La desigualdad es el combustible del sistema
La microscópica tecno oligarquía con que asumió Donald Trump comprueba que la concentración de la riqueza y el poder es tan abrumadora que resulta incalculable el volumen de fortunas y control político para que, finalmente, la desigualdad imperante alcance una magnitud nunca conocida ni siquiera imaginada como el estado al que llegó en el presente. En realidad, la desigualdad es el combustible del sistema social que implementan.
La inmensidad de ese poder económico y político crea adeptos que esperan el "chorreo", que algo les toque y les beneficie, aumentando el volumen de inescrupulosos -como los que han defendido el negocio de las AFP-, que actúan en la esfera pública y en el ámbito político. Son minorías cuyo proyecto social no es explícito. La tragedia humanitaria que se vive en Argentina lo demuestra, lo que motiva sus acciones son no sus insaciables apetitos.
Se vive una etapa de debilitamiento profundo del sentido humanista, civilizador, de la acción política, una realidad que genera un desafío inédito para el desarrollo de una alternativa de construcción democrática, de ampliación de las libertades y avances en la justicia social. La ineficacia burocrática y la corrupción fueron agentes que han estimulado el surgimiento de alternativas populistas de ultraderecha que hoy amenazan la estabilidad democrática. Entonces, hay que dignificar la acción política.
En el caso de seguir imponiéndose ese ideologizado, pero sesgado, ultra mercantilismo de la tecno oligarquía global y acentuarse el individualismo que brota del sistema, el sentido de vivir en comunidad se verá diluido en forma definitiva y el ser humano quedará librado a su suerte. La disolución de la comunidad democrática llevará al imperio de la ley de la selva en las relaciones humanas.
Esa es la razón por que la dominación global manipula medios y redes sociales trasmitiendo su intensa voluntad de ser el núcleo preponderante en el mundo y confunden, deliberadamente, el ejercicio de las libertades individuales con la ley de la selva en las relaciones humanas, promueven los titulares sensacionalistas con la imagen de las víctimas de una balacera, pero la violencia en las calles no entra en el ámbito de las preocupaciones de los que controlan esas corporaciones financieras de alcance mundial.
Los detentores de ese poder desmesurado, financiero, industrial, tecnológico y mediático, de alcances inimaginables para las personas que resuelven esforzadamente su vida cotidianamente, esa micro elite está copando los cargos estratégicos del gobierno de Trump y no se alteran siquiera mínimamente con el imperio del uso de la fuerza, las brutalidades policiacas, la destrucción de pueblos y comunidades mediante el empleo de devastadores medios bélicos -como en Gaza- que destruyen en segundos el esfuerzo humano de décadas.
Por el contrario, a la dominación tecno oligárquica lo que le importa es el control de las fuerzas productivas, de las materias primas y el mercado laboral, el aumento de activos, el crecimiento de las ganancias, la extensión de su poder empresarial inconmensurable. La decisión de implantar unilateralmente aranceles que desequilibran el escenario económico con efectos incalculables, así lo confirma. Esa es la crisis civilizacional que enfrenta la humanidad.
En el caso que sus propósitos no calcen con las realidades institucionales se activan para doblegarlas, en concreto, si la democracia es un factor de contención al inmenso poder que poseen, entonces conspiran en su contra y entran al ámbito golpista. La desigualdad es un instrumento esencial de la dominación, en el presente, parece incontrarrestable. Así, el poder empresarial se constituye en factor fundamental del agudizamiento de la desigualdad.
En las últimas semanas, el fenómeno global de un empresariado incapaz de frenar sus apetitos, que considera inevitable sociedades profundamente desiguales no importándole la tensión social que se provoque, esa orientación tan ciega frente al futuro, se vio confirmada en Chile con los obstáculos que se opusieron a la reforma de pensiones impulsada por el gobierno del Presidente Boric.
En efecto, el arduo trabajo del Gobierno y el sistema político que abarcó al conjunto de los partidos de larga tradición, desde la izquierda chilena a la derecha tradicional, con la perseverante iniciativa del ministro Marcel y la ministra Jara, para destrabar el inmovilismo en uno de los factores de mayor tensión social como es el deplorable monto de las pensiones recibidas una vez concluida la vida laboral, ese esfuerzo de entendimiento tendiente a mejorar las jubilaciones, debió soportar el impacto de misiles lanzados desde las organizaciones corporativas del empresariado porque repone la contribución del empleador a los fondos previsionales y no aumenta -como pidieron- la edad para jubilar. Así quisieron mantener congelado un sistema de pensiones que la dictadura les hizo a la medida, contrariando la paz social en el país.
También hubo fanáticos de ultraderecha con doble nacionalidad, voceros del mercantilismo extremo, hoy funcionarios de países vecinos, que recurrieron a mensajes amenazantes y debieron desdecirse. No estamos en 1973 y los planes desestabilizadores que se implementaron en contra de la democracia chilena no cuentan con el apoyo que entonces tuvieron. Pero, hay que estar alerta.
Por eso, el gran objetivo es el fortalecimiento del régimen democrático y la preservación del Estado de Chile, como una institucionalidad regida por la voluntad ciudadana, que promueve la paz entre las naciones, pero autónoma para deliberar y definir el interés nacional. La irrupción de una pretensión imperial hace fundamental preservar estos derechos fundamentales como nación.
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