del individuo una parte soberana del pueblo y lo distingue de otros, en las mismas condiciones.

El problema es que esta democracia de igualdad formal, ignora la desigualdad real.El reclamo de los muchos sobre los pocos es griego antiguo, aunque las masas entraron sistemáticamente en escena solo en el siglo XIX. Movimientos, asociaciones y grupos reivindicativos de una igualdad social que muchos la imaginaban solo como una utopía.

Con la “cuestión social” reconocida por el Papa León XIII en “Rerum Novarum”, en 1891 se legitima en el “mundo cristiano”, la segunda oleada de derechos, los llamados derechos sociales: educación, sanidad, vivienda, trabajo, transporte, energía.

En estas circunstancias, solo en el siglo XX y en el período de la posguerra, el llamado “Estado de Bienestar europeo” otorgó la más sólida respuesta que haya conocido la historia a estas demandas.

Las luchas de las organizaciones sociales y sus vanguardias, y los partidos progresistas por la consecución de derechos universales es algo que se extendió por todo Occidente después de la Revolución Francesa. En muchos casos fueron derrotados, porque estuvo más de un siglo cautiva por los propietarios bajo la forma de democracias restringidas.

Solo avanzado el siglo XX -no sin sangre de por medio- comenzó una proceso que prometía una democracia inclusiva, lo que fue interrumpido por las dictaduras militares, aquí, en Latinoamérica.

Por esto el gobierno del Presidente Allende resulta clave en la historia nacional.Hace 40 años la democracia chilena se enfrentó al dilema de la democracia formal y la democracia real. Allende había dado un paso decisivo hacia la democracia real.

La experiencia de la UP duró casi tres años y marcó una profunda huella en los sentimientos populares hacia Salvador Allende, porque los altos mandos de las FFAA ejecutaron un golpe de Estado, cuyo objetivo fue la restauración de una sociedad oligárquica, bajo la forma política de una dictadura militar que se extendió por 17 años y cuyos efectos aún los sufren las nuevas generaciones.

La herencia de la dictadura que la derecha ha defendido hasta ahora, es una constitución de origen ilegitimo, reformada solo a conveniencia de los que la impusieron, aunque acatada legalmente por las mayoritarias fuerzas del cambio.Esto hace que el actual sistema político chileno tenga su explicación última en un golpe de Estado.

Por ello que los académicos llaman a esta situación una democracia consociativa.La forma en que avanza esta democracia es a través de los consensos.

Es decir, de mutuos consentimientos que se otorgan los grandes conglomerados políticos. Para el actual Presidente era todavía necesaria, porque este gobierno tuvo una frágil mayoría en la Cámara de Diputados y una clara minoría en el Senado.

En esta nueva etapa no se trata de una democracia consociativa donde la mayoría depende de una minoría para efectuar cambios.

Se trata de edificar una democracia de acuerdo a su fundamento, que significa que las mayorías puedan hacer los cambios que prometieron a su electorado y las minorías fiscalicen que estos se hagan mediante procedimientos adecuados.

La democracia también es una cuestión de principios y el primero es el principio de la mayoría.

Pero esto no es todo. A mediados de los 90, se presenta una tercera oleada de derechos, denominados los derechos colectivos.

Una demanda que proviene de las minorías identitarias, que emergen con fuerza después de la implosión de la Unión Soviética. Las etnias, las lenguas, las religiones, reclaman derechos anteriores a los individuos que han pactado una comunidad política.

En esta perspectiva, se ha presentado la emergencia de las demandas de los pueblos indígenas en nuestro país. Es verdad que estas situaciones han erosionado el Estado-nacional tradicional y ello requiere, al menos, la actualización de un Estado que debe ser apropiado a los cambios que se han producido en el país.

En consecuencia, el actual Congreso electo tiene una responsabilidad histórica: crear las condiciones institucionales para los cambios.

Sobre todo el de una nueva Constitución que incorpore las nuevas realidades demandadas por los movimientos sociales.

No se trata de concesiones de la autoridad, se trata de los derechos de los ciudadanos en una democracia digna de ser tenida por tal.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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