Interpelar no basta

Cayó el intendente Mayol. Finalmente, el gobierno ha tenido que asumir su responsabilidad política. Se entiende lo ocurrido, la ex autoridad fue quien cometió mayor cantidad de errores y fue, al mismo tiempo, la autoridad de gobierno más directamente involucrada. De allí su salida. 

Era absurdo reconocer que el gobierno actuó en un primer momento sobre la base de información falsa, que fue engañado y sostener que no se hizo ninguna declaración desatinada. El intendente Mayol fue incluso más allá, adelantando juicios y acusaciones de los que no pudo ni quiso desdecirse con posterioridad. 

De este episodio, que está lejos de haber terminado, hay que sacar lecciones. El gobierno tiene que actuar con mayor seriedad. Y hacerse cargo de sus acciones y declaraciones. Actuar como que “no dije lo que dije”, o como que importa poco lo declarado, es de una liviandad inaceptable. 

El problema de Mayol no fue el juicio que la oposición tiene de él, ni siquiera lo fue el anuncio de la acusación constitucional. Es que no podía seguir cumpliendo con su labor de integrador de la comunidad regional, después de sus declaraciones. Menos en un ambiente convulsionado, donde se necesita máxima credibilidad, juicio certero y capacidad de generar confianza. ¿Cómo podía hacerse cargo de los siguientes hechos de violencia cuando falló en el punto de partida? 

Como es obvio, Mayol no renunció, sino que le pidieron la renuncia. Sus declaraciones de despedida son las de quien quería seguir en su puesto y siente que no ha cometido ningún error (lo que verifica que estuvo bien que lo sacaran). 

La atribución de sacar y poner intendentes es presidencial. Nadie lo discute. Pero mantenerlo no le habría salido gratis al gobierno. Tenía que asumir lo que disponía de “medio intendente”. Esto habría entorpecido la labor gubernamental en terreno, justo cuando más se necesita mando unificado, agilidad en la acción y vocería creíble. La contumacia reducía el margen de maniobra del gobierno por voluntad propia. 

La pregunta responsable que hay que hacerse es si la derecha está instalándose como un agente protector de la comunidad ante el peligro de una creciente ramificación de la violencia. La respuesta, hasta ahora, es un rotundo no. 

Dudo que la salida de Chadwick sea de alguna utilidad en estos momentos. En último término, no se trata de sacar a alguien del gobierno, sino de hacer que el gobierno asuma la responsabilidad política que tiene en este caso. La interpelación es una oportunidad que tendrá que aprovechar para encontrar soluciones más que para dar explicaciones. 

En cambio, la salida de Mayol era necesaria para evitar la impunidad política. El anuncio de la acusación le dio la excusa para salir de una situación insostenible. Pero lo que tiene es solo un respiro. En lo básico, el gobierno sigue optando por la inercia, sin ninguna innovación en su actuar. Es como si no existiera una crisis sino un paréntesis. Esto es un error grave de apreciación, del que no tardará en despertar. 

El gobierno cosechó lo que sembró en La Araucanía. En el peor de los sentidos. Creó una fuerza militarizada que, si no la usaba no tenía justificación para existir, y si la usaba podía provocar más problemas que los que solucionaba. Además, se trata de una fuerza pequeña, que no podía alterar el conflicto, pero que - por presencia - causaría tanto ruido que su presencia en terreno. 

Su imagen fue tan destacada por el gobierno, que ahora da lo mismo si actuó o no directamente en la muerte de Catrillanca. Es un modo de enfrentar el conflicto lo que está siendo cuestionado. 

Quien comete el error de base es el que autoriza la creación de este cuerpo policial, con el apoyo nada despreciable de quienes implementaron la campaña comunicacional que dio una centralidad insólita a lo que se podía esperar de su actuación. Se dijo que se podía esperar grandes cosas del Comando Jungla y en eso no se equivocaron. 

Cuando se comprueba que se hizo un uso desmedido de la fuerza, con el costo de una vida, sin explicaciones plausibles, con mentiras flagrantes de por medio, importa mucho lo que cada actor decide hacer. Lo peor que puede ocurrir es que, una comunidad muy amplia se sienta agredida y que la autoridad parezca avalar la agresión.

Es como pedir que los cauces institucionales sean sobrepasados, puesto que la institucionalidad no parece proteger a las victimas sino respaldar a los victimarios. 

El gobierno no parece estar comprendiendo la gravedad de lo ocurrido. Piñera ha valorado la interpelación que se prepara al ministro Chadwick como “una oportunidad para que pueda explicar lo que el gobierno está haciendo en La Araucanía”. Esto es creer que la situación se mantendrá estática en las próximas semanas, lo que sería completamente extraño que ocurriera. 

Es bien posible que, para cuando el ministro del Interior responda ante el parlamento, lo que tenga que explicar, sea lo que esté ocurriendo en la zona de conflicto, más que dictar cátedra sobre los planes de desarrollo que estén en curso.

En su momento, podrá parecer muy extraño que Piñera haya llegado a dar la bienvenida a la interpelación para explicar “lo que estamos haciendo para mejorar la seguridad, la tranquilidad y la paz” en la región. Se cosecha paz cuando se siempre paz. Pero eso es todo lo contrario de lo que se acaba de hacer. 

Pero acusar constitucionalmente a una autoridad o interpelar a otra no basta. Y ya que el oficialismo no toma la iniciativa, ha de hacerlo la centroizquierda.

Ha llegado el momento en que la oposición asuma la iniciativa y no se contente con enderezar proyectos que el gobierno entrega torcidos. Esto es imprescindible producto de una tragedia como el asesinato de Camilo Catrillanca. 

Nuestra democracia no puede tolerar mandos civiles a merced de lo que les diga policía, ni mandos policiales que únicamente tienen la obligación de informar a la autoridad democrática. La ley orgánica de Carabineros proviene de una decisión de la dictadura, dejada como herencia ocho días antes que asumiera Patricio Aylwin en 1990. De allí los resultados que sabemos y otros no probados que nos podemos imaginar. 

Es ahora cuando se tiene que corroborar, sin la menor duda y sin poder evadir la dirección civil de la policía. Hay que contar con control civil externo.

Las labores de inteligencia deben ser autónomas y bajo mando especializado y designación por la autoridad civil. Esto requiere de un acuerdo nacional. Requiere que la oposición asuma la iniciativa, porque el gobierno no ha estado a la altura, porque se necesita afianzar la autoridad perdida en las consideraciones de corto plazo, desde donde debemos rescatarla.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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