Coescrita con Hernán García Moresco, licenciado en Educación en Matemática y Computación, magíster (c) Ingeniería Informática
En el contexto de los cambios que atraviesa la política chilena, se observa a algunos actores aprendiendo a desempeñarse como oficialismo de derechas en el gobierno, muchas veces con acciones erráticas o desconectadas de las grandes mayorías sociales y trabajadoras. Al mismo tiempo, otros sectores intentan articular una línea común sin lograr convergencias efectivas (la oposición). En este escenario, el Partido Socialista de Chile, hoy en la oposición, enfrenta un desafío ineludible: replantear su estrategia, su proyecto político y su posicionamiento, no solo en función de la coyuntura del actual gobierno, sino también frente a un proceso sociopolítico-territorial atravesado por un malestar acumulado desde 2019 que los procesos constitucionales no lograron resolver (fundamentalmente el año 2022). Existe, por tanto, un núcleo irresuelto que sigue tensionando, cual tectónica de placas, la vida política nacional.
En consecuencia, quienes aspiren a conducir un nuevo ciclo político en Chile deberán tensionarse en la construcción de una oferta política clara, renovada y atractiva, capaz de convocar tanto a su militancia como a una ciudadanía diversa en sus expresiones territoriales, físicas y digitales, en un país crecientemente individualista y materializado en sus expectativas.
Los partidos políticos, por su naturaleza, albergan múltiples corrientes de opinión. Son espacios donde conviven visiones diversas, insertas en territorios dinámicos, heterogéneos y atravesados por relaciones de poder, valores e intereses que nunca son neutros. Comprender esta complejidad es condición básica para aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas a las que se busca representar, considerando sus realidades geográficas, ideológicas y culturales. No es casual que distintos liderazgos tengan mayor arraigo en determinados territorios o segmentos sociales: norte, centro, juventudes, mujeres, otros.
En este marco, la próxima Conferencia Nacional de Programa del Partido Socialista de Chile abre un espacio de reflexión imprescindible: ¿Qué proponer desde la novedad? ¿Cómo superar los lugares comunes del debate político? Para avanzar, resulta pertinente estructurar la discusión en torno a algunos ejes prioritarios.
Un primer eje refiere a cómo enfrentar la incertidumbre social, la vulnerabilidad creciente y las tensiones propias de la economía chilena, especialmente por sus efectos en el trabajo, la vida cotidiana y, en consecuencia, en la valoración de la democracia. Este desafío se complejiza en un escenario internacional inestable, cuyas dinámicas impactan la economía local y profundizan la percepción de desprotección estatal.
Es en este punto donde la política (con mayúscula) debe reaparecer, no solo como crítica contingente, sino como propuesta estructural frente a los cambios que impulsa el gobierno en materia de protección social. Esto incluye también los compromisos adquiridos en campaña en áreas sensibles como seguridad, migración y salud, respecto de los cuales la ciudadanía percibe incumplimientos o falta de conducción. De ahí, en parte, la creciente desafección hacia el sistema político.
La política exige responsabilidad frente a la ciudadanía. Se requiere rearticular propuestas colectivas, serias y anticipatorias frente a problemáticas concretas: el aumento del costo de la vida, la seguridad en los hogares, la incertidumbre económica estacional y la persistencia del malestar social desde 2019. La oposición, además, no parte desde cero: cuenta con experiencias de gobierno que deben ser reconocidas y proyectadas (desde la recuperación de la democracia, hasta el último). Frente a las debilidades del oficialismo, debe emerger con propuestas creíbles y coherentes.
Un segundo eje central es la relación entre capital y trabajo. La dignidad de quienes sostienen el desarrollo del país debe traducirse en certezas concretas. Sin embargo, el actual enfoque gubernamental de derechas tiende a reducir a los trabajadores a meros "colaboradores", mientras el aumento del costo de la vida no encuentra respuestas suficientes. En contraste, incluso en contextos críticos como la pandemia, se lograron mayores niveles de empatía y protección hacia el mundo del trabajo.
A esto se suman transformaciones estructurales como la automatización y la incorporación de inteligencia artificial, cuyos efectos serán cada vez más visibles. En este escenario, fortalecer el sindicalismo resulta clave para representar de manera efectiva los intereses colectivos, generando confianza, estabilidad y proyección.
Este ámbito constituye un eje estructural para el socialismo chileno. La relación capital-trabajo debe ser comprendida también en su dimensión territorial, evidenciando cómo las desigualdades se expresan espacialmente. La política debe transmitir con claridad que nadie está solo en su espacio laboral.
Un tercer eje estratégico implica redimensionar el rol de los espacios geográficos en la construcción política. Los territorios no son meros soportes administrativos, sino configuraciones sociales activas que pueden fragmentar o articular sentidos colectivos. En un contexto de creciente polarización, adquieren un valor estratégico para la reconstrucción de mayorías, al constituir espacios donde se producen culturas sociales dinámicas.
El riesgo es que, ante la ausencia de conducción política, emerjan expresiones sociales espontáneas, desarticuladas (una suerte de "geografía de la multitud") que pueden ser funcionales a discursos autoritarios o populistas. De ahí la necesidad de una política organizada, con capacidad de anticipación y conducción. De lo contrario, el camino hacia futuros ciclos políticos será pavimentado por la propia incapacidad propositiva.
Estos ejes se ven hoy tensionados por un entorno digital que no es neutro. La "infocracia", entendida como la sobreabundancia de información sin criterios claros de validación, no fortalece la democracia: la fragmenta, erosionando la confianza y distorsionando el debate público, generando circuitos cerrados de validación donde las opiniones circulan sin contraste ni deliberación.
En este contexto, las redes sociales incentivan una participación basada en la inmediatez y la exposición individual, debilitando los espacios de deliberación colectiva. Se amplifica la emisión de opiniones, pero se reduce su discusión crítica.
Como advierte Pierre Rosanvallon, la desconfianza es inherente a la democracia; sin embargo, cuando se intensifica, bloquea la construcción de lo común, favoreciendo la impolítica y la emergencia de populismos e iliberalismos. Frente a ello, propone una "democracia exigente", capaz de transformar el desencanto en una oportunidad de profundización democrática. En esta línea, se podrían explorar mecanismos que refuercen la rendición de cuentas, como instancias de evaluación ciudadana intermedia de autoridades electas.
Finalmente, el modelo de Estado Democrático Social y de Derechos aparece como un horizonte capaz de otorgar certidumbre a la población. No obstante, requiere de un sustento político e ideológico permanente, amplio y transversal. El socialismo chileno tiene un rol clave en su defensa y fortalecimiento, tanto en lo avanzado como en las brechas aún existentes.
Este modelo enfrenta hoy presiones relevantes, especialmente desde sectores que promueven la reducción del rol estatal y la desarticulación de políticas públicas en áreas esenciales como salud, educación y pensiones (con anuncios más o menos). Más allá del debate teórico, lo central es cómo estas transformaciones impactan la vida cotidiana de las personas y sus territorios.
El desafío es claro: o el socialismo logra constituirse como una alternativa creíble, arraigada en la vida real de las mayorías, o quedará relegado a observar un nuevo ciclo político construido sin su protagonismo La historia reciente en Chile demuestra que los vacíos no existen: cuando la política no conduce, otros lo hacen. Por ello, más que administrar la oposición, se trata de disputar el sentido del futuro, con propuestas concretas, convicción democrática y presencia efectiva en cada territorio del país.