Juicio político

Muchas veces no resulta fácil determinar si acaso los medios de comunicación y los dirigentes políticos hacen afirmaciones porque están en campañas con intenciones específicas o solamente hablan desde la ignorancia.

Porque "denunciar" que la acusación en contra del ministro de educación es "política", demuestra que no entienden que justamente la acusación constitucional es un "juicio político".

Es decir, no se trata de juzgar al Ministro por delitos cometidos en el desempeño de su cargo, pues para eso las instancias son otras. Lo que se persigue es que el ministro asuma sus responsabilidades políticas y deje el cargo, en virtud de haber tenido comportamientos (acciones u omisiones) que denotan un ejercicio inadecuado del cargo desde el punto de vista natural de su función: la política.

El juicio pretende que el ministro sea removido y sancionado por sus conductas. No que vaya a la cárcel ni que sea condenado a pagar nada.

Cuando se acusó a Yasna Provoste se trataba de un juicio político en el cual se le imputó no haber evitado que un secretario regional realizara determinadas actuaciones. Ella demostró que le era imposible actuar antes de los hechos - entre otras cosas porque no era ministro en ese entonces - y que luego, no sólo hizo un sumario para sancionar al funcionario, sino reparó el error. A pesar de ello, se aprobó la acusación y se la destituyó.

Siempre la acusación constitucional será un juicio político, ni más ni menos que eso. No se trata de si el ministro sabe o no sabe de su materia o si acaso es una buena o una mala persona. Beyer es quizás el primer ministro de educación en muchos años que tiene reales conocimientos del tema, más allá de las estadísticas o de las cuestiones financieras y económicas. Ha estudiado, comprende, sabe. Y además es un hombre comprometido con causas muy diversas que lo han llevado a participar en eventos tales como la marcha por la igualdad.

Nada de eso es lo que se debate, sino simplemente si acaso en su trabajo ministerial se ha comportado según debía hacerlo o no.

¿Hizo lo posible el ministro para terminar con las violaciones reiteradas de la ley por parte de muchas universidades? La respuesta es simple: no.

El dice que no tiene facultades: eso no es correcto, pues su obligación es cuidar que las universidades se ajusten en su estructura y en su comportamiento a lo que la ley dispone y, tenga o no tenga facultades expresas, tiene ámbitos de acción para conseguir resultados o, a menos, para poner el tema en el debate púbico y ejercer las presiones necesarias.

Tal vez no pueda cerrar directamente una universidad, pero puede intervenir para que sus autoridades den cuentas financieras, administrativas y académicas, lo que, en caso de acreditarse infracciones o delitos, acarrearía sanciones e incluso hasta la solicitud de término de la personalidad jurídica. No se trata de que se le pidiera cometer “ilegalidades”, sino de extremar el cuidado en el área que le ha sido confiada, ejerciendo todo el poder del cargo que debió ejercer en plenitud y a lo cual rehusó desde el primer momento.

Excusarse de esta acusación constitucional alegando que los ministros de la concertación tampoco actuaron es una nimiedad y una torpeza, pues el error o la falla de otros no autoriza para que una nueva autoridad tenga la misma conducta, pues eso significaría una especie de derogación tácita de la ley, una excusa inaceptable, sobre todo para un hombre que luce sus distingos frente a la mediocridad de algunos de sus antecesores.

El ministro pudo hacer y no hizo. Por eso es acusado, por eso debe ser sancionado. Y más grave es su situación justamente porque es el ministro que más sabe de cuantos hemos tenido desde 1981, fecha en que se resolvió autorizar la creación de nuevas universidades. Al ignorante no se le puede pedir lo mismo. Por lo tanto muchos ministros quedan excusados. Él sabía de la gravedad de sus acciones y omisiones. Por eso se justifica la acusación.

Mala cosa que la aprobación lleve aparejadas las sanciones que afectaron a Provoste, pero tampoco ello debe ser impedimento para que políticamente se juzgue a quien pudiendo actuar no lo hizo.

Lo siento por Beyer, pero espero que sea destituido como una lección para los que ejercen cargos y renuncian al poder que se le ha delegado.