La falta de agua es un problema político
En un reciente estudio llevado a cabo por el Centro Pew, hecho en 26 países, el cambio climático encabeza por primera vez la lista de amenazas para la seguridad global, superando el terrorismo.
La ciencia además nos indica que la Tierra está experimentando un cambio abrupto e irreversible, en que los ecosistemas han superado diferentes umbrales críticos y que los humanos estamos detrás de esa presión sobre el planeta. Este cambio afectará especialmente a Chile, por sus altos niveles de desigualdad, por su geografía y una economía basada en la extracción de recursos naturales.
Sin embargo, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, en una entrevista afirmaba que la visión del gobierno sobre el Código de Aguas se estaba entrampando en “pequeñeces políticas” y que los problemas no se deben para nada al modelo mercantilista chileno de las aguas, sino que a la falta de inversión y al cambio climático.
Sus dichos parecen estar en regla con la fantasía de la derecha chilena que los problemas de la Tierra y de la gente son solamente problemas “técnicos” y que por lo tanto se requieren soluciones de esa índole. Por lo mismo, la solución a la escasez pasa por invertir más y “perfeccionar” el mercado de las aguas y no por criticar el modelo político.
Lo mismo ocurre con el debate sobre la ley de cambio climático, en que nadie está discutiendo el impacto que nuestro modelo de desarrollo tiene sobre los efectos de este fenómeno en el país, tal como la insuficiente protección a los glaciares, humedales, ríos, bosques y a nuestro mar en nuestra legislación.
Pero el mito de las supuestas soluciones “técnicas” ya lo conocemos. Es un relato político que busca mantener el status quo del modelo, sus injusticias y que tiene al planeta en estado de crisis ambiental. El problema no es solo técnico, sin desmerecer la importancia de ello.
El problema del agua es también profundamente político. El combate contra la sequía y el cambio climático es, en su esencia, un combate contra la desigualdad social y contra las injusticias que aquejan a los más vulnerables, que no sólo incluye a la gente pobre, sino que también a los valiosos ecosistemas de Chile, que sustentan nuestra economía y el bienestar de la población.
El problema de la escasez hídrica tiene que ver con el acceso a un recurso vital y escaso por parte de diferentes actores. La derecha chilena logró instalar políticamente en nuestra legislación la idea de un mercado de las aguas y validar la idea de entregar la propiedad del agua de forma gratuita y a perpetuidad.
El mercado no ha demostrado ser un mecanismo justo para repartir el agua en sus diferentes usos. A mayor abundamiento, cuando el mercado no funciona y se demuestra técnicamente que es así, algunos personeros de derecha llaman a no escuchar a los técnicos, lo que evidencia las contradicciones de ese sector.
El subsecretario del MOP indica que a la Dirección General de Aguas (DGA) le faltan más “dientes” para hacer su labor. Sin embargo, en la versión de la Reforma al Código de Aguas de la ex Presidenta Bachelet, se permite a la DGA limitar el ejercicio de los derechos de agua en función del interés público o en casos de necesidad pública (p. ej. sequía severa), a través de las facultades de reducirlos temporalmente o redistribuyendo las aguas.
La versión del gobierno de Piñera impide esta posibilidad. ¿De qué estamos hablando entonces? En el gobierno pasado aprobamos una reforma que dotaba de mayores capacidades de fiscalización y sanciones a la DGA.
Por lo demás, si el Subsecretario Palacios reclama que no hay suficientes fiscalizadores, entonces debe quejarse a su ministro de Hacienda, quien no le dio suficiente presupuesto para cumplir su labor, cuando desde el Senado luchamos en noviembre de 2018 para aumentarle el presupuesto a la DGA de este año 2019.
En la propuesta de este gobierno se intenta instalar un panel de supuestos “expertos técnicos”, que en realidad serán burócratas cuoteados políticamente con abultados sueldos, y cuya labor será restringir y supervisar innecesariamente las ya lentas decisiones de la DGA, porque se considera que sus decisiones son muy “politizadas”. Esto en la práctica implica colocarle una “mordaza” a la DGA, en vez de darle más dientes y poder.
Por eso, debemos rechazar la propuesta del gobierno que borra más de ocho años de trabajo legislativo en que se avanzó hacia una propuesta de sociedad más justa en materia de aguas.
Como se aprecia, no se trata de entrampar el debate con “pequeñeces políticas” o de desconocer el necesario aspecto técnico del debate sobre las aguas.
Se trata de tener un debate serio y con altura de miras, que incluya lo técnico y lo político, en una mirada global y siempre sustentada en datos de investigaciones científicas. Chile y el planeta lo requieren.
Lo que buscamos, en definitiva, es un desarrollo socialmente justo, integral y perdurable. Es decir, sustentable.
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