Se dice que la histeria colectiva es un fenómeno que puede afectar a una sociedad completa o a gran parte de ella. Situaciones de alto estrés, ansiedad o temor son tierra fértil para la germinación de conductas y creencias irracionales. De esta manera, a partir de situaciones de tensión, no es extraño que un amplio grupo de personas opte por el camino de la emocionalidad irreflexiva y pierda su capacidad de pensamiento crítico.
Chile tuvo una amarga experiencia en esta materia hace seis años atrás. Un viernes 18 de octubre del año 2019, luego de una semana de protestas y llamados a la desobediencia civil, por parte de aquellos partidos políticos que hoy nos gobiernan, el país sucumbió a una ola de violencia inédita en nuestra historia reciente.
Primero fueron las evasiones en el transporte público, luego los incendios de edificios y estaciones del Metro, luego los saqueos de locales comerciales y la destrucción de los espacios públicos, para finalizar con ataques a las fuerzas de orden y seguridad. Todo lo anterior, a la vista y paciencia de una oposición que escogía justificar la violencia o trivializarla por una mera conveniencia política.
En este contexto, en dónde la razón y la mesura escaseaban y donde el trabajo de Carabineros y la PDI era sometido a una recriminación constante, comenzaron a circular una serie de noticias falsas. Muchas de estas, que, vale la pena decir, fueron amparadas por los chilenos y difundidas por una prensa que no supo estar a la altura, cayeron rápido por su propio peso. En esta categoría recae la denuncia de un supuesto centro de torturas en la estación Baquedano (publicada en su minuto por la ahora senadora electa Beatriz Sánchez), la acusación de presencia de soda caustica en los carros lanzagua y la imputación que sugería que las fuerzas policiales eran realmente los autores de los incendios y desmanes.
Si bien en su momento este tipo de rumores contribuyeron a encender la hoguera de la inquisición pública, afortunadamente su combustible duró muy poco. No obstante, hubo otro tipo de noticias que, pese a su falsedad o parcialidad, tuvieron efectos más duraderos y sus consecuencias fueron muchísimo más graves.
Me refiero, por ejemplo, al escándalo que provocó la legitima defensa ejercida por un carabinero ante un ataque en Panguipulli. Un caso que fue cerrado por la Corte Suprema, con el sobreseimiento del funcionario policial, pero que en su momento provocó violentas manifestaciones que terminaron con la municipalidad de dicha comuna completamente incendiada. También recae en esta categoría el ensañamiento que existió contra el cabo Sebastián Zamora, hoy diputado electo, acusado injustamente de haber empujado a un manifestante por el puente Pio Nono, algo que fue desechado por la justicia chilena. Por último, está el caso de Gustavo Gatica, hoy también diputado electo, quién perdió su vista a causa de un disparo con escopeta antidisturbios efectuado por el ex teniente coronel Claudio Crespo. Un hecho que, pese a las acusaciones de intencionalidad por parte de la Fiscalía, se enmarcó en los principios de gradualidad y proporcionalidad y, por tanto, se ampara bajo la legítima defensa privilegiada.
A la luz del cambio de prioridades que ha experimentado Chile y quizás, por qué no decirlo, la templanza y reflexión que permite el paso de los años, las reacciones que existieron en su momento por parte de la sociedad ante estos y otros casos resultan atemporales e incomprensibles. La histeria colectiva que imperaba en aquella oscura etapa de nuestra historia, azuzada por quienes hoy habitan La Moneda, dio paso a un escenario en donde el estado de derecho y el debido proceso fue reemplazado por una sed de justicia que más bien parecía ser una sed de venganza. Afortunadamente esto forma parte del pasado y espero que, luego de todos los dolores que debimos sobrellevar, los chilenos hayamos aprendido a no dejarnos manipular tan fácilmente. Algo a tener presente, sobre todo considerando que la tentación de volver "a la calle" habitará en gran parte de la izquierda a partir del próximo 11 de marzo.
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