Nuevas alternativas para la inclusión laboral
Por estos días mucho se ha escrito respecto de la inclusión laboral, a propósito de que ya estamos a 8 años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015 que, entre otros asuntos, obliga la contratación de a lo menos el 1% de personas en situación de discapacidad en empresas e instituciones públicas con 100 trabajadores o más. Y para la mayoría, el diagnóstico es claro, el número de contrataciones vigentes es muy bajo y las expectativas de las personas en situación de discapacidad desempleadas, y de la sociedad civil, no han sido satisfechas.
Durante todo este tiempo, se han promulgado otras dos iniciativas legales, además de reglamentos y dictámenes que han orientado la implementación en esta materia, sin embargo, pareciera ser que poco o nada se avanza.
Por una parte, es evidente que el foco legislativo se ha puesto en establecer una serie de obligaciones a las instituciones empleadoras, particularmente, a las empresas, las que aun cumpliendo no logran encontrar candidatos en situación de discapacidad que reúnan los requisitos de las ofertas laborales disponibles. Por otra parte, es posible evidenciar que en los últimos 10 años la política pública y la oferta programática para propiciar la inclusión laboral, ha sido prácticamente la misma salvo algunos matices, lo que nos debe llevar a cuestionar el quehacer del Estado en esta materia, pues es imposible obtener resultados distintos haciendo lo mismo.
Así entonces, hoy la legislación ha establecido una serie de obligaciones para las empresas, sin que éstas hayan aumentado significativamente el número de personas en situación de discapacidad contratadas; y, a su vez, existe una extensa lista de personas en situación de discapacidad que, aun cuando han participado en distintos programas estatales, esperando incorporarse al mundo laboral, no lo han logrado y acumulan una serie de certificados de participación y aprobación.
Con esta realidad, se hace imprescindible trabajar para buscar nuevas soluciones, que complementen las medidas actuales, a fin de que realmente aumente el número de personas en situación de discapacidad en empleos formales. Si observamos los resultados de los Centros Especiales de Empleo y de la implementación completa de los servicios asociados al Empleo con Apoyo en países de Europa, contaremos con un marco de referencia para adoptar decisiones legislativas y programáticas en nuestro país, que podrían erigirse como soluciones viables y sostenibles a la problemática, que la actual legislación no ha logrado resolver.
Es hora de que exploremos nuevos caminos para que las personas en situación de discapacidad tengan una oportunidad real de incorporarse al mercado laboral, en igualdad de condiciones. Lo anterior implica que el foco se ponga en las personas en situación de discapacidad, sin dejar de resguardar el cumplimiento de las normativas vigentes.