Cuando no sabemos cuánto cuesta nuestra salud
Cada vez que el gobierno decide comprar una prestación a una clínica privada, hay una pregunta clave que debería estar sobre la mesa: ¿Ese precio se ajusta al costo? La respuesta técnica es incómoda, porque no lo sabemos con certeza. Y no lo sabemos no por la falta de datos, sino porque el sistema público aún no cuenta con información suficientemente precisa sobre cuánto cuesta producir esas prestaciones en sus propios hospitales.
Esto ocurre, además, en un sistema donde los precios muchas veces ya están definidos. Los aranceles de Fonasa, así como los valores asociados a convenios y compras institucionales, cumplen un rol central en la relación entre el sector público y privado. Sin embargo, esos precios no necesariamente han sido establecidos en base a costos reales. En muchos casos, responden a ajustes históricos, restricciones presupuestarias o negociaciones, más que a una medición precisa del uso efectivo de recursos.
Es cierto que periódicamente se licitan estudios de costos que buscan actualizar referencias y mejorar la información disponible. Pero esos esfuerzos, siendo valiosos, no logran resolver el problema de fondo: contar con información sistemática, comparable y suficientemente desagregada que permita gestionar los recursos en tiempo real.
El problema, entonces, no es solo qué información existe, sino cómo se construye, con qué nivel de detalle y, sobre todo, cómo se utiliza.
Durante años, los hospitales públicos han operado con sistemas de información de costos que cumplen una función básica, pero que trabajan sobre promedios y datos agregados. Esto permite tener una visión general, pero oculta lo esencial: qué ocurre dentro de los pabellones, en las atenciones médicas y en cada interacción con el paciente. En la práctica, distintos tratamientos, con consumos muy distintos de tiempo, personal e insumos, terminan viéndose como equivalentes desde el punto de vista financiero.
Cuando no existe claridad sobre cuánto cuesta realmente una prestación, se pierde la capacidad de identificar dónde están los cuellos de botella, qué procesos son ineficientes o qué recursos están siendo mal utilizados. En otras palabras, se limita la posibilidad de gestionar.
Esta debilidad se vuelve especialmente crítica en el contexto actual donde se busca reducir las listas de espera a través de la compra de prestaciones al sector privado. Sin embargo, esta acción instala una tensión evidente sobre la capacidad del Estado, para negociar precios de manera eficiente.
Los datos recientes refuerzan esta preocupación. En los últimos años, el gasto público en salud ha crecido de manera significativa, pero una parte importante de ese aumento se ha destinado a la compra de servicios privados. Entre 2019 y 2025, el presupuesto de Fonasa creció cerca de 49% en términos reales, mientras que el gasto hacia prestadores privados lo hizo en torno a 72%. En algunos años, más de la mitad del incremento del presupuesto se canalizó hacia este tipo de compras.
El punto no es cuestionar la necesidad de recurrir al sector privado, especialmente en un contexto de alta presión asistencial. El problema es que este aumento del gasto no ha ido acompañado de un fortalecimiento proporcional de la capacidad de provisión pública. Y, sobre todo, porque este gasto se está ejecutando sin contar con información robusta que permita comparar costos, evaluar eficiencia o tomar decisiones estratégicas de largo plazo.
La asimetría de información es clara. El sector privado, con distintos niveles de sofisticación, ha avanzado hacia modelos que permiten conocer con mayor detalle cuánto cuesta cada proceso, mientras que el sector público sigue operando, en muchos casos, con una lógica agregada. El resultado es un terreno desigual en la toma de decisiones y plantea una clara desventaja para el Estado en procesos de negociación.
Aquí es donde el debate sobre financiamiento se conecta directamente con la gestión. La discusión pública ha tendido a centrarse en aumentar recursos o en acelerar derivaciones al sector privado. Ambas cosas pueden ser necesarias. Pero dejan fuera una dimensión clave: la capacidad del propio sistema público para entender y gestionar sus costos.
En este contexto, Chile ha comenzado a implementar mecanismos como los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), que buscan pagar en función de la complejidad de los pacientes, lo que exige un sistema de costos más preciso para su adecuada implementación. Si bien es un avance relevante, este exige una base de información mucho más precisa de la que hoy existe en varios establecimientos. De lo contrario, existe un riesgo evidente, al querer sofisticar el financiamiento sin haber resuelto antes la calidad de los datos que lo sustentan.
Instrumentos como los GRD requieren información fina, trazable y confiable. No se trata solo de conocer cuánto se gasta, sino de entender cómo, dónde y por qué se gasta.
Por eso, mejorar los sistemas de costeo no es un tema administrativo. Es una condición para gestionar mejor. No se trata de agregar burocracia, sino de entender mejor lo que ocurre dentro de los hospitales y cómo se utilizan los recursos disponibles. Es, en definitiva, comprender la cadena de valor completa de la atención: desde el tiempo de los equipos médicos hasta el uso de pabellones, camas e insumos. Y aquí hay un punto que no debiera perderse: incluso en un sistema donde existen aranceles y estudios de costos de referencia, no contar con información propia, continua y de calidad sigue siendo una desventaja. Porque sin esa base, el Estado no solo paga con incertidumbre, sino que también pierde capacidad de gestión sobre su propia red.
La discusión sobre el sistema de salud no puede limitarse a cuánto gastar o a quién comprarle servicios. También debe incorporar la calidad de la información con la que se toman esas decisiones. Cuando no sabemos cuánto cuesta nuestra salud, no solo gastamos con mayor incertidumbre. También debilitamos nuestra capacidad de decidir qué sistema de salud queremos construir.