Ingreso familiar de emergencia, no es tiempo de mezquindades
Es incomprensible la actitud del gobierno del presidente Piñera. Queda la sensación que le tiene miedo a los beneficios sociales, aunque estos sean transitorios, parece ser que todo lo que se acerque a tener una sociedad solidaria les causa rechazo. El gobierno está atrapado en sus parámetros ideológicos neoliberales, por eso denigra todo lo que para ellos se acerque a ser un Derecho Social.
Contrario a todas las advertencias de economistas, de la oposición y de actores sociales, el gobierno impulsó el proyecto de ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia que es claramente insuficiente para hacer frente a las dificultades que tienen las familias chilenas afectadas por las consecuencias de la crisis.
Pretendían que el aporte condenara a la familia a un ingreso que las deja bajo la línea de la pobreza, esto no es aceptable.
Pese al escenario adverso, el gobierno no tuvo la más mínima actitud de diálogo frente a quienes discrepamos de su propuesta. “No vamos a modificar ese monto”, sentenció el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ante el curioso hecho de haber anunciado en abril un fondo de US$ 2.000 millones para proteger a trabajadores informales e independientes, siendo que en este proyecto sólo se utilizarían US$ 802 millones. La tozudez los llevó a perder tiempo valioso para quienes más lo necesitan.
Los índices económicos de Chile son inquietantes. La última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente al trimestre Enero-Marzo, registró un incremento del desempleo de un 8,2%, la cifra más alta en los últimos diez años, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción del crecimiento económico en un 4.5%; los expertos incluso han comparado esta coyuntura con la vivida en la crisis financiera de 1982 y de 1929.
Cifras y antecedentes que, en todo caso, tienen un correlato humano, miles de hogares que se enfrentan a la reducción de sus ingresos y a la cesantía. Es decir, mucha gente comenzará a pasar hambre, por lo que es imperativo hacer el mayor esfuerzo por garantizar seguridades en tiempos de incertidumbre.
Ante este dramático escenario, sorprende la insensibilidad del gobierno, la que se expresa en los montos que contenía el proyecto IFE.
Un subsidio que contempla al 40% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares y que comienza en $65.000 y que decrece hasta llegar a $45.000 el tercer mes.
Luego, estos montos se reducen en un tercio para las familias que están en el rango entre el 40% y el 60% de vulnerabilidad, esto es, para familias que tienen un ingreso per cápita de hasta $240.000; su aporte termina en $30.000.
Montos que, además de excluir a la clase media, no superan ninguno de los parámetros con que se mide la pobreza, la línea de la extrema pobreza está fijada en $109.736 por persona, según el umbral fijado por el ministerio de Desarrollo Social, ni menos el salario mínimo actualmente establecido en $319.000 brutos.
En este sentido, es incomprensible la lógica decreciente que propone el ejecutivo: la precariedad es una sola y es de consenso que, además, se acentuará en los meses venideros.
El gobierno extrema la lógica de focalización a un nivel que sustenta una lamentable constatación: los más humildes, los vulnerables y los trabajadores informales, un tercio de la masa laboral del país, no son prioridad. Así, basta recordar las primeras respuestas del Ejecutivo para enfrentar la recesión económica producto del Covid19: un dictamen de la Dirección del Trabajo que intentó facultar la suspensión del pago de salarios, iniciativas legislativas que intentan suspender las negociaciones colectivas, la ausencia de voluntad política para regular en serio el reparto de utilidades de empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, la instauración del Fogape para las empresas con un fondo de US2.000 millones, por lejos superior a los recursos destinados a las personas. En suma, partieron por medidas gerenciales ante una crisis social.
Es necesario que el gobierno comprenda la magnitud de la crisis que atraviesa el país: no es el momento de mezquindades.
Chile desarrolló una política de superávit fiscal que generan las condiciones para que el Estado pueda hoy asegurar el bienestar de las personas.
Esto pasa por incrementar el monto del subsidio a $80.000 per cápita, sin diferenciaciones artificiosas de quintiles, y que cubra hasta el 60% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares. La idea es que, por ejemplo, una familia integrada por cuatro personas reciba un aporte de $320.000 pesos durante los meses de mayo, junio y julio.
Esta es una propuesta que tiene un costo de US1.200 millones y que está dentro del marco presupuestario anunciado por el gobierno.
Algo razonable y responsable para lograr el objetivo sanitario que debe inspirar toda política pública en el contexto actual, que las familias vulnerables y la clase media puedan asegurar el sustento mientras guardan cuarentena en sus hogares en medio del peak del coronavirus.
O dicho en simple, evitar por todos los medios que la crisis sanitaria y económica la paguen la mayoría de la población chilena.
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